El Gobierno prioriza el derribo de minipresas con un 30% de las obras hidráulicas sin ejecutar
La inversión en demoliciones de azudes supera los 2.500 millones y las grandes obras sin ejecutar, poco más de 3.000
Teresa Ribera ha cedido la cartera de Transición Ecológica, responsable entre otras cosas de las cuencas hidrográficas y de frenar el efecto de las inundaciones, a Sara Aagesen. | Europa Press
Las inundaciones del pasado 29 de octubre, que han provocado más de 220 fallecidos, cientos de miles de damnificados y pérdidas millonarias, han dejado en evidencia la escasa y deficiente inversión en infraestructuras hidráulicas. Como ha informado THE OBJECTIVE durante las últimas semanas, el Gobierno ha dejado en el cajón planes programados hace décadas y ha dado prioridad a inversiones poco costosas. El objetivo era minimizar el daño medioambiental y dejar de lado grandes proyectos que, presumiblemente, hubieran evitado la catástrofe.
La primera responsabilidad en la ejecución de obras la tiene el Ministerio de Transición Ecológica y los organismos vinculados. El debate se ha centrado en cómo se ejecutaron los avisos, el funcionamiento de las alertas y la coordinación. Finalmente, tras la catástrofe, queda por acreditar quién puso en funcionamiento todos sus medios para subsanar el efecto de las inundaciones. Las responsabilidades son compartidas entre las administraciones en tres escenarios muy diferentes.
Los datos recogidos en diferentes informes y planes oficiales dejan constancia de las demoras en las ejecuciones de infraestructuras de calado. Casi un 30% de las obras previstas en los últimos planes hidrológicos siguen sin ejecutarse y buena parte del actual programa, que finaliza en 2027, sigue pendiente. La excusa para no actuar en un primer momento fue la crisis económica. En ese contexto eran preferentes otras inversiones. Superada la crisis, priman las ejecuciones de poco impacto y sistemas de alerta que se han demostrado ineficientes.
Plan de obras hidráulicas
La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2027, analizada por THE OBJECTIVE, deja patente las prioridades del Ministerio de Transición Ecológica. Estas se centran en la destrucción de pequeñas presas y azudes, una labor que supone una considerable cantidad del presupuesto. El importe dedicado a este fin, cerca de 2.5oo millones, supondría ahora un importante estímulo para recuperar lo perdido tras las riadas y para la ejecución de nuevas obras hidráulicas.
«Entre las actuaciones más relevantes destacan las relativas a la mejora de la continuidad fluvial con la demolición de azudes y presas o su permeabilización. En muchos casos, los azudes o presas se encuentran en desuso al haber concluido su vida útil», señala la estrategia de restauración de ríos. Desde 2005, se han destruido 663 infraestructuras de este tipo y la mitad de las demoliciones han tenido lugar entre 2018 y 2022. El principal inconveniente de estas minipresas, señala el ministerio, es que en algunos casos «impiden o limitan en gran medida el ascenso y descensos de especies piscícolas migradoras». La inversión, independientemente del objetivo final, resulta desmesurada.
Agricultores y Fenacore
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) -que representa a más de 700.000 agricultores de toda España- ha puesto sobre la mesa la posibilidad de redirigir políticas. Los representantes de los regantes, un colectivo especialmente afectado por lo que sucede en los cauces de los ríos, aboga por aprovechar la reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para rediseñar determinadas estrategias.
Así, proponen destinar el elevado presupuesto diseñado para eliminar presas a la ejecución de nuevas obras hidráulicas en los planes hidrológicos. Fuentes de la asociación apuntan que un buen número de las pequeñas presas en la picota no tienen impacto ambiental, pero sí son trascendentes para los agricultores. Otras llevan décadas cumpliendo una útil función. En concreto, los agricultores urgen a construir las 27 presas que recogen los planes hidrológicos vigentes, aprobados por el Gobierno en 2023.
Rediseño de los planes
Fenacore ha puesto en marcha un exhaustivo informa en el que queda patente que las obras sin ejecutar contempladas en los planes hidrológicos tienen un valor cercano 3.000 millones de euros. La consecuencia, según admiten desde la asociación, es una mayor vulnerabilidad ante «fenómenos climatológicos más extremos». Los datos que aproximan a la ineficiente ejecución muestran que están pendientes 27 presas contempladas en los planes hidrológicos vigentes.
Entre las actuaciones prioritarias para mitigar las consecuencias de futuras inundaciones, los regantes destacan la limpieza de cauces para mantener los ríos en buen estado funcional y ecológico. Precisamente esta ha sido una denuncia recurrente de los ayuntamientos que el 29 de octubre se vieron afectados por la riada por la falta de limpieza de los cauces.
Prioridad ecológica
Otro de los asuntos que remarca Fenacore es la importancia del encauzamiento de ríos y barrancos para controlar y dirigir el flujo del agua con el objetivo de prevenir inundaciones y proteger infraestructuras y viviendas cercanas al cauce. Del mismo modo, no recomienda construir ni rehabilitar viviendas dañadas en zonas inundables. Este hecho es especialmente relevante y causa del mayor impacto de las inundaciones.
Por último, los regantes defienden sus propuestas, asegurando que ellos son los primeros ecologistas, «al vivir por y para el campo». Sin embargo, admiten su preocupación porque en el nuevo ciclo de planificación hidrológica siga primando el ecologismo y la restitución de los ríos a su régimen natural, sin evaluar los efectos económicos y sociales. Así, avisan que el nuevo Gobierno comunitario no debería priorizar la filosofía ambientalista sobre la planificación hidrológica, obviando sus bondades para mitigar los efectos climatológicos más adversos. La propuesta cae en saco roto. La nueva responsable es Teresa Ribera, la encargada de la planificación hidrológica durante los últimos seis años.
