Los okupas organizan jornadas de formación para aprender a tomar viviendas
Málaga, Sevilla, Barcelona y Mataró acogen talleres para formarse en la okupación
Una manifestación contra los okupas. | Archivo
Hace años que los cursos y talleres para aprender a okupar pisos son una realidad en algunas ciudades de España. Sin embargo, los vacíos legales que en la práctica amparan a las mafias de la okupación y la desprotección que sienten los propietarios han dado alas a que este movimiento se vertebre y organice cada vez más actividades en más localidades del país, entre ellas Sevilla, Málaga, Barcelona, Mataró y Premià de Dalt.
Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, ve «preocupante la situación, ya no por los talleres, sino porque el mensaje de las instituciones es que por el derecho a la vivienda todo vale», cuando, recuerda, también hay un «derecho a la propiedad privada». «Si se destinaran impuestos a lo que hay que destinarlos, se construiría vivienda social», reprocha.
El jurista aclara que «es como cualquier otro derecho: no puede el Estado descargar sus obligaciones para que las cumplan los propietarios». Asimismo, sostiene que vivienda y propiedad privada «no son derechos incompatibles, pero cuando desde las Administraciones públicas no se garantiza el derecho a la vivienda, se obliga al propietario a garantizarlo mediante su esfuerzo», algo que considera «inaudito» en un Estado de derecho.
«Es más fácil limitar al gran tenedor el precio del alquiler o la posibilidad de recuperar la vivienda okupada que asumir tus obligaciones», prosigue De Palacio, que cree que este «intervencionismo absoluto de las Administraciones públicas en el sector privado es muy peligroso». «Electoralmente, da resultados, pero el hecho de que el propietario tenga que garantizar ese derecho no le corresponde y a cambio tiene que conculcar su propio derecho a la propiedad, es insólito», asegura.
Toni Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por la Okupación, explica que «estos talleres llevan muchos años», y culpa a «la política de izquierdas y del Estado», ya que, de existir «academias que enseñasen a robar coches, la policía actuaría». «Aquí te enseñan a robar casas y nadie actúa porque el Estado está de acuerdo», denuncia.
Miranda expone que hay «grupos que dedican tanto tiempo y abogados metidos porque están financiados, cobran de organizaciones prookupas». Acusa al Estado de tener «un interés en que el movimiento se extienda, como dijo Iglesias cuando estaba en el Gobierno». Por esa razón, según él, «frenan a la policía, bloquean la defensa jurídica y hacen marketing».
El presidente de la asociación indica que «han corrompido los servicios sociales, que en parte son prevaricadores y les dicen a la gente cómo okupar vivienda». Añade que «hasta los desokupas son promotores de la okupación. Dan listas a los okupas de sitios que pueden okupar, les dan dinero y piden más al propietario» y concluye que «los desokupas crearon las mafias de la extorsión y les empezaron a dar dinero».
Son muchos los que creen que esta impunidad ha contribuido a generar paraísos de la ocupación como el barrio de Rocafonda en Mataró o Cubelles. Juani Navarrete, concejal de este pueblo barcelonés, asegura que «hay una impunidad total y ellos sienten que no pasa nada».
«Hay un edificio entero okupado y los vecinos están hartos. Tienen perros desamparados que se ponen a ladrar y los tienen de alarmas. No son familias necesitadas, se dedican a todo menos a lo que corresponde a un ciudadano trabajador», expone. Avisa de que «cada vez va a más y, o nos ponemos todos firmes, o esto se nos va de las manos».
