Ribera elude su responsabilidad en la licencia de Villafuel señalando a Industria y a la CNMC
Desde 2018, es la Subdirección de Hidrocarburos, dependiente de Transición, la que otorga la licencia de operador
Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra de Transición Ecológica. | Europa Press
Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea, intentó desviar hasta el último momento su responsabilidad de la licencia a Villafuel, la empresa que utilizó la trama de hidrocarburos para defraudar 182 millones de euros. Lo hizo pese a que diversos documentos muestran que sus altos cargos aprobaron trámites y que su ministerio tiene un papel fundamental en la concesión de licencias.
Dos de los máximos responsables del departamento suscribieron el plan de ventas previo al inicio de actividad de operador de hidrocarburos. Uno de ellos, Manuel García Hernández, director general de Política Energética, firmó la resolución de la licencia. Pese a todo, sigue eludiendo la responsabilidad sobre una licencia que permitió un enorme fraude en Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En una respuesta al Portal de Transparencia, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que en ese momento todavía capitaneaba Ribera, asegura que no dispone el expediente de la autorización de operadora a la empresa Villafuel. Este argumento es suficiente, entiende el departamento, para inadmitir la solicitud. Para reforzar su razonamiento y su negativa para dar la información, señala que las competencias en el procedimiento recaen en el Ministerio de Industria y en Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
El papel de Ribera
La Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente de Teresa Ribera y que es el organismo que asume la respuesta, señala al artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. En este punto se indica «…deberán comunicar al Ministerio de Industria, que lo comunicará a su vez a la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el inicio o cese de la actividad…».
Sin embargo, el departamento evita señalar que desde junio de 2018 -fecha que coincide con el desembarco de Pedro Sánchez en Moncloa- es la Subdirección de Hidrocarburos la que otorga la licencia de operador. De esta forma se permitía, hasta principios de 2023, importar el combustible del exterior que llega en barco, almacenarlo en un depósito fiscal y venderlo al exterior (principalmente a gasolineras). Por encima de esa subdirección está la Dirección General de Política Energética y Minas. Cuando alguien recibe el visto bueno para ser operador, la primera lo comunica y la segunda emite la resolución. Tanto la Dirección como la Subdirección dependen de la Secretaría de Estado de Energía. Por último, se envía a la CNMC.
La licencia a Villafuel
Para lograr ese aval que tramita la Dirección General de Política Energética y Minas, en el departamento de Ribera se exigen como requisitos mínimos capacidad legal, técnica y financiera, seguridad de los suministros, medios de recepción, almacenamiento y transporte y existencias mínimas de seguridad. Además, se debe contar con tres millones de euros de capital social. Según fuentes conocedoras, el tiempo que debería ser normal para obtener una licencia está entre dos y tres meses, pero la realidad es que el plazo medio llega a estar entre los 9 y los 12 meses, e incluso más: algunas voces apuntan a 18 meses.
Lo cierto es que esos datos que se requieren, al menos los fiscales, sí estaban a disposición de Hacienda. Sin embargo, el artículo 95 de la Ley General Tributaria sostiene que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado. Los datos de Aldama y su socio Claudio Rivas no pudieron conocerse, por lo que no se paralizó una operación abocada al fraude.
La concesión de la licencia a Villafuel se dio en septiembre de 2022, pese a que en abril de 2021 el que controlaba la compañía era Claudio Rivas, socio de Aldama y conocido por su vinculación pasada en el fraude de los hidrocarburos. De hecho, su nombre ya figuraba en los atestados de la Guardia Civil por sus relaciones con otros empresarios y su implicación en casos de fraude similares a los que hoy se investigan.
Villafuel, empresa capitaneada por el comisionista Víctor de Aldama y el empresario Claudio Rivas, obtuvo la licencia de operador el 15 de septiembre de 2022. Solo dos días antes, Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, cesó en la CNMC, el organismo que la ministra apunta como corresponsable. Bacigalupo era consejero en la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC.
