El Gobierno destinará menos dinero a la riada que lo que se gastó en comprar Telefónica
Destinó 2.300 millones a comprar el 10% de la operadora sin tener Presupuestos, y ahora asumirá 2.100 para la riada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia | Europa Press
La ayuda estatal aprobada el martes por el Gobierno de Pedro Sánchez a los afectados por la riada en Valencia y otras zonas del sureste español es menor que el dinero que destinó hace unos meses para asaltar Telefónica, una operación que se materializó sin que estuvieran aprobados los presupuestos generales del Estado de 2024, al prorrogarse los de 2023.
El gasto público contemplado en el plan que anunció el jefe del Ejecutivo se limita a 2.100 millones de euros, aunque el plan comprende otras partidas, asumidas por el sector privado, hasta completar los 10.600 millones puestos a disposición de familias, empresas y ayuntamientos, tal y como destacan fuentes financieras a THE OBJECTIVE.
La cantidad que se desembolsará, por tanto, es inferior a los cerca de 2.300 millones que tuvo que invertir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la adquisición del 10% del capital de la operadora. Una compra que se hizo posible por el desvío de recursos por parte de Hacienda del fondo de financiación autonómica y para entidades locales al haber tenido que prorrogar las cuentas de 2023.
Hay que tener en cuenta que el principal eje de acción por volumen económico del Gobierno para la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas es la línea de préstamos ICO avalados por el Estado. Consta de garantías de 5.000 millones para que los bancos puedan ofrecer créditos a las compañías y los particulares. Aunque los detalles de este programa no se han concretado, a tenor de las palabras de Sánchez la financiación a las que podrán acceder los afectados por la DANA podría alcanzar los 6.000 millones, ya que los criterios serán similares o muy parecidos a los de planes lanzados durante la pandemia y tras la guerra de Ucrania. Se espera que el aval cubra el 80% y las entidades asuman posibles pérdidas futuras del 20%.
La otra gran partida para los afectados de las inundaciones de Valencia, de 3.500 millones de euros, estará compuesta por las indemnizaciones para reparaciones y repuestos de vehículos, viviendas, locales, fábricas y todo tipo de daños, cuyo coste irá contra las cuentas del Consorcio de Compensación de Seguros, una institución que, aunque depende del Ministerio de Economía, está nutrida de fondos que aportan las aseguradoras. Un dinero que sale del recargo fijado en cada póliza para tal fin y que es pagado, por tanto, por los clientes de estas compañías para poder hacer frente a los perjuicios de fenómenos atmosféricos extremos, como el vivido en nuestro país a finales de octubre.
Los restantes 2.100 millones del proyecto impulsado por el Gobierno para reconstruir y relanzar principalmente Valencia sí correrán a cargo del Estado. Irán destinados, sobre todo, a las ayudas directas para la rehabilitación de viviendas o la compra de mobiliario, además de a arreglar desperfectos en las empresas, los comercios y los suministros municipales.
Sánchez tiene intención de usar esta partida pública para la aprobación de los presupuestos generales de 2025, que están en el aire por el rechazo de alguno de sus socios parlamentarios, como Junts per Catalunya. Ahora, gracias a la DANA, quiere el respaldo del PP a las cuentas del próximo ejercicio para sacarlas adelante. Los populares consideran que esto es un «chantaje».
El Gobierno considera que el plan de la riada de Valencia tiene unos recursos muy importantes y que por ello es prioritario que el real decreto que fue publicado el jueves en el BOE se incluya en los nuevos presupuestos generales. Para ello, el Ejecutivo hace mención a los 10.600 millones, aunque la inmensa mayoría no salga de las arcas públicas. Hay que subrayar que los avales pueden tener cierto efecto en las cuentas estatales y podrían afectar al déficit público futuro, ya que cubren impagos futuros si los préstamos entran en insolvencia.
En el PP se considera que el giro de Sánchez de utilizar la catástrofe con el fin de poder disponer de nuevos presupuestos y evitar otra prórroga es «diabólico» y que los recursos se pueden tomar de otras partidas, como fondos de contingencias, ayudas europeas u otras. No ha sido el único partido que ha criticado el movimiento del presidente, ya que Podemos -antiguo socio del Gobierno de coalición- ve como una torpeza ligar las cuentas anuales a las ayudas.
