El Ministerio de Hacienda tiene 37 inmuebles 'okupados' por toda España
El departamento que dirige María Jesús Montero reconoce que ha conseguido recuperar otros 30 inmuebles
Un inmueble subastado por la Agencia Tributaria en Girona. | AEAT
Las Administraciones públicas reciben críticas recurrentes de activistas, sector inmobiliario y expertos en vivienda por no construir suficientes pisos sociales. Al problema de la falta de inmuebles para familias vulnerables se añade el desafío de la gestión del insuficiente parque residencial con el que cuentan las instituciones, ya que una porción del mismo está sin uso y se termina okupando.
Esta situación se da, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, en todas las Administraciones españolas, desde Gobierno central a ayuntamientos pasando por el parque de vivienda pública que gestionan las autonomías. En el caso del Ministerio de Hacienda, un total de 37 inmuebles permanecen okupados, teniendo en cuenta las cifras oficiales más recientes que baraja el Gobierno y a las que ha tenido acceso este medio.
En una resolución de Transparencia, la Dirección General de Patrimonio del Estado señala que «durante el periodo 2014-2024 fueron ocupados un total de 67 inmuebles estatales de carácter patrimonial». «De estos 67 inmuebles, fueron desocupados en diversas fechas un total de 30 inmuebles», detalla. Sin embargo, el Gobierno no ofrece información sobre dónde se ubican esos edificios que están okupados.
Según este documento elaborado en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, los 37 activos restantes «permanecen ocupados, de acuerdo con la información disponible a fecha de hoy«. «Sobre ellos se están realizando actuaciones en vía administrativa y judicial para conseguir el desalojo y recuperar la posesión sobre los mismos», añade la resolución. La Dirección General asegura no disponer «de datos sobre los gastos derivados de los litigios promovidos para la desocupación» de las 30 propiedades okupadas que sí han podido ser recuperados.
«El problema es esos pisos sociales de la Administración pública es que son para gente que los necesita y se quedan sin vivienda», denuncia Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación. «Esas okupaciones también las sufren agencias municipales por toda España y el Incasòl en Cataluña, el nivel de okupación es brutal», afirma Miranda.
En el caso de la autonomía catalana, la Generalitat es el principal casero con más 10.000 pisos alquilados, pero ha sufrido un número considerable de okupaciones en los tres entes en los que posee inmuebles: el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), en el que afloraron 22 propiedades usurpadas solo en Barcelona en 2017; la Agencia Catalana de la Vivienda, con casi un 5% de pisos tomados por okupas; y el Consorcio de Vivienda de La Mina, que promovió edificios de pisos sociales en este barrio desfavorecido de la Ciudad Condal y una parte de esos pisos fue allanada por clanes locales.
Miranda incide en que «España necesita dos millones de viviendas sociales». Sin embargo, constata que «los partidos de izquierdas están haciendo política con la okupación porque así crean clientes electorales muy fieles», mientras que a las formaciones de derechas «les importa solo de cara a las elecciones, solo tratan con fondos, y el mercado privado debe estar, debe ser libre y desregulado; es correcto, pero solo están con esto y la vivienda social no les interesa», lamenta.
Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, subraya que «37 inmuebles, frente a la demanda de vivienda, es escaso». Considera que «no es el gran problema de acceso a la vivienda» pero sí «un problema añadido», ya que «si no sabe uno ni gestionar su propia vivienda pública», se pregunta «cómo va a construir» la cantidad de pisos sociales necesarios para asegurar el acceso a este derecho constitucional.
El jurista recuerda que un inmueble público «se rige por el derecho administrativo y se tiene que garantizar», por lo que recuerda que el Gobierno no puede descargar su responsabilidad sobre los particulares ni vulnerar el derecho a la propiedad privada. «Es un problema estructural que no tiene fácil solución; después de año y medio de la ley de la vivienda podemos concluir que las medidas intervencionistas no han permitido solucionar el problema, ninguna de las medidas tomadas han hecho que esto se reduzca, al contrario. No vamos en la línea adecuada», alerta.
Hace una semana, el Gobierno defendió que las denuncias por okupación de vivienda van «disminuyendo lentamente» en una respuesta por escrito a Sumar en la que respaldó una campaña lanzada por la Policía Nacional para hacer frente a la «alarma social generada y producida por noticias que confunden de forma deliberada el allanamiento con la usurpación». «El fenómeno de la ocupación está disminuyendo lentamente, a pesar de lo cual, persisten las campañas de promoción y la desinformación», apuntó el Ejecutivo en una respuesta fechada el 23 de septiembre que vio la luz pública hace unos días.
El Gobierno se remonta al año 2022 para señalar que entonces «se produjo un descenso del 2,9% de este tipo de hechos, tendencia descendente que ha continuado en 2023, en el que se ha producido una bajada del 8,8% con respecto a los datos del año anterior». El Ejecutivo informa del total de allanamientos y usurpaciones cometidos entre julio y septiembre de 2023, que fue de 3.675 casos, aunque los especialistas advierten de que no todos los casos se denuncian y que cada vez más se gestionan de forma extrajudicial por la desprotección legal que sienten los propietarios.
