Bruselas avala el plan fiscal del Gobierno pero afea el impuesto a la banca y duda de su deuda
El informe de vigilacia del Semestre Europeo lanza dos alertas a la gestión del Ejecutivo español
La Comisión Europea ha avalado este martes la credibilidad del Plan de Estructural Fiscal de España, que establece compromisos para reducir los niveles de deuda y déficit en un periodo de siete años, pese a que el Gobierno no ha presentado aún su borrador presupuestario, por lo que no puede evaluar de momento si las políticas fiscales para 2025 se ajustan a las recomendaciones. La trayectoria debe garantizar que, al final del periodo de ajuste, la deuda pública esté en una senda descendente o se mantenga por debajo del 60% del PIB a medio plazo y que el déficit no supere el umbral del 3% del PIB que exigen las reglas fiscales de la UE, reactivadas tras cuatro años congeladas por la pandemia.
En su plan, el Gobierno prevé que la deuda baje del 102,5% en 2024 al 98,4% en 2027, aunque seguirá por encima del 90% en 2031, cuando finalice el periodo de ajuste. De este modo, recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, aunque no especifica cuándo se logrará reducir la deuda por debajo del umbral del 60%. En base a estos compromisos, Bruselas considera que el plan de España cumple los requisitos del nuevo marco fiscal al establecer una trayectoria «creíble» para garantizar una senda descendente «continuada» de la deuda.
En base a estos compromisos, Bruselas considera que el plan de España cumple los requisitos del nuevo marco fiscal al establecer una trayectoria «creíble» para garantizar una senda descendente «continuada» de la deuda.
Sin embargo, la Comisión Europea también acaba de adoptar este martes otro informe, el de vigilancia sobre España en el marco del paquete de otoño del Semestre Europeo al que ha accedido THE OBJECTIVE, y en el que se establecen dos claras alertas. Por un lado, se muestra muy reacia a convertir el gravamen a la banca en un impuesto, con clara intención de permanencia. En este sentido, avisa y subraya que esta figura fiscal puede afectar de forma desproporcionada a las personas con rentas más bajas por el posible aumento de los tipos de interés de los préstamos y, afectar a la igualdad de condiciones con toda la UE, pues hay bancos de otros países. Exige una evaluación rigurosa y cuidadosa que considere las implicaciones de los aumentos de impuestos bancarios en España.
Por otro lado, además, el informe de la Comisión también duda de la sostenibilidad de los cálculos de deuda pública que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez. Es por eso que el informe de control añade que resulta arriesgado prever que el ratio de deuda sobre el PIB disminuya hasta el 100,8% en 2027, pero que aumente gradualmente hasta el 112,1% del PIB en 2035, señalando lo preocupante que resulta que los cuatro escenarios alternativos (por ejemplo, en un supuesto de intereses más altos) conducen a niveles de deuda superiores a los del escenario de referencia.
Riesgo de no cumplir con el déficit
No en vano, el Ejecutivo comunitario, al que le quedan pocos días para su relevo, cree que España cumple en su Plan Estructural Fiscal y, sin borrador de Presupuestos, en los criterios para justificar una prórroga del periodo de ajuste de cuatro a siete años -al igual que Finlandia, Francia, Italia y Rumanía-teniendo en cuenta reformas como la del sistema de visados de trabajo y búsqueda de empleo.
En cuanto al déficit, la Comisión mantiene que España cerrará 2024 con un 3%, pero advierte de que corre el riesgo de incumplir la reducción de déficit comprometida en su plan de ajuste, ya que las previsiones económicas de Bruselas auguran un 2,6% para 2025, una décima por encima del 2,5% que recoge el plan, y un 2,7% para 2026, superando en seis décimas el 2,1% del compromiso adquirido. Bruselas se basó en la garantía de que España acabará el año en el 3% para salvar al Gobierno de un expediente por déficit excesivo pese a terminar 2023 con un 3,5%, cinco décimas por encima del umbral que exigen las reglas fiscales.
Procedimiento de déficit excesivo
La Comisión sí abrirá un procedimiento de déficit excesivo a Bélgica, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Malta, Polonia y Rumanía, que serán objeto de medidas correctivas.
Ahora, el Consejo debe aprobar los planes y, tras obtener su visto bueno, la Comisión deberá controlar si los Estados miembro respetan los compromisos adquiridos durante todo el período cubierto por el plan, para lo que las capitales deberán presentar informes anuales de situación.