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Economía

El Gobierno descarta usar lo que queda del fondo de la SEPI para operaciones como Talgo

El Ejecutivo dice también que esta herramienta se ha financiado sin aportación de ningún tipo de fondo europeo

El Gobierno descarta usar lo que queda del fondo de la SEPI para operaciones como Talgo

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta de Gobierno. | Rocío Ruz (Europa Press)

El Gobierno ha descartado utilizar el remanente del fondo de rescate (Fasee) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en futuras operaciones, entre las que se podría encontrar la entrada en empresas estratégicas como Talgo. En respuesta a dos preguntas parlamentarias del Grupo Popular a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ejecutivo sale al paso de los rumores que se habían instalado en el mercado respecto de nuevas inyecciones a esta herramienta o la utilización de sus recursos sobrantes para comprar acciones en sociedades privadas.

El Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) se creó en plena pandemia para rescatar a compañías en crisis a causa del parón económico. Funcionó entre junio de 2020 y junio de 2022 con 10.000 millones de presupuesto, aunque finalmente solo se concedieron 3.255 millones a compañías como Air Europa, Duro Felguera, Plus Ultra, Ávoris, Air Nostrum y Técnicas Reunidas. Posteriormente, y tras la renuncia de Blue Sea y Celsa, se terminaron entregando 2.681 millones, de los que ya se han devuelto anticipadamente más de 500 millones. Después de estas operaciones, al fondo le quedan 319 millones que no ha devuelto al Tesoro.

En este contexto, el Partido Popular (PP) hizo dos preguntas parlamentarias para conocer el futuro del fondo de rescate, sus destinatarios y si utilizaba fondos europeos. A comienzos de septiembre requirió el detalle de las ayudas que serían concedidas a través de los Next Generation, porque en la adenda del Plan de Recuperación el Gobierno indicó que financiaría con estos recursos un importe de 563 millones de operaciones aprobadas por la SEPI y que cumpliesen con los criterios establecidos en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Ayudas de la SEPI

También preguntó el desglose de las empresas beneficiarias e importes de operaciones del Fasee que iban a ser financiadas con los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A primeros de octubre, se envió una segunda pregunta relacionada con la noticia desvelada por este diario, advirtiendo de un trasvase de 7.000 millones desde el Tesoro a la SEPI realizado en julio y computado como una aportación patrimonial a este fondo de rescate.

Todo ello, pese a que las cuentas públicas indican que desde el 30 de junio de 2022 -cuando finalizó el Marco Temporal sobre Ayudas Estatales de la pandemia- no eran necesarios nuevos desembolsos. En esta línea, el PP preguntó cuál era la justificación de la aportación patrimonial de 7.000 millones, si había previsión de utilizar el Fasee para alguna otra operación en el futuro y cuál es la parte del Fasee financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La escueta respuesta del Gobierno indica que el Fasee aprobó un total de 30 operaciones de apoyo público temporal por un importe global de 3.255.625.000 euros; que «toda la información correspondiente a la convocatoria, incluidas las ayudas otorgadas por el Fasee, está disponible en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas»; que «la financiación del Fasee se ha realizado en su totalidad con fondos nacionales; y que «no se ha realizado ninguna aportación patrimonial en 2024, ni se tiene previsión de utilizar el fondo para ninguna otra operación futura».

Transferencia del Tesoro

Respecto de los 7.000 millones preguntados anteriormente, este diario publicó que el Gobierno ha corregido dos veces sus cuentas, con tres versiones distintas, para justificar este ingreso momentáneo en las arcas de la SEPI. Un movimiento patrimonial que oficialmente atribuyen a un error en la redacción. De esta manera, en las cuentas de agosto -publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)- ya se había reflejado una devolución, aunque indicando que nunca se produjeron ni salidas, ni entradas de fondos al Tesoro Público.

Este diario también reveló que la SEPI todavía mantiene 319 millones de euros del fondo de rescate para empresas estratégicas que el Ministerio de Hacienda le transfirió durante la pandemia. El Estado hizo una aportación patrimonial de 3.000 millones al fondo, pero la compañía pública sólo hizo préstamos por valor de 2.681 millones. Hasta la fecha no hay constancia documental de que este dinero se devolviera al Tesoro Público.

En todo caso, en el mercado se sospechaba que este dinero -tanto los 7.000 millones, como el remanente del fondo de rescate- podría ser utilizado para que el Estado emprendiese su postergado plan de entrar en empresas públicas estratégicas. Un escenario que se dibuja en medio de rumores de compras de acciones de Naturgy o Talgo. Estas últimas semanas ha sido el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, el que ha vuelto a abrir la puerta a la entrada del Estado y de la SEPI en el operador ferroviario, a propósito de las negociaciones de Sidenor para comprar el 30% que posee el fondo Trilantic en Talgo.

Belén Gualda, presidenta de la SEPI
Belén Gualda, presidenta de la SEPI (Agencias).

Naturgy y Telefónica

Pero no es solo Talgo. También ha estado sobre la mesa la posibilidad de que el Estado entre en Naturgy tras el fracaso de las negociaciones entre Criteria y Taqa para lanzar una opa y reordenar la composición accionarial y el núcleo de control de la energética. Moncloa siempre ha visto con buenos ojos la posibilidad de participar en la compañía que controla el suministro de gas natural de España, aunque hasta la fecha no han dado el paso definitivo.

Donde sí ha entrado es en Telefónica, aunque lo hizo con transferencias directas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados. En total, Hacienda envió 2.300 millones y se usaron finalmente 2.285, con un saldo a favor de 15 millones. La SEPI compró un 10% del capital y situó a Carlos Ocaña en el consejo de administración para reforzar el control sobre la operadora de telecomunicaciones. Esta misma semana se ha autorizado también la entrada de la saudí con hasta el 9,97% del accionariado.

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