El sector de la vivienda teme un crecimiento de la okupación tras la prórroga antidesahucios
El ‘escudo social’ incluye la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables
Una mujer, con un chaleco que pone 'Soy víctima de inquilino okupa' | Archivo
Los peores presagios se han cumplido para los afectados por la okupación e inquiokupación. El Gobierno ha incluido en la batería de medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros del año la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables de su vivienda habitual y sin alternativa habitacional. El BOE recoge la posibilidad hasta el 31 de enero de 2026 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario recogida en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Una medida que, según fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE, no contribuye a incrementar la oferta de alquiler -que es lo que le hace falta al mercado- y temen que favorezca el aumento de «manera exponencial» del fenómeno de la okupación. «Son medidas que no van a ayudar que haya más viviendas en alquiler, que es lo que necesita el mercado de arrendamientos urbanos», lamentan desde el sector inmobiliario. «¿Quién resarcirá a los propietarios afectados por esos daños de tener casi cinco años privados de su vivienda, de venderla o alquilarla?», se pregunta Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, en declaraciones a este diario.
Salcedo aconseja a los propietarios afectados que reclamen daños y perjuicios. Además, añade, la prórroga continua de la medida «desincentiva a los vulnerables a salir de su situación y fomenta la economía sumergida». Tanto desde el sector inmobiliario como desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación no se oponen a la adopción de medidas legislativas que protejan a las familias más vulnerables, pero lamentan que se haga a costa de los propietarios. «Exigimos que sean las administraciones las que dispongan los recursos habitacionales, o bien las ayudas económicas que requieran para evitar que estas familias sean desahuciadas», asegura Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma.
Escudo social pagado por el particular
«Si las medidas sociales del Gobierno las paga el propietario particular es injusto, se tendrá que hacer cargo la Administración pública», indican a este diario fuentes de Alquiler Seguro. «Si el escudo social está acompañado de una protección de la Administración pública, fenomenal, pero no a costa del propietario particular».
Una medida que no ayuda a generar más oferta de alquiler que es lo que necesita el mercado de arrendamientos urbanos y que incide en la «inseguridad jurídica» del mismo, según otras fuentes del sector. La Plataforma de Afectados, que hace un seguimiento de este fenómeno, asegura la inquiokupación -inquilinos que empiezan pagando la renta y dejan de hacerlo pasados unos meses- se ha incrementado de manera notable precisamente a raíz de la aprobación de este decreto en marzo de 2020 coincidiendo con la pandemia. Y desde entonces no ha parado de crecer.
«La decimoprimera prórroga del mal llamado «escudo social» paraliza los escasos avances legislativos aprobados por la enmienda del PNV en la ley de eficiencia del servicio público de justicia», lamentan. Los afectados por este fenómeno consideran que la ausencia de medidas estructurales que aseguren los recursos a las familias vulnerables que puedan ser desahuciadas obliga al Gobierno a prorrogar este decreto sin considerar las consecuencias que provoca sobre terceros, en este caso sobre pequeños propietarios de una vivienda en alquiler.
Más okupación en 2025
Diferentes fuentes del sector consultadas por este diario prevén que esta medida fomentará la okupación e inquiokupación en 2025. Una situación que generará «un grave perjuicio para los afectados y una gran preocupación en la ciudadanía ante la falta de medidas legislativas que acaben con estos delitos», según la Plataforma de Afectados.
Junto a otras medidas como la entrada en vigor del nuevo índice de alquiler en el mes de enero, el sentimiento de «inseguridad jurídica» en el sector «continuará» en 2025, lamentan. Las empresas del sector consideran que son medidas que fomentan que los impagos «se conviertan, en muchos casos, en voluntarios e injustificados, pues el inquilino sabe que su incumplimiento no va a tener consecuencias a medio plazo».
