El plan fiscal de España enviado a Europa incumple las reglas de transparencia del FMI
Información escasa, ausencia de consultas con el parlamento y escenario macroeconómico incompleto
De izquierda a derecha, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. | Europa Press
La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea ya han presentado sus planes fiscales ante la Comisión Europea. Lo hacen en un nuevo marco de reglas fiscales y como elemento central del brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), según el Reglamento (UE) 2024/1263. En el caso de España, el Gobierno envió su plan estructural a mediados de octubre, agotando todos los tiempos y sin borrador aún de las cuentas públicas.
Para las instituciones europeas, el elemento central de ese ajuste es el compromiso fiscal en términos de senda de gasto primario neto financiado nacionalmente, que refleja el recorte que deben hacer los países para cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Sin entrar a evaluar lo que ha presentado España -si bien este martes la Airef adelantó que el plan del Ejecutivo no garantiza los objetivos de deuda y déficit a medio plazo-, el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el documento práctico en el que se recogen los principales elementos en el diseño de un plan fiscal de medio plazo evidencian que España no cumple con buena parte de las recomendaciones dadas por el organismo.
El Fondo Monetario Internacional entiende que es clave que para que un plan sea eficaz y robusto debe estar integrado en el marco institucional legal de la programación presupuestaria. España no cumple con esta premisa, pues no solo no tiene presupuestos generales, sino que actúa incluso con las cuentas públicas prorrogadas del anterior ejercicio.
Un plan sin consulta de nadie
El FMI sostiene que la formulación de un plan fiscal requiere de un marco legal sólido en el que se definan las instituciones participantes y sus competencias, los procesos de intercambio de información, el contenido básico del plan y la responsabilidad de aprobación. Esta última es especialmente relevante porque el plan, dado su carácter plurianual, debe tener un elevado grado de apropiación nacional.
En este sentido -añade este organismo-, «aunque el plan se elabore por el Gobierno, la presentación o aprobación por el parlamento y la consulta a los actores relevantes refuerzan esa apropiación y, por tanto, su credibilidad». Un detalle de transparencia que, de nuevo en el caso de España, no se ha producido ante ninguno de los actores que cita el FMI. Ni el parlamento ni el principal partido de la oposición, ni tampoco la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han conocido el plan antes de que este viajara a Bruselas, donde tendrá que ser examinado a lo largo de este mes.
El propio FMI es muy claro al respecto y apunta además que la participación de las Instituciones Fiscales Independientes (IFI) en el proceso de elaboración del plan fiscal «resulta fundamental, al proporcionar un análisis independiente de su factibilidad y potencial grado cumplimiento». Asimismo, «la evaluación ex ante de las proyecciones y objetivos fiscales por una IFI debería ayudar a moderar el sesgo optimista en la política fiscal del Gobierno. Por su parte, la valoración ex post de las eventuales desviaciones en las proyecciones las hace más transparentes, facilitando que se visualice lo importante que es el cumplimiento para la sostenibilidad de las cuentas públicas».
Un escenario macro incompleto
El FMI también indica que otro de los elementos clave es que el plan fiscal requiere de la presentación de un escenario macroeconómico completo sobre el que se sustentan las proyecciones fiscales que forman parte de la estrategia, analizando los determinantes de los principales agregados y las relaciones clave entre los mismos, así como una explicación de las desviaciones pasadas.
Además de que este plan no ha sido objeto de debate en el parlamento ni ha sido sometido a la consulta de la sociedad civil, los agentes sociales ni las autoridades regionales, España incumple con este elemento, ya que el Gobierno solo ha aportado el escenario macroeconómico completo para 2025 y 2026, y en cuanto a las proyecciones presupuestarias, solo ha presentado las de 2024, con senda de gasto de 2025-2031, y sin desglose por subsectores ni detalle de medidas para alcanzar dicha senda.
La Airef que también apunta a la falta de información del Plan Estructural Fiscal español, constata la necesidad de medidas adicionales por parte del Gobierno a partir de 2026, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de gasto y para hacer frente al impacto del envejecimiento en las cuentas públicas.
Compromiso político de objetivos agregados
Para el FMI, el núcleo del plan fiscal es el escenario a medio plazo (de tres a cinco años). Y la estrategia fiscal es la que se refleja en las proyecciones de ingresos y gastos públicos, presentando un escenario a políticas constantes y detallando su impacto estimado. Esas proyecciones deben tener a su vez una desagregación sectorial (conjunto de las Administraciones Públicas y subsectores relevantes) y por partidas de gasto (típicamente por clasificación económica y, en su caso, funcional) adecuadas a la aplicación de la estrategia.
Las proyecciones del organismo que preside Cristina Herrero no están en la línea del Manual de Transparencia del Fondo Monetario Internacional: el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo de España «constituye más un compromiso político de objetivos fiscales agregados que una verdadera estrategia de medio plazo, pues si bien se ha atenido a los mínimos exigidos por la Comisión Europea, queda por delante el desarrollo del contenido del plan y su traslación a realidad, así como concretar la articulación de esos objetivos entre las Administraciones públicas o la realización de escenarios macro y presupuestarios que sean completos».
Entre las últimas recomendaciones del FMI, es de vital importancia la evolución de la deuda pública para la
sostenibilidad de las finanzas públicas, y de ahí la prioridad de una proyección de deuda que se complete con el estudio del efecto sobre estas finanzas, de factores a largo plazo como pueden ser demografía y pensiones, tendencias de crecimiento a largo plazo y productividad o impacto del cambio climático.
El envejecimiento
En cuanto al envejecimiento, y tras el análisis de la Airef, España tampoco está en las coordenadas marcadas por el FMI, pues el perfil ascendente del crecimiento del PIB potencial previsto por el Gobierno resulta difícil de explicar en el contexto actual, máxime cuando la Airef ha incluido su coste en términos de impacto sobre el saldo público, mientras que Italia estudia el efecto del envejecimiento sobre el PIB potencial, de acuerdo con la metodología europea del Grupo de Envejecimiento.
Dicho de otro modo, explica a THE OBJECTIVE el economista Javier Santacruz, «Italia ha analizado mejor que España, porque nosotros hacemos un análisis parcial, y no investigamos cuánto puede impactar sobre el PIB a largo plazo el envejecimiento de la población y, por ende, el gasto en pensiones y en sanidad«.
Finalmente, España también ha esquivado en su plan fiscal otra de las claves del manual de transparencia del FMI: la incidencia de perturbaciones macroeconómicas o la realización de pasivos contingentes de diversa naturaleza, que hacen que las variables fiscales se desvíen de sus valores proyectados.
