Koldo se vio 13 veces con las empresas que luego ganaron un megacontrato de ADIF

La agenda de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes, revela reiterados contactos y reuniones con constructoras los días previos a adjudicaciones millonarias de Carreteras y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Algunos de estos encuentros podrían avalar parte de las declaraciones de Víctor de Aldama, comisionista en varias tramas de corrupción. El empresario entregó a principios de diciembre en el Tribunal Supremo documentos donde denunciaba que una decena de empresas lograron 96 contratos de obras públicas a cambio de comisiones.

Una de estas tramas está vinculada al pago de comisiones previas a la concesión de grandes contratos de obras públicas, buena parte de ellos financiados con fondos europeos. Los criterios subjetivos podrían haber facilitado que esos megacontratos recayesen en determinadas compañías, algunas de Valencia, la región de Ábalos, frente a grandes multinacionales. En algunos casos han sido constatados los abonos de estas comisiones dentro de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Destaca la concesión de un tramo de 14 kilómetros de la A-12 entre La Rioja y Burgos obtenida por las valencianas Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Torrescamara. La UTE, en la que también estaba Grupo Ortiz, arrasó en los criterios subjetivos. Además, negoció un modificado del contrato que elevó el coste de la obra en 12 millones de euros, detalles sobre los que ha ido informando THE OBJECTIVE desde el pasado septiembre. Koldo García se reunió con Levantina y Torrescamara hasta en 15 ocasiones.

Línea de AVE en Palencia

Otro de los pliegos adjudicados bajo el punto de mira es el relativo a la construcción de un tramo de una plataforma de la línea de alta velocidad en Palencia. La UTE conformada por Torrescamara, San José y Obras Públicas y Regadíos (OPR) arrasó en la evaluación subjetiva, superando a todos sus rivales (hasta 19) en los cinco criterios previstos. El pliego, valorado en 104,4 millones de euros, sufrió numerosas modificaciones durante su tramitación, incluida una para incorporar la financiación de fondos europeos.

La adjudicación fue denunciada en 2022 a través del Canal Ético de ADIF. El organismo gestor de infraestructuras ferroviarias, tras medio año de pesquisas e informes, concluyó que no hubo irregularidades. La concesión se hizo apenas tres meses antes de que Ábalos y Koldo García abandonasen el ministerio y, como ha podido verificar este diario, hubo numerosas reuniones programadas por el asesor del entonces ministro con las empresas beneficiarias de este millonario contrato.

Los encuentros de Koldo

Entre noviembre de 2020 y junio de 2021, mes en el que se formalizó el macrocontrato, un trámite que tuvo lugar solo un día después del cese de Ábalos y Koldo García el 10 de julio, en la agenda del asesor se programaron hasta 13 citas y reuniones con las empresas que lograron el encargo.

Koldo García planificó siete reuniones con responsables de Torrescamara y Juan Cámara, el presidente de la constructora, entre el 30 de noviembre de 2020 y el día 2 de junio de 2021. También, según su agenda, el 19 de abril de 2021, solo 10 días antes de la adjudicación del contrato, mantuvo una reunión con «Javier Herrero y OPR». El 1 de junio de 2021 programó un encuentro con «Dani OPR».

La investigación que impulsó ADIF en septiembre de 2022 y que concluyó en marzo del año siguiente, se centró en esta compañía y en tres contratos, entre ellos el de Palencia. Un informe externo de ingenieros de Ineco dejó patente que OPR no debió obtener la mejor puntuación técnica en ninguna de las tres licitaciones evaluadas. Además, consideró que en el caso de la de Palencia se habría producido un cambio significativo en el orden clasificatorio final de las empresas que participaron en la licitación.

Torrescamara, San José y OPR

Koldo García también impulsó los contactos con San José. En este caso se planificaron cuatro reuniones. La primera fue en noviembre de 2020 y las dos últimas en mayo de 2021, tras la adjudicación del pliego, y pocas semanas antes de su formalización. También el asesor de Ábalos contempló encuentros con OHL, la compañía que acudió a la licitación junto con LIC, la empresa que presuntamente pagó comisiones al exministro, a Aldama y a Koldo García por el pliego de Carreteras en La Rioja.

OHL fue la perdedora del contrato de ADIF en Palencia. Según los ingenieros de Ineco, su UTE hubiera superado a Torrescamara-San José y OPR con una evaluación correcta de los criterios subjetivos. Las reuniones agendadas (cinco) tuvieron lugar en 2021. Las dos primeras, solo unos días antes de la adjudicación. La tercera, el 29 de abril, justo el mismo día que se publicó la concesión. Las dos últimas se habrían producido entre el 15 y el 22 de junio, poco antes de que Ábalos y Koldo García dejaran el ministerio.

THE OBJECTIVE también ha podido constatar dos citas con el epígrafe «Reunión Isabel ADIF». Se tratarían de encuentros con la presidenta del gestor de infraestructuras, Isabel Pardo de Vera. Las fechas programadas fueron el 28 de enero de 2021 y el 8 de junio de ese año, un mes y medio antes de la formalización del contrato de Palencia. Pardo de Vera dejó la presidencia de ADIF a finales de julio de 2021 para convertirse en secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El macrocontrato de ADIF

El macrocontrato de ADIF en Palencia fue investigado por supuestas irregularidades en una adjudicación basada en gran medida (hasta el 40%) en los criterios subjetivos. El caso tiene numerosas similitudes con el de La Rioja, en el que sí han sido acreditados pagos y en el que dos empresas valencianas dejaron fuera a 19 firmas gracias a la evaluación discrecional.

En el caso del pliego de Palencia, durante la tramitación del contrato hubo cuatro rectificaciones, cinco del anuncio de licitación y una de la formalización. Finalmente, la obra fue financiada con fondos europeos a través de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El detalle de las valoraciones muestra que la UTE de Torrescamara consiguió 38,28 puntos de los 40 posibles en los cinco criterios subjetivos. Mientras, otra empresa valenciana, Rover Infraestructuras, que acudió al concurso junto a Sando, logró la segunda mejor valoración con 38,4 puntos. La tercera plaza la logró OHL y LIC, calificadas con 37,34 puntos.

Torrescamara, San José y OPR lograron la máxima calificación en los criterios tecnológicos. También tuvieron casi la máxima en actuaciones medioambientales y en la memoria de trabajo, que puntuaba la mitad de la nota final. En este aspecto, OHL consiguió superar a Torrescamara. Esta (que participaba en la UTE con un 30% igual que OPR, mientras San José lo hacía con el 40%) presentó una oferta económica con una baja del 24,1%. Las tres empresas que superaron ese porcentaje fueron eliminadas por adjuntar propuestas temerarias.