Mazón presenta el nuevo decreto de viviendas de protección pública de Valencia
El presidente de la Generalitat destaca que la normativa está enfocada en dar «soluciones reales y factibles»
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha detallado las claves del nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) durante un evento celebrado este lunes en Valencia. Mazón ha destacado que esta normativa es un «paso más en nuestro compromiso con la legislatura de la vivienda», enfocada en proporcionar «soluciones reales y factibles» para impulsar la construcción de nuevas viviendas que permitan a jóvenes y familias acceder al mercado inmobiliario.
En la presentación del decreto, también ha participado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Ambos han subrayado la importancia de actualizar la normativa para reflejar el escenario actual y favorecer que la vivienda protegida sea una opción viable para todos los habitantes de la Comunidad Valenciana, incluyendo a los de Castellón y Alicante.
El reglamento incluirá una categoría de vivienda joven destinada a menores de 35 años, con ajustes en la renta para facilitar su acceso. Además, se establecerá la obligación de que todas las promociones de VPP, tanto públicas como privadas, reserven un mínimo del 40% de las viviendas para este grupo etario.
Este marco normativo también beneficiará a familias monoparentales, personas con discapacidad o dependencia y víctimas de violencia de género. Se incrementará el nivel de renta máximo permitido para acceder a una vivienda protegida, especialmente para familias con mayores a cargo o hijos entre 18 y 35 años.
Mazón ha enfatizado la colaboración entre instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil en la elaboración de este decreto, que busca «impulsar la construcción de viviendas asequibles y accesibles». Lamentablemente, entre 2015 y 2023, «el precio del alquiler aumentó en un 90% y el de compra en un 49%», lo que refleja un desequilibrio significativo entre oferta y demanda.
El decreto también busca incentivar a los promotores a construir más viviendas protegidas, apostando por una mayor simplificación normativa y garantizando la seguridad jurídica. Se introducen medidas para facilitar y acortar los plazos para la obtención de calificaciones, y se establecen distintos niveles de protección para las viviendas, con periodos que oscilan entre 15 y 30 años, dependiendo del tipo de suelo y la categoría de vivienda.
Además, se implementará un módulo dinámico pionero en España para la fijación de precios máximos, basado en los costes de edificación y ajustado según la evolución del mercado y las rentas medias en los municipios de la Comunidad Valenciana. Este sistema permitirá mantener los precios de las viviendas de protección pública siempre por debajo de los del mercado libre.
Finalmente, Mazón ha recordado otras iniciativas complementarias como el Plan Vive, que prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles, y la línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas para facilitar el acceso a créditos para la compra de vivienda, así como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la ampliación del Bono Alquiler Joven, medidas todas ellas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana.