Seis catedráticos de Derecho comparan la política laboral de Díaz con la del franquismo
Diagnostican una legislación anticuada y recomiendan centrarse en la negociación colectiva y en eliminar normas
Hasta seis destacados representantes del mundo académico, vinculados a algunos de los despachos más relevantes de la abogacía laboral -Garrigues, Pérez Llorca, Cuatrecases, Uría Menéndez, Abdón Pedrajas y Sagardoy Abogados- han analizado para el Instituto de Estudios Económicos (IEE) las necesidades organizativas y productivas de las empresas y las respuestas del ordenamiento jurídico. Su diagnóstico es que nuestra legislación está muy lejos del Derecho del Trabajo del siglo XXI y que, en cuestión de relaciones laborales, está atrapada por modelos de regímenes corporativos como el franquismo.
En esos términos se pronunció este lunes en la presentación del informe el catedrático de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, Federico Durán, también responsable de la dirección de dicho estudio. Su planteamiento inicial fue una reflexión para saber dónde estamos y hacia dónde tiene que ir el derecho laboral desde el punto de vista de las necesidades de las empresas.
Durán afirmó que en España las relaciones laborales están anticuadas, con falta de libertad y absolutamente inoculadas por regímenes corporativos como el franquismo o el falangismo. «Y tenemos que liberarnos de esa bases -defendió-, empezando por un menor intervencionismo e hiperregulación del Estado, porque tenemos una negociación colectiva muy tributaria de los últimos tiempos del franquismo».
Durán insistió en que la política del Gobierno y de Yolanda Díaz están obsesionadas con sancionar. Indicó que este proceder de la dirigente de Sumar nos aboca a más inseguridad jurídica, con una sobreactuación administrativa que se asemeja -comparó, citando a Fernando Suárez en su libro Testigo presencial– a los debates de las postrimerías del franquismo o el auge de políticas falangistas. La prueba «es que hablamos de tablones de anuncios cuando se supone que vivimos en la era de la inteligencia artificial (IA)».
Negociación colectiva en el trabajo
Este informe, presentado por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, es obra asimismo de Salvador del Rey, Jesús Lahera, Jesús Mercader, Iñigo Sagardoy y Yolanda Valdeolivas. En su opinión, la negociación colectiva ha de ser el elemento central y la principal herramienta de trabajo, y que hay que perder complejos con respecto a la UE, «pues percibimos acríticamente todo lo que viene de la UE, lo que en muchas ocasiones no deja de ser una diarrea legislativa que hay que contener».
De nuevo, Durán acudió a otro ejemplo: las directrices europeas de Igualdad. Es -señaló- «lo que legislan los políticos cuando se aburren». Tal es el caso -detalló- de esta norma que alude «a las estructuras retributivas que no tendrán que ser sexistas y no ha de subestimar las actitudes interpersonales pertinentes».
«A las empresas se les está imponiendo cargas sociales -sostenibilidad, movilidad, tránsito de géneros- olvidando que son organizaciones productivas y no podemos preocuparnos de si los trabajadores van en bicicleta al trabajo, infantilizando a los ciudadanos», argumentó.
Perversos efectos ‘boomerang’
En nombre del resto de catedráticos que este lunes presentaron en CEOE el informe, Yolanda Valdeolivas habló del «profundo desajuste y las disfunciones» del derecho que tutela el trabajo en España.
Desde su punto de vista, el Estado abusa de una «visión desagregada, dispersa» y al mismo tiempo «compleja, aplicando muchas reformas, mini reformas, reformas parciales, sin abordar en sí los elementos centrales que han de responder con altura a la exigencia de los retos del siglo XXI».
Son aspectos -aclaró- que afectan «a la arquitectura de la legislación laboral sin una visión holística, de conjunto, por lo que es primordial mirar a las instituciones desde arriba, porque nos vamos a encontrar con perversos efectos ‘boomerang’, con técnicas jurídicas inéditas en las relaciones laborales, con contradicciones entre normas, introduciendo normas extravagantes y paralaborales, eludiendo el diálogo social y también los órganos consultivos, pasando por encima de la reforma laboral de 2021 y el V Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, e imponiendo fórmulas de negociación unilateral».
El tamaño de nuestras empresas
Sostiene Valdeolivas, del despacho de Pérez Llorca, que otro de los elementos que debe contemplar la legislación laboral, y que a día de hoy no es una prioridad, es la dimensión y el tamaño de las empresas, pues nuestra normativa está pensada para grandes empresas y se desestiman los problemas de las pymes, con fuertes pérdidas de puestos de trabajo, lo que tiene que llevar a una reflexión.
Además de que el Estado regule menos y de que su carácter homogéneo de plantear soluciones a los problemas de las empresas esté desfasado cuando han cambiado las formas de empleo, la catedrática también mantuvo que hay que poner límites al intervencionismo administrativo y a las inspecciones de trabajo que no solo sancionan, sino que también se pronuncian sobre la gestión empresarial. Sin olvidar -subrayó-, que entretanto, «la aplicación de las normas por parte de los tribunales está siendo muy creativa, incluso la del TJUE».
Arrebatos que dañan las inversiones
Los redactores del informe también se pronunciaron sobre una cuestión que destapó THE OBJECTIVE a propósito de la acción del Gobierno de colar de tapadillo en el último Consejo de Ministros un cambio de la reforma laboral, lo que acabará afectando a las empresas a la hora de aplicarse las exenciones por Ertes.
A este respecto, Yolanda Valdeolivas afirmó que, en efecto, «estamos ante un nuevo ejemplo, del que no sabemos si ha habido consulta, y al que nos tiene muy acostumbrados este Gobierno con este tipo de actuaciones sobre reformas que están amparadas en el diálogo social, acometiendo solo lo que quiere una de las partes».
«Esto no es diálogo social», determinó la catedrática de la Autónoma de Madrid. «Desafortunadamente, este es un elemento muy recurrente, que no sigue los cauces legales, y donde tampoco hay debate académico, con regulaciones sorpresivas que ni se anuncian ni se consultan. En definitiva, con arrebatos legislativos y sobreutilización del Real Decreto Ley». Para Fernández de Mesa, que también opinó sobre este tema, son actuaciones así las que dan lugar «a que las inversiones no se estén produciendo, en parte, por esta incertidumbre legislativa». Un problema que toca a las empresas a la hora de tomar decisiones, añadió Durán, porque «a la izquierda en general le gusta confiar en los planteamientos prohibitivos y punitivos, tanto que la sociedad española se ha acostumbrado a las prohibiciones».