Magyar Vagon recurrirá al Supremo el veto del Gobierno a su OPA sobre Talgo
El grupo húngaro no descarta presentar otra oferta para adquirir el 100% de la empresa española
El consorcio húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el desistimiento de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el 100% de Talgo, tras el veto del Gobierno. Los húngaros consideran que esta decisión del Ejecutivo «carece de la más mínima motivación y le produce la más absoluta indefensión», por lo que presentará ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros.
El recurso ante el Supremo del consorcio húngaro podría hacer que el caso llegara a Europa si el tribunal español plantease una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, Magyar Vagon no descarta presentar otra oferta para adquirir el 100% de la empresa española, en función de la evolución de las circunstancias.
La operación presentada en marzo por el 100% de Talgo ofrecía cinco euros por acción, valoraba la compañía en 619,3 millones y contaba con el plácet de los accionistas mayoritarios del fabricante de trenes como el fondo de inversión Trilantic, Torreal (brazo inversor de la familia Abelló) y los Oriol (los fundadores).
El Gobierno asegura que vetó la operación por razones de «seguridad nacional», sin embargo, no ha detallado en base a qué argumentos ha tomado esta decisión. De hecho, ha clasificado esta información, lo que significa que nadie podrá acceder a ella en el futuro.
Este jueves, Bruselas ha evitado pronunciarse sobre la operación y sobre los motivos que llevan a un país europeo a rechazar una operación de una empresa que pertenece al mercado común. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura sentirse respaldado por Bruselas en su veto a la opa del consorcio público privado húngaro, al haber manifestado este jueves la Comisión Europea (CE) que es una decisión que corresponde a España y no es necesario que se la comunique al Ejecutivo comunitario.