Los vascos ya tienen el doble de financiación que el resto de españoles gracias al cupo
Fedea propone un modelo de financiación singular para que Cataluña no rompa la caja única
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. | THE OBJECTIVE
En estos momentos, los ciudadanos vascos están recibiendo el doble de financiación media por habitante que el resto de españoles. Una ventaja que se debe fundamentalmente al régimen fiscal foral del que disfrutan, gracias a un concierto o cupo al que se suman otras prebendas, entre transferencias, ajustes de IVA o ayuda directa para atajar el déficit a la Seguridad Social más elevado de las cuentas públicas después de Asturias.
Esta es una de las apreciaciones hechas este miércoles por el doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos Miguel Ángel García Díaz, en el primer documento dado a conocer por Fedea en colaboración con la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), una entidad próxima al PSC dirigida por Anna Balletbò.
De manera conjunta, Fedea y la Fundación Olof Palme han decido abrir un proceso de reflexión que se materializará en una jornada de discusión sobre la propuesta de financiación singular de Cataluña y posibles alternativas a la misma que se celebrará el próximo mes de enero, al mismo tiempo que se publica una colección de documentos de trabajo.
Pero antes, García Díaz abordó ante los medios una sencilla pregunta en su análisis: ¿para qué sirve la Administración General del Estado (AGE) y por qué también ella necesita su autonomía? Responde a esta cuestión profundizando en las consecuencias que puede tener, tanto para la AGE como para el resto de administraciones territoriales que pertenecen al régimen común, una financiación singular como la que ERC y PSOE han votado para Cataluña y que, a priori, apunta, se asemeja a los modelos fiscales de País Vasco y Navarra.
Partiendo de la base de que los resultados del sistema de financiación de régimen común, en el que se encuadran todas las comunidades autónomas menos País Vasco y Navarra «son mejorables», en términos de financiación por habitante ajustado (por los costes diferenciales de provisión de los servicios de titularidad autonómica en cada territorio), mantiene este economista que «existe un diferencial de 27 puntos entre la comunidad mejor y la peor tratada, siendo las comunidades de Cataluña y Madrid las que superan ligeramente el promedio, mientras que las de Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha están hasta diez puntos por debajo».
El profesor García Díaz objeta que las diferencias observadas en el sistema de régimen común son, no obstante, muy inferiores a las que se registran cuando incorporamos a las comunidades forales. «Gracias a la forma en la que se calcula (o más bien, se negocia) su aportación al Estado -aclara-, el País Vasco y Navarra superan ampliamente el promedio de financiación por habitante ajustado de las comunidades de régimen común, llegándose en el primer caso a duplicar la media de estas últimas para financiar las competencias homogéneas (compartidas por todas las comunidades autónomas), y en el segundo -Navarra-, a superarla en más de un 50%».
Una posición de privilegio -señala- que entra en conflicto con el artículo 138.2 de la Constitución, en cuyas páginas se recalca que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».
El contagio a la opacidad del cupo
El temor de este investigador asociado a Fedea es que «la opacidad» con la que siempre se ha negociado el cupo vasco contagie también a la llamada financiación singular de Cataluña, con unos efectos más perjudiciales para la Administración central y las territoriales, ya que Cataluña supone casi el 19% del PIB español.
Siguiendo esa línea de trabajo, Miguel Ángel García Díaz indica cómo la experiencia ha demostrado que, a pesar de disponer de una norma en la que se recoge de forma relativamente detallada el procedimiento de cálculo de las aportaciones al Estado del País Vasco y Navarra, «la determinación de sus cuantías se ha hecho de forma muy opaca, lo que se puede comprobar en la siguiente tabla (anexo I Ley 10/2023), donde la información sobre el cálculo del cupo del País Vasco para el periodo 2023-2026 recogida en la última norma aprobada es claramente insuficiente para replicar el resultado, al no incluir el detalle de las cargas asumidas y tampoco de los capítulos de compensaciones y ajustes».
La fórmula utilizada y, sobre todo, la evolución temporal de los resultados del cupo del País Vasco y la aportación de Navarra «aportan muchos indicios para pensar que en el cálculo no se han tenido en cuenta las transferencias que el Estado realiza para la nivelación personal y territorial, y tampoco el pago del servicio de la deuda, además de errores groseros en el ajuste de los ingresos por IVA».
De ser así -continúa-, «los territorios forales con un nivel de renta muy superior a la media (127,2 y 120 sobre 100 de promedio nacional en 2022) no estarían aportando lo que deberían a las políticas de nivelación de la AGE en las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal y, sin embargo, el resto de España sí les estaría sufragando su déficit en las prestaciones de Seguridad Social, especialmente alto en el capítulo de pensiones».
Un recorte del 15% de ingresos
Por tanto, sostiene García Díaz, «es necesario conocer los detalles del sistema fiscal singular propuesto para Cataluña fuera del régimen común. La experiencia del País Vasco y Navarra sugiere que un sistema en el que Cataluña recaude todos los impuestos en su territorio -como quiere ERC- tendería a reducir severamente los recursos financieros de la AGE, ya insuficientes para la cobertura de sus actuales necesidades».
Además -indica-, «la dimensión de la pérdida de recursos de la AGE dependería de la forma de articular el sistema singular para Cataluña, pero el traspaso inicial de recaudación de la parte de los impuestos compartidos puede superar los 27.000 millones de euros (18,7% de la recaudación de la AGE), a lo que sumar la parte correspondiente al Impuesto de Sociedades recaudado en Cataluña».
Así -concluye-, «en caso de ajustarse la pérdida de ingresos a los 22.000 millones de saldo negativo de la balanza fiscal que estima el Govern de Catalunya en la relación de Cataluña y el resto España en 2021, la pérdida de recursos de la AGE superaría el 15% de sus actuales ingresos tributarios. Y si se limitara al 60% de ese hipotético saldo de la balanza fiscal, la disminución de ingresos de la AGE sería equivalente al 10% de sus ingresos tributarios».
Cataluña no está infrafinanciada
Por su parte, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, discutió la premisa de la que parten PSC y ERC, y que defiende que «el sistema actual de financiación maltrata a Cataluña, condenándola a una insuficiencia crónica de recursos que le impide adoptar las políticas que necesita. De ahí -como aplauden socialistas y republicanos- la necesidad de un cambio radical de modelo».
De la Fuente sostiene, por el contrario, que Cataluña «siempre ha estado en torno a la media de financiación por habitante ajustado a igual esfuerzo fiscal, y los datos, por tanto, no avalan la tesis de la infrafinanciación, pero sí revelan que Cataluña recibe una financiación inferior a la de otras regiones que aportan menos al sistema o son receptoras netas del mismo, lo que no parece razonable».
Pero no es un problema sólo de Cataluña, remarca el responsable de Fedea: «Habría que revisar el sistema para evitarlo y esto podría comportar una financiación algo mejor para las comunidades autónomas que más contribuyen, pero no justifica el cambio radical que se propone».
