El Gobierno discrimina a los técnicos sanitarios del Estado en su nueva ley de función pública
La norma, en tramitación parlamentaria, reclasifica el nuevo grupo B excluyendo a estos profesionales
Varios manifestantes, con batas blancas y pancartas, en la marcha de Técnicos Superiores Sanitarios. | EP
El Gobierno aprobó en julio el anteproyecto de ley de Función Pública. Una norma ahora en tramitación parlamentaria del proyecto de ley que pretende, entre otras medidas, reclasificar el nuevo grupo B incluyendo a los funcionarios del Estado en posesión del título de Técnico Superior. De esta forma, estos profesionales que hasta ahora se encontraban en el grupo C1 pasarán al grupo B. Pero no todos los técnicos superiores correrán la misma suerte.
Según el borrador del anteproyecto de ley, consultado por THE OBJECTIVE, solo pasarán al grupo B los técnicos superiores informáticos; los técnicos medioambientales con el título de Técnico Superior en Educación y Control Ambiental, en Química y Salud Ambiental, en Gestión Forestal y del Medio Natural o en Paisajismo y Medio Rural; y el cuerpo de delineantes con el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y Proyectos de Obra Civil, Diseño y Fabricación Mecánica, o equivalentes.
«Discriminados» y «degradados de formación»
Según se desprende del borrador, quedan fuera de este ascenso los técnicos superiores sanitarios, como los especialistas de Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico, Laboratorio, Dosimetrista y Ortopedia, y los higienistas dentales, entre otros. Según Joaquín Cano, secretario general del Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (Tecnos), los técnicos superiores sanitarios del Estado son «discriminados» y «degradados de formación» a pesar de lo recogido en el artículo 10 de la propia ley, que dice que «para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del título de técnico de grado superior de formación profesional» y «para el acceso a los cuerpos o escalas del subgrupo C1 se exigirá estar en posesión del título de bachiller o técnico de grado medio de formación profesional».
Además, esta nueva norma también entra en conflicto directo con la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que en su artículo 76 señala que los técnicos superiores sanitarios en posesión del título de Técnico Superior deberían estar incluidos en la clasificación profesional B.
17 años cotizando en una categoría inferior
Para entender la situación hay que remontarse a 2007, cuando se creó el grupo B por el EBEP incluyendo en él a todos los técnicos en posesión de un título superior. No obstante, con el objetivo de facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación, se creó una disposición transitoria «limitada, de duración finita y temporal» que impedía a los técnicos superiores acceder al grupo B hasta que no se regulase la situación a nivel europeo. Esta disposición concluyó en 2018, recuerda a THE OBJECTIVE Joaquín Cano.
En 2020, dos años después de concluir esta norma transitoria sin haberse materializado el ascenso de los técnicos superiores del grupo C1 al grupo B, el Gobierno, tras una pregunta parlamentaria, respondió que ese cambio debía producirse, ya que «no es necesario modificar» el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público (TREBEP) que se aprobó en 2015 para permitir el desarrollo del grupo B, dado que el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido «permite a las Comunidades Autónomas o al Estado desplegar los efectos de ese nuevo grupo B».
La vía jurídica, la única salida
Cuatro años después, y 17 desde su aprobación en 2007, «no se ha hecho nada», denuncia Cano, que señala que ahora, con esta nueva ley de Función Pública, tenía la esperanza de que se cumpliese la normativa. Sin embargo, no ha sido así y, los técnicos superiores sanitarios seguirán cotizando en el grupo C1 –cuya titulación exigida es la titulo de bachillerato-, lo que implica rebajas tanto en el sueldo como en las pensiones y el desempleo, con una diferencia salarial mensual que superaría en muchos casos los 200 euros.
Desde Tecnos contemplan elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que consideran «una vulneración de los derechos fundamentales». «No nos queda más remedio que ir a los tribunales», asegura Cano.
