Los ayuntamientos quitan cestas de Navidad a funcionarios tras el fallo del Tribunal de Cuentas
Eliminan retribuciones y regalos fuera de convenio «que ocasionan un perjuicio económico en la hacienda pública»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La decisión del Tribunal de Cuentas de condenar al alcalde de un pueblo madrileño de apenas 2.500 habitantes a devolver el dinero público mal utilizado en la compra de cestas de Navidad ha provocado una reacción en cadena en decenas de municipios que dejará sin el lote navideño a miles de funcionarios. En el punto de mira no están solo las esperadas cestas de Navidad; también obsequios, gratificaciones y premios no previstos en acuerdos o convenios colectivos.
Pese a que muchos ayuntamientos mantenían la tradición, durante décadas, de obsequiar a trabajadores públicos, vecinos e incluso contratistas con un regalo navideño, el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado tajantemente en contra de esta práctica en algunos contextos mayoritarios –ver sentencia 07/2023 del Tribunal de Cuentas-. La resolución, que lleva fecha de 5 de diciembre de 2023 y que resulta relevante ahora, señala que «la entrega de caudales públicos en favor de terceros para una finalidad ajena a los intereses públicos no es sino una liberalidad que ocasiona un perjuicio económico en la hacienda pública».
Los juristas consultados por THE OBJECTIVE destacan que las cestas de Navidad y otros obsequios son considerados un gasto arbitrario de la Administración. El Tribunal de Cuentas apunta que todo gasto necesita de una justificación para poder acometerse, «pese a que esté consolidado desde hace 40 años», señalan. Además, resaltan una nueva vía de actuación por parte de los trabajadores que consideran estos regalos de Navidad un derecho.
Funcionarios sin cesta de Navidad
«Los funcionarios y laborales podrían plantearse reclamarlo como derecho adquirido, y si lo ganasen, la Administración estaría obligada a dárselo porque ya tendrían una justificación acreditando la periodicidad de esta prebenda o beneficio», subraya el abogado experto en derecho laboral Arturo Segade.
«En derecho público la costumbre no es fuente de derecho, salvo excepciones admitidas expresamente en la regulación específica administrativa, pues la Administración está sometida al principio de legalidad –artículo 103 de la Constitución-«, señala el órgano fiscalizador en su sentencia. «En ningún caso, con base en una costumbre o práctica habitual, se podría perpetuar una ilegalidad, puesto que lo habitual por sí solo no se convierte en legal», resalta.
Venturada y Ascó
Tras la sentencia, se han producido decisiones en cadena por parte de responsables municipales que temen multas similares a las que se impuso al alcalde de Venturada (Madrid). El primer edil de esta localidad tuvo que devolver 11.710 euros que costaron 110 cestas de Navidad (con ibéricos) en 2021. La justificación del alcalde ventureño para regalar estas cestas, que incluso llegaron a personas ajenas al consistorio, fue que todos los beneficiados colaboraron con la corporación municipal para paliar los efectos de la covid-19. Otros ediles argumentan que estos regalos son un mecanismo para reactivar el comercio local.
Mientras que en la función pública se estipula que las retribuciones deben estar fijadas en acuerdos y convenios, en la empresa privada se contemplan estos pagos y regalos, incluida la cesta de Navidad, como una retribución en especie, y hay que declararla y cotizar cuando se percibe. El salario en especie es una forma de pago en la que el trabajador, en vez de recibir un sueldo por sus servicios, percibe un abono con servicios o bienes. Las retribuciones en especie son realmente un ingreso para el trabajador, su valor se debe reflejar en la nómina. A la hora de calcularla, se debe tener en cuenta el reglamento de IRPF.
Decisiones en cadena
Hace apenas un mes, la Diputación de Tarragona decidió anular la compra de 1.340 regalos navideños para sus trabajadores. La Administración provincial ha cancelado la adquisición a raíz de una advertencia del interventor, alertando de la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Venturada.
Según señala Diari de Tarragona, en la Diputación han señalado que querían gratificar a los trabajadores «de una forma simbólica, con lotes de 40 euros, para promocionar los productos agroalimentarios de proximidad e impulsar las empresas del tercer sector». Sin embargo, ya con el concurso público en marcha, «Intervención nos alertó de la sentencia 07/2023 del Tribunal de Cuentas, por lo que se ha desistido del expediente», apuntaron desde la Diputación. El coste del regalo era de 69.115 euros. También el Ayuntamiento y la Diputación de Lérida han tomado una decisión similar. En estas instituciones, algo más de 2.200 funcionarios y laborales se quedarán sin cesta este año. El importe estimado de estos obsequios superaba los 44.000 euros.
En la misma línea se ha pronunciado el ayuntamiento tarraconense de Ascó. Este consistorio llevaba entregando una cesta de Navidad a sus empleados públicos desde hace más de dos décadas. Esta práctica, tras el fallo de Tribunal de Cuentas, se ha suprimido. El anuncio, según destaca la prensa catalana, llegó a través de un correo electrónico en el que se informaba a los funcionarios de la decisión. Los responsables municipales lo lamentaban y aseguraban que los productos que contenía esta cesta se compraban a productores locales, lo que servía para reactivar el comercio.
