El drama de Salva y Yolanda: cinco años con un 'inquiokupa' y 30.000 euros perdidos
Estos propietarios alquilaron una habitación a un individuo conflictivo que echó de la casa al resto de los inquilinos
Manifestación de afectados por la ocupación | Archivo
El caso de Salva y Yolanda es solo un ejemplo más de un fenómeno creciente en España tras la aprobación por parte del Gobierno de las medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda a raíz de la covid19. La aprobación de este decreto, que suspende los desahucios de los considerados vulnerables y la continua prórroga de esta medida, es la causa, según los expertos del sector, de que el fenómeno de la ‘inquiocupación’ esté aumentando.
Este matrimonio cacereño de mediana edad decidió hace unos años, como muchos españoles, comprar una vivienda para ponerla en alquiler pensando que en un futuro la pudiesen aprovechar sus dos hijos. «Funcionó bien durante los dos primeros años, se lo alquilábamos a estudiante y trabajadores para poder ir pagando la hipoteca. Pero llegó a nuestra vida este hombre, que al parecer tenía un tercer grado», lamenta Yolanda en conversación con THE OBJECTIVE. En el año 2019 le hicieron un contrato de alquiler de una habitación por un año. La situación parecía normal y el hombre entro a compartir el piso con otras tres personas más.
El inmueble consta de cuatro dormitorios y dos baños, por lo que los propietarios cerraron cuatro contratos individuales. «Pasaron cuatro meses y ya empezó a dar problemas, a no querer pagar gastos, a tener un comportamiento fatal con el resto de inquilinos que tuvieron que abandonar el piso porque no aguantaban la forma que tenía de actuar y de comportarse», explica la afectada.
Comienzan los problemas
«Él se encargó de echarlos hasta que ha logrado quedarse con todo el piso, y desde ese momento ha obstaculizado que entre cualquier otro inquilino», añade. El matrimonio interpuso una demanda para poder echar a este inquilino problemático después de meses sin pagar los gastos. «Él lo que hace es pagar los 140 euros de la habitación, está muy bien asesorado, aunque no siempre porque descuenta supuestos gastos de cosas que se rompen, que son ficticios y no paga los gastos».
Según consta en una de las denuncias presentada por el matrimonio, entre abril de 2020 y agosto de 2022 las deudas por no abonar los gastos del ‘inquiocupa’ ascienden a 1.004,72 euros. Una cantidad a la que hay que añadir la deuda hasta ahora (cerca de 3.000 euros), el dinero perdido por no haber podido alquilar el resto de habitaciones, porque esta persona les impide el acceso, y los gastos en procedimientos judiciales. En total, el matrimonio calcula que ha perdido con esta situación 27.600 euros.
Desde que se fueron los demás inquilinos, los propietarios han seguido intentando alquilar el resto de habitaciones. «En un primer momento, sí se mostraba dispuesto a abrir el piso para alquilarlo, pero lo único que hacía era hablar mal de nosotros, para intentar que el que fuera no se quedara», explican los propietarios. Pero llegó un momento en el que eso cambió y decidió no abrir a ningún posible inquilino.
Uno de los potenciales inquilinos, dada la mala situación del alquiler en este momento, insistió en alquilar una habitación, a pesar de la situación. «Fueron con el contrato de alquiler de una habitación y llamaron a la policía porque no les quería abrir», explican. Sin embargo, para sorpresa y estupor de estos propietarios, la propia policía les dijo que «estaban incurriendo en un posible delito de allanamiento de morada y de presiones» puesto que el ‘inquiokupa’ les decía que los propietarios le habían renovado el contrato hace dos años para la vivienda completa, pero que en ese momento no lo podía mostrar porque no lo encontraba. «Yo intenté darle mi razonamiento, decirle que eso era mentira, pero me dijo que no se me ocurriera mandar a nadie más para alquilar una habitación», explica la afectada.
Una situación que afectó psicológicamente a los propietarios que aseguran que, posteriormente y de manera fortuita, se encontraron en un centro comercial de Cáceres con su inquilino problemático. «Decía que tenía el congelador averiado, que nos iba a denunciar y nos acercamos a hablar con él. Desde ese momento nos ha puesto una denuncia porque dice que le hicimos lesiones, tenemos un juicio penal, yo psicológicamente cuando me llegó eso me puse muy mal, me dio un ataque de ansiedad», explica la afectada que asegura que no entiende de dónde saca la agresión cuando ella apenas pesa 50 kilos y mide 1,60 y su marido tiene una discapacidad que le obliga a caminar con bastón y con mucha dificultad.
«Él tiene 70 años, pero pesa 80 kilos, está fuerte. Que yo tenga que enfrentarme a un juicio así, pagar un abogado, además de todo el dinero que llevo perdido, es increíble», lamenta la propietaria, que está desesperada, inmersa en una situación que se extiende desde hace cinco años. Esta familia calcula que ha perdido cerca de 3.000 euros en procesos judiciales, 3.000 euros en gastos que este inquiocupa se niega a pagar y unos 21.600 euros de rentas por el alquiler del resto de habitaciones que no puede alquilar. «Mis hijos están en la universidad, podrían utilizar ese piso o al menos me vendría bien el alquiler del mismo. Pero ya no es eso, es que se rían en tu cara, que te digan que tu piso es suyo porque es vulnerable y que no te acerques mientras tú pierdes dinero, tienes ansiedad y es mi marido el que tiene una discapacidad».
