Los afectados por la inquiokupación temen un nuevo decreto tras caer el 'ómnibus'
Los afectados tienen hasta el 31 de enero para reclamar compensaciones por la okupación de su propiedad
Manifestantes en contra de la okupación | EFE
El miércoles miles de afectados por la inquiokupación -inquilinos que, tras responder a los pagos durante los primeros meses, dejan de hacerlo- en toda España se sintieron aliviados. PP y Junts se unieron en el Congreso de los diputados para votar ‘no’ al llamado decreto ‘ómnibus’ impulsado por el Gobierno, y este no salió adelante. El decreto incluía un batiburrillo de medidas de todo tipo, desde la subida de las pensiones hasta la extensión de la prohibición de desahucios a las consideradas familias vulnerables.
Una medida que el Ejecutivo aprobó por primera vez en plena pandemia y que ha ido prorrogándose hasta ahora. Una medida que varias fuentes del sector y las propias asociaciones de afectados por la okupación y la inquiokupación, creen que está detrás del incremento exponencial del impago de rentas del alquiler en los últimos años. El decreto que decayó el miércoles incluía también la suspensión de cortes de suministro de agua, luz y gas a hogares en situación de vulnerabilidad económica.
Sin embargo, los afectados temen que el Gobierno prepare otro decreto para aprobar una nueva prórroga tras su fracaso parlamentarios. «Tememos una respuesta por parte del Gobierno para volver a plantear esta medida porque siempre se plantea desde ese punto de vista, desde las familias vulnerables, pero nunca se considera al que está soportando esas cargas», asegura Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la okupación e inquiokupación en conversación con THE OBJECTIVE.
Labor de los servicios sociales
La prórroga de la parálisis de los desahucios garantizaba, según el ejecutivo, una red de protección para las personas en riesgo de exclusión social. Sin embargo, los afectados por la okupación y la inquiokupación cuestionan por qué tenían que ser ellos, con sus propiedades, los que hiciesen frente a la labor social que pretende el Gobierno. «En realidad, lo que significa este decaimiento es que ahora son los servicios sociales y las administraciones públicas las que se tienen que responsabilizar de estas familias vulnerables», añade Bravo.
«Ahora son los servicios sociales los que tienen que actuar rápidamente y quienes tendrán que solicitar los recursos necesarios al Estado para atender a estas familias», añade. El portavoz de la plataforma, que representa a miles de afectados por la okupación y la inquiokupación en toda España, lamenta que la prórroga continua de la parálisis de los desahucios haya sido una maniobra del Gobierno para evitar un «escándalo social por los desahucios y revertir hacia otros los recursos que ellos no pueden poner».
¿Qué hacer ahora?
Tras el decaimiento de la medida, pero ante la posibilidad de que el Gobierno prepare un nuevo decreto que incluya la cuestión, desde la plataforma animan a los afectados por esta situación a actuar cuanto antes para recuperar su propiedad. En primer lugar, tienen que pedir las compensaciones por los daños ocasionados a causa de la inquiokupación. «Estas compensaciones que nunca llegan porque algunas comunidades autónomas no gestionan, pero que por lo menos haya un registro», recomienda Bravo. El plazo para presentarlas finaliza el 31 de enero.
Por otro lado, desde la Plataforma de Afectados por la okupación e inquiokupación, aconsejan a los afectados que hablen rápidamente con sus abogados para solicitar al juez que lleve su caso que establezca cuanto antes una fecha de lanzamiento de la vivienda. Además del fin de la prórroga de los desahucios, el decreto incluía la suspensión de cortes de suministro de agua, luz y gas a hogares en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, respecto a esto último, los abogados consultados recomiendan a los afectados por la inquiokupación no hacerlo debido a las posibles «consecuencias para el propietario del inmueble que puede verse inmerso en una causa penal por un presunto delito de coacciones.
Crece la morosidad
Entre tanto, la morosidad del alquiler sigue creciendo en España. En 2024, los inquilinos dejaron a deber a sus arrendadores 7.957,6 euros, lo que equivale a unos siete meses de alquiler, registrando una subida del 4,23% con respecto a 2023. Así lo recoge el estudio sobre la Situación de la Morosidad en el Alquiler en España, elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Cataluña lidera la estadística con una deuda media de 10.996,79 euros, seguida por Baleares (10.233,66 euros), la Comunidad de Madrid (9.812,96 euros), y País Vasco (8.372,91 euros).
