El PP europeo también pide a Ribera que dimita si le salpica la «mafia» de la trama de Aldama
Feijóo solicita la dimisión de la vicepresidenta si esta es imputada e insta a Sánchez a que proponga otro candidato
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, en el 'hearing' al que se sometió esta martes. | Europa Press
Lo que parecía que iba a ser un campo de amapolas para Teresa Ribera en el examen al que se sometió este martes, en Bruselas, sobre su idoneidad para el cargo de comisaria de la Unión Europea se acabó tornando en una pesadilla. Una batería de al menos ocho preguntas coordinadas por el Grupo Popular Europeo y con el apunte de los temas del Grupo Popular español en la Eurocámara -según ha podido conocer THE OBJECTIVE– fue desgastando las intervenciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y aún ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A esa hora, Ribera ya sabía que no se conocerá la nota, ni tampoco la de otros cinco candidatos, al menos hasta la semana que viene, una vez que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados.
Las preguntas sobre su gestión en la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre consumieron gran parte del tiempo de las más de tres horas que Ribera estuvo respondiendo. Ella achacó en todo momento la responsabilidad de la mala gestión a las autoridades «regionales». Asimismo, defendió reiteradamente que a un Estado «descentralizado», como el español, no le cabe más obligación que lanzar las alarmas y controlar el flujo de los ríos. «Insisto en las competencias. Fallaron las alertas a la población. Pero eso no le compete al Gobierno de la nación», afirmó apuntando a Carlos Mazón.
El golpe fuerte de los eurodiputados populares llegó cuando el español Raúl de la Hoz Quintano y la finlandesa Aura Salla le pidieron explicaciones por la licencia que firmó Teresa Ribera en 2022, a favor de una sociedad constituida por Víctor Aldama y Claudio Rivas, ambos en prisión, por un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros. Una trama que fue revelada en exclusiva por este medio, cuando relató que Aldama utilizó las intermediaciones de Koldo y de José Luis Ábalos para provocar una reunión en la que también estaba Rivas con los ministerios de Industria y de Transición Ecológica. Su finalidad era agilizar la ansiada licencia de hidrocarburos y así empezar a operar por toda España, defraudando con el impago del IVA de esas operaciones.
Nerviosa, sin parar de tocarse las manos, en las que llevaba dos grandes anillos de oro, la vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez se refugió en el «Estado de derecho y en el respeto a los tribunales y a las instituciones». Señaló que no tenía «nada que ver con estas referencias que hace usted». Antes, en el turno de preguntas, Salla pidió a la dirigente socialista que se comprometiera «a renunciar de su puesto si sale a la luz si usted, o miembros de su gabinete, tenían vínculos con la mafia». «¿Aceptaría su responsabilidad -añadió- y la asumiría de haber aceptado una empresa responsable por el fraude de los hidrocarburos?».
La mafia de los hidrocarburos
Antes de la intervención de la finlandesa Aura Salla, el popular español Raúl de la Hoz Quintano aseguró que la vicepresidenta española miente cuando dice que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió una alerta, cuando este organismo reconoce que en ningún momento hizo eso. De la Hoz le recordó también «la imputación por parte del Tribunal Supremo de su amigo, compañero de partido, ministro de Transportes y Secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación por su implicación en la denominada mafia de los hidrocarburos en la que su ministerio ha sido pieza necesaria para autorizar las actividades de esta mafia».
Ribera volvió a obviar la pregunta de la dimisión para sacar las mismas cartas que con Salla. En su respuesta, se acogió al patrón de «responder en términos europeos». Remarcó que siempre dice «la verdad». Insistió en que respeta el reglamento, pero también aseguró que los procesos y las decisiones se toman dentro del Estado de derecho. «Estoy convencida de que es así -añadió-. Así que, si tiene usted un problema, por favor vuelva a España. Y sí, que se aplique el Estado de derecho».
Estas dos intervenciones que reclamaban la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno no fueron las únicas que se pudieron escuchar en el hearing de Teresa Ribera. Casi al comienzo del examen, Dolors Montserrat, portavoz del Grupo Popular Europeo, criticó la actitud de la ministra española, «cuyo examen es innecesario -dijo-, porque usted ya se enfrentó a esto hace 15 días en Valencia y, como actual ministra del clima, ha suspedido».
Peticiones de dimisiones
Montserrat señaló a Ribera porque, según la vicepresidenta del Partido Popular Europeo, es a ella a quien le correspondía haber evitado la tragedia, «porque usted es responsable de la prevención, preparación y respuesta de los desastres climáticos. Es responsable de las inversiones en la gestión de los ríos, de la prevención de inundaciones y de las alertas climáticas. Y hoy -afirmó-, no debería estar compareciendo aquí. Debería haber comparecido ya en el Parlamento español ante sus conciudadanos. Pero ha preferido estar escondida para salvar su sillón europeo. Y por eso, estoy segura de que la historia, y quizás también los jueces, la juzgarán por su inacción y su incompetencia». Asimismo, añadió: «Contésteme, señora Ribera: ¿se compromete usted a dimitir si se ve involucrada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Von der Leyen y a todo el colegio de comisarios?».
El italiano Fulvio Martusciello, del Grupo Popular Europeo, también pidió la dimisión de la aspirante a comisaria, no sin antes mostrar su preocupación por las consecuencias de tener una candidata a comisaria «que no tiene ninguna experiencia en temas de competencia y que ha demostrado una gestión desastrosa previa a la DANA».
«Este Parlamento -sostuvo Martusciello– está realmente preocupado por su inexperiencia en materia de competencia. No tiene ninguna experiencia en ese ámbito y ese fallo o falta de experiencia puede ser un obstáculo para usted. Por otro lado -añadió-, es indiscutible que ha habido una incapacidad del Gobierno en España al prevenir la catástrofe. Han faltado las inversiones necesarias que la hubieran prevenido y ha habido una gestión desastrosa previa. Frente a esto -declaró-, señora Ribera, nos preocupa su incapacidad para gestionar la materia asignada».
La respuesta de Teresa Ribera a estas afirmaciones fue que, al igual que «otros Estados descentralizados en Europa, el Gobierno central es el que asume la generación de la alerta para la opinión pública y adopta las medidas para proteger a la población. Pero -siguió- las alertas se emitieron en tiempo adecuado y fueron las instituciones nacionales las que, ya el día 29 alertaron a las siete y media de la mañana, y las que decidieron cancelar todas las actividades, como la de la Universidad de Valencia. Así que muchas veces fueron alertas que las autoridades locales no siguieron».
Risas por la libertad de prensa
Resultó llamativa la interpelación del eurodiputado francés François-Xavier Bellamy, quien centró su pregunta en las dudas sobre el Estado de derecho en España, así como «en los ataques a los jueces llevados a cabo por el Gobierno y la propia Teresa Ribera».
«El 19 de enero de este año -señaló el político galo-, usted misma cuestionó la decisión judicial de un magistrado de la Audiencia Nacional que iba en contra de los intereses del Gobierno», le recordó. Bellamy también sacó a colación la política de medios de comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez y la acusó de «fragilizar el Estado». «El mismo informe de la Comisión Europea, por otra parte -relató-, recuerda que esos ataques se multiplican a día de hoy contra los periodistas que osan criticar a su Gobierno y que la independencia de los medios de comunicación está en gran peligro. ¿Cómo puede usted garantizar que va a respetar el Estado de derecho, que es indispensable para cualquier persona?», preguntó.
En este punto, Ribera volvió al comodín del Estado de derecho y, entre algunas risas del grupo mayoritario del Parlamento Europeo, defendió que «en los Estados miembros de la Unión Europea y también de España, se cumple a rajatabla la libertad de expresión, como bien se puede observar por la variada opinión publicada».
Las condiciones del PP
Este miércoles, los socialistas europeos acusaban a Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP español, de entorpecer la elección de todo el Colegio de Comisarios, dado que el martes, al votar en contra de la candidatura de Teresa Ribera, se frenó el proceso de evaluación que se pospone, al menos, a la próxima semana, siempre que la vicepresidenta tercera del Ejecutivo de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre su gestión en la DANA.
Los socialistas manifiestan que ellos también jugarán sus cartas para poner dificultades al resto de comisarios que no pertenezcan a su adscripción política. Fuentes populares aseguran a este diario que este propósito ya lo están llevando a cabo con Hungría o con Italia, y que, por tanto, sus argumentos se desvanecen porque critican lo que ellos mismos hacen.
Entretanto, este miércoles por la tarde, el Partido Popular Europeo (PPE) ha supeditado su evaluación de Teresa Ribera a que ésta se comprometa a dimitir si es procesada por su gestión de la DANA y que comparezca ante el Congreso de los Diputados.
En pleno pulso entre las familias políticas, los líderes de la llamada ‘gran coalición’ sobre la que se soporta la aprobación de Von der Leyen, la formada por PPE, S&D y liberales (RE), han acudido este mismo miércoles a la sede de la Comisión para abordar la crisis con la jefa del Ejecutivo comunitario.
La sombra de un segundo hearing
El proceso entra ahora en nueva fase, según explican fuentes de la Administración bruselense. Cabe la posibilidad de que se le formulen más preguntas a Ribera o incluso que tenga que someterse a un segundo hearing, por lo que necesitará el apoyo afirmativo de dos tecios y, en otra siguiente votación, por mayoría simple. Si no lo consiguiera, la conferencia de presidentes le pediría a Ursula von der Leyen otra candidatura.
También puede ocurrir -aunque esto no ha sucedido-, que Sánchez rechace esa petición y se mantenga en sus trece. Claro que -añaden estas mismas fuentes- una reacción de este tipo parece bastante improbable, teniendo en cuenta que ese segundo candidato sería un ministro socialista.
