El Gobierno asume que Venezuela no pagará su deuda con España tras 21 años sin negociar
Caracas se escuda «en la situación económica y cambiante del país» como razón para no regularizar los pagos
Alejandra Svriz
La deuda de Venezuela con España se situó en 222 millones de euros a finales de 2023, una cifra que ya triplica a la que se encontró Pedro Sánchez en 2018, año en el que accedió a la Presidencia del Gobierno tras una moción de censura contra Mariano Rajoy. El Ejecutivo ha asegurado que el desmesurado incremento no se debe a nuevos préstamos, sino a impagos declarados de operaciones cubiertas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) y al devengo de intereses de demora generados por los impagos.
Entre 2011 y 2018, la cantidad que el país latinoamericano adeudaba a España se mantuvo estable, en torno a los 70 millones de euros. Sin embargo, a partir de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, los impagos se han multiplicado. Venezuela ha pasado de ser el decimosexto deudor de nuestro país a situarse entre los seis principales.
El cobro de esta deuda millonaria se plantea en este momento imposible. Mientras que persista el régimen de Nicolás Maduro, nada apunta que se den pasos para renegociar los adeudos. De hecho, desde 2004 no se ha producido ningún tipo de negociación para el alivio de la deuda, según reconoció el actual ministro Carlos Cuerpo cuando ocupaba el cargo de secretario general del Tesoro.
Deuda y el Club de París
El Gobierno admite en una reciente respuesta parlamentaria a instancias del Grupo Vox a la que ha accedido THE OBJECTIVE las grandes dificultades para recuperar lo adeudado. Venezuela «se ha escudado fundamentalmente en la situación económica y cambiante del país como razón para no regularizar los pagos». También asume que la situación de default de Venezuela es generalizada, afectando al conjunto de acreedores internacionales.
Las excusas para no pagar del régimen de Maduro han sido reiteradas, mientras que Cuba, otro de los grandes morosos con España, se ha mostrado más abierta a negociar y ha conseguido quitas y reprogramaciones de pagos como la que tuvo lugar en 2021, justificada por la pandemia. Las deudas de Cuba ascienden a 2.000 millones, prácticamente diez veces más que las que tiene Venezuela con España. Caracas adeuda a los países integrados en el Club de París, el foro internacional que reúne a las naciones de la OCDE ante el cual recurren los países deudores para reestructurar su deuda, 7.900 millones de euros. Cuba debe 4.500 millones y casi la mitad es deuda española.
Intentos infructuosos
El Gobierno destaca que, a través de la Cesce y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y con el ICO como agente financiero, ha reclamado a Venezuela el recobro de la deuda, una petición que Caracas ha desoído. Insiste que ha realizado gestiones para tratar de recobrar los importes adeudados de acuerdo con los procedimientos previstos en los contratos de préstamo y de seguro.
«Las deudas del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), como la procedente de la cobertura de seguro de crédito a la exportación por cuenta del estado, gestionada por Cesce, son relativamente antiguas», aclara. Finalmente, la excusa para que no haya habido avances es que «los deudores se han escudado fundamentalmente en la situación económica y cambiante del país como razón para no regularizar los pagos».
Las gestiones con Cuba son algo distintas y se han logrado mínimos avances. Los últimos acuerdos del Gobierno de España con Cuba para la reestructuración de su deuda se remontan a 2015 y 2016. En abril de 2015, Cuba alcanzó un acuerdo para la reestructuración de su deuda de medio y largo plazo con el Grupo de Acreedores del Club de París. Fruto de aquel, Cuba firmó dos acuerdos con Cesce: el primero, el 2 de noviembre de 2015, para la reestructuración de la deuda derivada de operaciones de seguro de crédito a la exportación a corto plazo.
Cuba y Venezuela
El segundo tuvo lugar en mayo de 2016, para la reestructuración de la deuda derivada de operaciones de seguro de crédito a la exportación a medio y largo plazo. Estos dos acuerdos suscritos con España son análogos a los alcanzados por Cuba con el Club de París, del que España es miembro. Durante la pandemia de la Covid 19, el Club de París adoptó medidas coordinadas de alivio de deuda para impulsar la recuperación económica a nivel global.
En este contexto, los miembros del organismo internacional suscribieron acuerdos multilaterales de reprogramación con más de 40 países deudores. En junio de 2021, el Club de París alcanzó también un acuerdo con Cuba para la reprogramación sin quitas de sus vencimientos de deuda más inmediatos, incluida la aplicación de un tipo de interés compensatorio, de modo que el valor actual neto de la deuda se mantuviera inalterado. «Dentro de las negociaciones existentes en el ámbito del Club de París, cabe destacar el pago efectuado a España en mayo de 2024 por parte de Cuba en concepto de atrasos», asegura el Gobierno.
Opacidad y fallo de la Audiencia
En marzo de 2022, el Consejo de la Transparencia dio la razón al abogado Guillermo Rocafort -frente al Ministerio de Asuntos Económicos que entonces dirigía Nadia Calviño– que exigió información sobre la deuda de Venezuela con España. También se requerían «las peticiones de Cuba y Venezuela sobre condonaciones y reestructuraciones de los impagos, así como las reuniones mantenidas». Meses después, el Gobierno interpuso una acción judicial contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Juzgado Central de lo Contencioso Número 5 dictó sentencia con fecha 29 de marzo de 2023 por la que se desestimaba el recurso contencioso-administrativo presentado por los abogados del Estado y se declaraba que la resolución impugnada era ajustada a derecho. Sin embargo, el Gobierno presentó un recurso de apelación en la Audiencia Nacional contra la citada sentencia. Esta órgano anuló el pasado octubre la sentencia objeto de apelación, así como la resolución del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno.
