El freno de los desahucios suma tensión al sector: «Los propietarios no saben qué hacer»
El constante vaivén de normas genera inseguridad entre quienes podrían aumentar la oferta de viviendas en alquiler
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Personas mirando el escaparate de una inmobiliaria.
El nuevo acuerdo alcanzado por el Gobierno con Junts para sacar adelante el decreto del llamado escudo social, y que contará con el apoyo del PP, ha sentado como un jarro de agua fría a los afectados por la okupación y la inquiokupación, tal y como contamos en THE OBJECTIVE. El acuerdo incluye la prórroga de la prohibición de desahuciar a las familias consideradas vulnerables. A cambio, el Ejecutivo se ha comprometido a incluir la creación de un sistema de avales y garantías para propietarios. Diferentes fuentes del sector inmobiliario aseguran que «los propietarios y los inversores ya no saben qué hacer ni a qué atenerse» con tantos cambios, anuncios y medidas constantes que afectan al mercado de la vivienda.
«Esto es un caos. Ya nadie sabe lo que tiene que aplicar. Yo la semana pasada ya presenté escritos pidiendo el lanzamiento de los procedimientos que tenía suspendidos porque se había derogado el decreto. El juez me dirá que no se admite a trámite», asegura a este diario Arantxa Goenaga, socia y abogada de AF Legis. La abogada, especialista en derecho inmobiliario, destaca la «indefensión e inseguridad jurídica total» en la que están sumidos los propietarios desde hace cinco años con las prórrogas continuas de este decreto. «La gente no quiere invertir. Hoy me decía un cliente, que ha reformado un piso y lo ha transformado en dos, que le interesa más tenerlos cerrados y venderlos en dos años porque no quiere meter a nadie para que se le puedan generar todos estos problemas», pone de ejemplo Goenaga.
Además de la inquietud entre los afectados por la okupación e inquiokupación en España que no podrán recuperar su vivienda durante un año más si su inquilino es considerado vulnerable, la situación generada por la sucesión de reales decretos ley utilizados para regular los alquileres ha creado un escenario de incertidumbre jurídica en un mercado ya de por sí tensionado. Así lo ponen de manifiesto la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Estos decretos, que producen efectos jurídicos al aprobarse, pero que luego pierden validez al suspenderse, solo para ser reactivados nuevamente sin certeza de su continuidad -dependiendo de su convalidación por el Congreso de los Diputados-, «no hacen más que agravar la falta de estabilidad», señalan desde ANA.
De la misma manera se pronuncia idealista, el portal que aglutina el mayor porcentaje de la oferta de vivienda tanto en alquiler como en venta de España. Considera que sin un entorno legal que ofrezca seguridad jurídica y la plena capacidad de los propietarios de recuperar su vivienda en caso de incumplimiento del contrato, será imposible recuperar la confianza de estos propietarios para ampliar la oferta. Tampoco será posible, con estos mimbres, «convencer a los inversores» para que «utilicen su capital para reformar y poner en el mercado miles viviendas más, ni se conseguirá de ninguna manera que aumente la oferta disponible en el mercado».
Caos en el sector
«Los propietarios ya no saben qué hacer, al final el 80% de los dueños de viviendas en alquiler son particulares. Muchos jubilados que lo utilizan para completar su pensión», aseguran a este diario fuentes de una inmobiliaria que opera en toda España. «Las dudas de los dueños son constantes, muchos deciden vender la propiedad en lugar de permanecer en el alquiler para quitarse dolores de cabeza», añaden. Y es que la sucesión de reales decreto que afectan al mercado del alquiler y todo el ruido alrededor del sector no está generando un clima propicio para generar confianza entre los propietarios e inversores, que son los que en este momento pueden incrementar la oferta.
«La extensión de la suspensión de los desahucios en caso de que los inquilinos sean declarados vulnerables es un punto de incertidumbre para los propietarios, que muchas veces dejan de percibir los ingresos por el alquiler de sus viviendas como consecuencia de una situación sobrevenida de la que deberían hacerse cargo los poderes públicos», señala por su parte Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro.
«Este constante vaivén genera inseguridad entre quienes podrían aumentar la oferta de viviendas en alquiler, desincentivándolos de invertir en este mercado», apuntan desde la Agencia Negociadora del Alquiler. «El goteo constante de medidas, noticias y ruido en torno al sector del alquiler está haciendo que cuando se cumplen los contratos en vigor, muchos propietarios decidan vender».
Vulnerables o menores de 35
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nuevo decreto modificado tras el ‘ómnibus’ rechazado la pasada semana. El nuevo texto incluye tanto la prórroga de los desahucios como el sistema de avales que pretende crear el Gobierno para dotar de protección a los propietarios que sufran estos impagos. Según se especifica en el BOE, para optar al aval, el inquilino debe ser o menor de 35 años o declarado vulnerable. Además, el contrato de alquiler contará con la cobertura del aval siempre que el precio del alquiler no supere el índice estatal de referencia, se haya depositado la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y sus actualizaciones y el arrendador y arrendatario hayan suscrito el compromiso relativo al aval del alquiler.
La solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá hacer en el plazo de seis meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea mediante resolución judicial de lanzamiento o mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión.