Los juristas prevén un conflicto legal por la tasa energética que quiere aprobar Sánchez
El Gobierno usará un Decreto Ley para prorrogar la tasa que la Cámara ha vetado con el voto de PP, Junts, PNV y Vox
Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en la bancada azul del Gobierno, en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
Ajeno a la votación del Parlamento español, el presidente del Gobierno ha afirmado que en el último Consejo de Ministros, de este año se aprobará la extensión del gravamen a las empresas energéticas para 2025 con un Real Decreto Ley. De este modo, contraviene la votación del Congreso de los Diputados, que con la alianza PP, PNV y Junts -estos dos últimos son socios de investidura de Sánchez- vetó esta semana el impuesto a las energéticas, así como la equiparación del gravamen del diésel. Unas resoluciones que habrán de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La cuestión mollar sobre este asunto -explican fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE– es que Sánchez quiere adelantarse a la rúbrica del Boletín Oficial del Estado, retando la decisión final de la mayoría de los diputados de la Cámara Baja. Una escaramuza política que no respetaría el tiempo de procedimiento de publicación del texto definitivo aprobado, incorporando nuevas medidas como la eliminación de un impuesto a las empresas energéticas.
Mientras se culmina el texto, el Rey lo sanciona y se promulga y luego se publica, pueden transcurrir entre 10 y 15 días, margen suficiente para que Sánchez ejecute el anuncio que él mismo hizo desde Bruselas al término de la última reunión del Consejo Europeo de este año.
Una determinación que, en opinión de los juristas consultados por este diario, acarreará una sucesión de litigios, pues resulta evidente que jurídicamente «hay una voluntad clara del legislador de que no entre en vigor el impuesto a las energéticas, señalando que, con un Real Decreto-Ley (RDL) como quiere Sánchez «se está contraviniendo esa decisión, aprovechando además unos plazos».
El uso perverso del Real Decreto
Conociendo de antemano que el Gobierno aprobará sendos decretos leyes la próxima semana con ambas tasas -aunque es previsible que no puedan convalidarse en el Congreso por las posiciones que han expresado los grupos parlamentarios-, algunos juristas mantienen que, por mucho que apruebe el Gobierno, automáticamente ganará la derogación y la medida perderá todos sus efectos. Pero el Ejecutivo -creen fuentes parlamentarias-, intentará defender lo contrario, con lo cual puede haber un conflicto jurídico importante que puede acabar en los tribunales, por el uso torticero que el Gobierno hace de los decretos leyes.
Otro experto jurista se detiene en la estructura de la figura tributaria, de manera que lo que previsiblemente hará el Gobierno -anticipa- será utilizar el RDL para prorrogar el gravamen vigente. Pero aquí la cuestión será entonces, «el uso del Decreto-Ley porque no hay ninguna situación de urgente necesidad que lo justifique». Recordemos que el Decreto-Ley se puede tramitar por el procedimiento de urgencia a la hora de convalidarlo y -apunta este experto- es de suponer que tendrá fecha posterior a la medida aprobada actualmente, por lo que, por el criterio de aplicación preferente de la norma posterior, no habría derogación. Ahora bien, «es un uso fraudulento de la facultad de dictar decretos leyes».
En ese sentido se pronuncia César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, y para el que «el veto del PP es a la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley. Pero el decreto ley es una norma diferente». Eso sí, «el truco está en usar perversamente un instrumento normativo para evitar un veto del Parlamento; para mí, es un fraude de ley».
Dos acuerdos, dos promesas distintas
Hay que remontarse a la fase de negociaciones del proyecto de ley que establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las multinacionales. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados se desconvocó hasta en dos ocasiones por no conseguir quorum para redactar el dictamen y se llegó a paralizar durante horas en la última y larga noche que se cerró el paquete fiscal.
El Gobierno selló entonces dos acuerdos distintos con sus socios de investidura, a cambio de apoyo a la pretendida reforma fiscal aprobada esta semana en el Parlamento. Por un lado, agrupó a ERC, EH Bildu y BNG para asegurar que este gravamen se acabará convirtiendo en un impuesto, aunque, de momento, la disposición se queda en una prórroga durante todo 2025.
Y por otro, se comprometió con Junts a dejar morir el impuesto a las energéticas para no dañar a empresas como Repsol y su proyección de inversiones en centrales como la de Tarragona. Pero el ofrecimiento a ERC, Bildu y BNG no casaba con los de Carles Puigdemont y, frente a ese desaguisado, Hacienda tuvo que salir del trance afirmando que no se gravará a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización. Lo que, por otra parte, ya hacen prácticamente todas las empresas de España. Claro que este detalle no se dio a conocer a los tres grupos independentistas de izquierdas.
La falta de apoyos
Con estas cartas, y con la idea de prorrogar el gravamen desde el uno de enero de 2025, aprobado ya el RDL en Consejo de Ministros, el Gobierno habrá de enfrentarse una vez más a la votación de la Cámara Baja, con dos argumentos contrarios. Por un lado, la promesa hecha a ERC, Bildu y BNG, y por otro, el pacto de no gravar a quienes inviertan en energías verdes.
Entretanto, el Ejecutivo tendrá que asumir el conflicto legal que se derivará de un veto del Parlamento por parte del PP y de dos de sus socios de investidura, como PNV y Junts, que según fuentes políticas, podrían aliarse de nuevo para tumbar otras propuestas del Gobierno.
