Interior obligará a hoteles y Airbnb a facilitar hasta 43 datos personales de todos los viajeros
El registro entrará en vigor el 2 diciembre y las infracciones pueden llegar a 30.000 euros
Una pareja de turistas llega a un hotel. | Europa Press
Los responsables de hoteles y los particulares que desarrollen actividades de hospedaje a través de plataformas como Airbnb estarán obligados a partir del próximo 2 de diciembre a recabar hasta 43 datos e información sensible de sus clientes para hacérsela llegar al Ministerio de Interior. Pese a que la entrada en vigor de la norma estaba prevista para el 1 de octubre, la presión de sector ha forzado el aplazamiento. El Real Decreto 933/2021 se publicó en el BOE el pasado 27 de septiembre.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha impuesto estos controles para garantizar la seguridad. Sin embargo, el sector turístico insiste en que muchos establecimientos no están preparados para su puesta en marcha. Los problemas de confidencialidad también preocupan a los propietarios e inquietan a los clientes en pleno boom turístico. El alojamiento de viajeros en hoteles y apartamentos de Airbnb se podría frenar por unas exigencias que no existen en los países de nuestro entorno. Si antes se exigían 14 datos, ahora se prevén 43 para los hoteles y 41 para los alojamientos particulares.
Hoteles y alojamientos Airbnb
Residencia habitual, relación de parentesco entre los viajeros -en el caso de que haya menores-, número de teléfono y numerosos datos vinculados al medio de pago son parte de la información que se deberá facilitar a partir de diciembre. El principal problema es que todos datos serán remitidos al Ministerio del Interior para ser «conservados». Esta información acabará en dos ficheros radicados en la Secretaría de Estado de Seguridad.
Destaca el decreto que su tratamiento podrá ser realizado únicamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el desempeño de sus respectivas competencias. Estas tienen que ver con la prevención, detección e investigación de delitos. Sin embargo, a ellos también podrían tener acceso la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal.
Infracciones y base documental
Junto a esto, se prevén multas considerables para los alojamientos que incumplan. Las infracciones previstas están recogidas en el capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Los hoteleros y los Airbnb afrontan infracciones graves en el caso de carecer registros documentales o de no comunicar los datos. Las multas, según recoge el artículo 36.20 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, pueden llegar a 30.000 euros.
El reglamento del Ministerio del Interior ha cosechado desde el inicio de su andadura el malestar del sector de los hoteles. Los diversos agentes turísticos consideran que la iniciativa restará competitividad al mismo. A pesar de que Interior ha tenido una interlocución permanente con los sectores afectados, los empresarios llevan meses pidiendo su retirada o modificación.
Malestar del sector de los hoteles
Pese a que Interior ha intentado calmar el sector con el cambio de fecha, los hoteleros siguen asegurando que no es suficiente y piden modificaciones en el real decreto. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha manifestado su desacuerdo con respecto a la solución propuesta, subrayando que no se trata de una cuestión de tiempo de adaptación tecnológica, sino que es necesaria una revisión profunda del contenido del Real Decreto 933/2021, que implique un conocimiento de la forma en que se desarrolla la actividad turística.
«Es un real decreto con muchas carencias, incumple normativa europea. Estamos a favor de colaborar de acuerdo a la normativa europea para conseguir un texto que podamos asumir entre todos y que no lastre la competitividad de las empresas turísticas españolas», ha asegurado Jorge Marichal, presidente de CEHAT. Por ello, desde la patronal hotelera piden que esta norma sea revisada «en profundidad». Reclaman que se desarrollen propuestas viables que proporcionen «seguridad jurídica tanto a los viajeros como a las empresas obligadas».
Las agencias piden quedar fuera
El nuevo registro de viajeros obligará también a las agencias de viajes minoristas a comunicar los datos del alojamiento y del alquiler de vehículos de cada reserva, así como los métodos de pago y otros datos personales de cada cliente. Una exigencia de la que las agencias de viajes consideran que deben ser eximidas, ya que «supone un serio peligro de la viabilidad del sector», según la patronal CEAV.
«No queremos exagerar, pero nos tememos que pueda poner en peligro a muchas agencias de viajes que no cuentan con los medios suficientes ni a nivel técnico ni humano», aseguraba recientemente José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de CEAV en declaraciones a THE OBJECTIVE. A esto hay que unir, según Lastra, que «la plataforma tecnológica puesta a disposición para el cumplimiento de esta medida tampoco funciona adecuadamente». Por ello, desde el Gobierno han pospuesto su entrada en vigor.
Desde la patronal de las agencias de viajes, al igual que el sector hotelero, consideran que esta medida va a ser difícil de llevar a cabo por muchas agencias, la mayoría de ellas pymes, ya que no cuentan con los medios técnicos y con el personal necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados. Por ello, CEAV pide desde hace meses que las agencias queden fuera de la aplicación de este Real Decreto, «ya que se ha realizado una definición extensiva del hospedaje y transporte, incluyendo a las agencias, cuando estas no prestan esos servicios».
