Si el Gobierno deja caer a Muface, las regiones deberán potenciar la sanidad privada
Si el mutualismo desaparece, habrá que buscar fórmulas para dar cobertura a 1,68 millones de asegurados
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra portavoz y de Educación y Deporte, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | EP
Si Muface cae, las comunidades autónomas se verán obligadas a aumentar sus conciertos con la sanidad privada para poder dar cobertura a 1,68 millones de asegurados que absorberá la sanidad pública. Una situación paradójica teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad está elaborando un proyecto de ley –que ha pasado ya a la fase de consulta pública– mediante el cual pretende poner coto a la colaboración público-privada.
«Las comunidades autónomas se están armando para hacer frente a esta situación. La sanidad pública no puede asumir la incorporación de todos los funcionarios al régimen general», señalan a THE OBJECTIVE fuentes del sector, que agregan que las regiones están «muy preocupadas» ante una posible ruptura del convenio tras la oferta final del Gobierno de aumentar la prima solo un 17,12%. «Las que tienen que atender a esos pacientes son las autonomías, que se verán abocadas a aumentar sus conciertos con la privada», agregan los expertos consultados, que recuerdan que las listas de espera baten récords con casi 850.000 pacientes sin operar.
De acuerdo con los datos de 2023, el número total de mutualistas es de 2.413.793, de los cuales 1.680.000 (69%) han elegido seguro privado. No obstante, la cuota de mutualistas sobre el total de asegurados es muy diferente a lo largo del territorio nacional. Murcia y Extremadura serían las comunidades más afectadas por la posible desaparición del concierto de Muface.
«No hay tiempo de reacción»
Con una cuota de mutualistas en relación con el total de asegurados del 26% la primera y del 24% la segunda, serían dos de las regiones que se verían obligadas a aumentar los conciertos con la privada para no seguir colapsando su sanidad pública. Murcia acumula 13.391 personas en lista de espera para una operación y 120.903 para consulta con especialista. En el caso de Extremadura, esa cifra es de 9.124 y 98.142 personas, respectivamente.
Por su parte, según datos presentados por la patronal de la sanidad privada, Aspe, durante el encuentro con expertos ‘Colaboración público-privada’, organizado por la Fundación Economía y Salud y la Fundación Ortega-Marañón, en 2002 Murcia gastó 161 millones en conciertos (106 euros por persona), y Extremadura, casi 88 millones (83 euros por persona).
Por provincias, destacan Ávila (28%) y Jaén (27%) con casi el 30% de mutualistas. Zamora y Cádiz también presentan un porcentaje de mutualistas elevado, un 26%. En contraste, las comunidades autónomas con los porcentajes más bajos de mutualistas son País Vasco y Cataluña, con un 7% y 8% respectivamente.
«No hay tiempo de reacción. En tres meses esto no se arma. Se va a producir una guerra entre funcionarios y Gobierno, porque los mutualistas no quieren ir a la pública. Se avecinan grandes movilizaciones», aseguran estas fuentes, que acusan al Ejecutivo de «jugar con todos».
El gasto en conciertos aumenta un 31%
El importe destinado a la partida de conciertos ascendió a 9.521 millones de euros en 2022, lo que representa el 10,1% del gasto sanitario. Este importe supone un incremento del 31% en el periodo objeto del estudio (2013-2022), pasando de los 7.280 millones en 2013 a los más de 9.500 de 2022. No obstante, según el informe presentado por Aspe, el porcentaje que se destina a la partida de conciertos se ha reducido en los últimos años, variando del 11,6% que suponía en 2013 al 10,1% de 2022.
Carlos Rus, presidente de la patronal privada, destaca que los precios concertados son «significativamente inferiores a los precios públicos» en la mayoría de los procedimientos analizados. Así mismo, José Ignacio Nieto, miembro del Comité Científico de la Fundación Economía y Salud, cree que la colaboración entre sistema público y privado es «un recurso esencial para que la Sanidad avance en España, que nos afecta a todos y en el que tanto instituciones, empresas y ciudadanía deben estar implicados».
Por comunidades, las que más destinan a conciertos son Cataluña (3.299 millones –423 euros por persona–), Madrid (1.377 millones –204 euros por personas), Andalucía (580 millones –69 euros por persona–) y Comunidad Valenciana (327 millones –64 euros por persona–).
Ante esta situación, los expertos prevén un aumento de los conciertos ante el fin de Muface y una sanidad pública ya colapsada. En este contexto, Mónica García, ministra de Sanidad, prepara la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud para, según sus palabras, «poner freno a las comisiones», los «lucros indecentes» y los «beneficios obscenos» de las empresas.
