Los barones del PP se adelantan a Cuerpo con leyes de simplificación administrativa
Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana han aprobado o ultiman textos al respecto
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, con los barones de su formación política. | Europa Press
Hasta seis comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han implicado en diferentes normativas para lograr reducir la burocratización administrativa. Un despliegue de actuaciones, que ha tomado la delantera a la iniciativa que recientemente presentó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conocida por comunidad autónoma virtual, o comunidad 18, reuniendo a mediados de septiembre a la sectorial con los representantes de las diferentes administraciones con la idea de persuadirles de las bondades de un mercado único, tal y como defiende el espíritu de las instituciones europeas.
Madrid, pionera en este sentido con una Ley de Mercado Único aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y también Aragón, en 2021 y con una ley de simplificación, han abierto el camino, al menos a otras cinco administraciones -ha podido saber THE OBJECTIVE– como la valenciana, la murciana, la cántabra, la andaluza y la extremeña. Cada una con distintas peculiaridades, pero con el objetivo común de ayudar al desarrollo de las empresas y la generación de empleo, además de convertir las administraciones en un órgano eficaz.
En junio de este año, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón Guixot aprobaba un Nuevo plan Simplifica 2024-2026, creando incluso una Dirección General de Simplificación Administrativa, concebida con medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a promover la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y organizativos de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental y de los entes que integran la Administración local de la Comunidad Valenciana.
La Región de Murcia es otra de las seis comunidades regidas por el Partido Popular que también en estos momentos ultima la Ley de Simplificación Administrativa para reducir carga burocrática y ampliar los supuestos de declaración responsable al máximo para implantar actividades empresariales de la forma más rápida posible.
La preocupante fragmentación de Europa
Con motivo del anuncio del titular de Economía, relacionado con la simplificación administrativa, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, destacó que el Gobierno de España puso de manifiesto que sus propuestas «van por detrás de las que distintas comunidades autónomas están impulsando, entre ellas la Región de Murcia, que con la aprobación próximamente de la cuarta ley de simplificación se situará a la vanguardia en esta materia».
En aquella ocasión, López Aragón destacó que lo único que se trasladó por parte del Ministerio fue la comunicación del inicio de los trabajos, que comenzarán con un estudio de diagnóstico de las barreras administrativas por sectores. Al respecto, la consejera afirmó que la Región de Murcia, incluso desde el año 2022, tras la aprobación de la tercera Ley de Simplificación Administrativa, «ya admite como válidas las autorizaciones de otras comunidades autónomas para la implantación de las mismas actividades en nuestra región, al igual que la Comunidad de Madrid, aspecto que fue puesto de manifiesto durante la conferencia».
Y no solo Murcia ha reparado en el retraso que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva con una iniciativa marcada por el informe del ex primer ministro de Italia, Enrico Letta, que recientemente, e invitado por el PSOE, afirmó que el tema principal de su informe es la preocupante fragmentación que hay en Europa, con 27 mercados únicos que cortan la competitividad, la inclusividad y la sostenibilidad de las empresas. Europa tiene que integrarse, era el mensaje, porque de lo contrario, China y Estados Unidos se impondrán.
En agosto, Cantabria, gobernada por María José Sáenz de Buruaga, aprobaba el anteproyecto de ley de simplificación administrativa. El objetivo es que sea, según la dirigente popular cántabra, «una de las comunidades con menos burocracia de España», al introducir reformas legales que reducen las trabas administrativas, como es el caso de la generalización del silencio positivo y de la declaración responsable, e implantar otras medidas de dinamización económica: la unidad de mercado y la declaración de proyectos estratégicos que llevarán asociados una serie de efectos positivos y la reducción de los plazos a la mitad.
Evitar cuellos de botella
Entretanto, Andalucía, desde enero de este año, ha aprobado un cuarto decreto de simplificación administrativa modificando hasta 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes con la intención de reducir en un 90% el número de aplicaciones de la Junta. Aragón confirma el mismo desarrollo normativo que el resto de comunidades.
Por último, en el caso de Extremadura, y también este verano, la Secretaría General de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta envió al personal de las administraciones locales un plan para modernizar los ayuntamientos y reducir la burocracia. El secretario general de Transformación Digital, Juan Carlos Preciado, afirmó que se espera que los ayuntamientos, como entidades prestadoras de servicios más cercanas a los ciudadanos, «jueguen un papel decisivo a la hora de construir una administración más ágil, eficiente y proactiva, que ponga al ciudadano y las empresas en el centro de los servicios públicos».
La tarea del plan extremeño de simplificación de la burocratización administrativa pasa por homogeneizar formularios, reducir al mínimo la documentación en papel, simplificar el marco regulatorio, evitar cuellos de botella y asegurar la trazabilidad de la información.
Leyes de colaboración social administrativa
Sobre la maraña normativa se han pronunciado también el presidente del Ilustrísimo Colegio de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, para quien, sin duda, «la burocratización ralentiza la economía, retrasa licencias, aperturas… e incrementa los costes de apertura y de mantenimiento. Cada día que pasa sin abrir -mantiene Santiago-, está la empresa dejando de producir y de ingresar. Los ciudadanos incómodos, las administraciones saturadas. Una administración que funciona genera una sociedad más justa.
Apoyado en su experiencia profesional y en su conocimiento, Santiago pide «a los políticos que no inventen, porque las pruebas, con gaseosa, y lanzar mensaje de iniciativas ‘creativas’ genera más incertidumbre». La solución -subraya el presidente de los Gestores Administrativos, pasa «por leyes de colaboración social administrativa y de simplificación administrativa y que las administraciones se apoyen en los colaboradores sociales, ya que tenemos herramientas y conocimiento para facilitar los trámites a los ciudadanos».
