El 'boom' de las oposiciones permite maquillar los datos del paro: 173 empleos públicos al día
Desde enero de 2019, el número de funcionarios ha aumentado en más de 380.000 según los registros de la EPA

Ilustración de Alejandra Svriz.
El sector público creó de media 173 puestos diarios durante los últimos seis años. Lo hizo gracias, fundamentalmente, al boom de las oposiciones al que se han sumado todas las administraciones. Estas pruebas selectivas se han convertido en una pieza esencial para crear empleo y han generado un número de funcionarios suficiente para maquillar las tasas de paro. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), analizados por THE OBJECTIVE, muestran que el número los trabajadores en el sector público, funcionarios, pero también asalariados en empresas y entes públicos, aumentó desde el primer trimestre de 2019 en 380.000 personas.
La última EPA disponible recoge que 3,6 millones de trabajadores estaban empleados en algún organismo público en el último trimestre de 2024. La otra estadística que sirve para visualizar la plantilla del sector público, el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones, muestra que en enero de 2024 -último dato disponible- había 2,96 millones de empleados públicos. Estos son 390.100 más que los que se contabilizaban seis años antes.
Los registros evidencian que el aumento del personal público viene por el incremento de funcionarios, mientras que los empleados en las plantillas de empresas públicas han disminuido ligeramente. El número de empleados públicos –funcionarios y personal laboral– alcanzó el pasado mes de enero la cifra de 2.968.522 efectivos, la cifra más alta de toda la serie histórica.
Empleo en el sector público
En enero de 2023 se empezó a contabilizar a todos los trabajadores al servicio de las administraciones. De esa forma, afloraron cerca de 200.000 empleos precarios que permanecían ocultos en la estadística oficial. El empleo que hasta ahora ocultaba el Estado engloba a los contratados por periodos inferiores a seis meses y al personal en formación y prácticas.
En los últimos años, la elevada precariedad del empleo en el sector privado ha provocado que la Administración pública sea uno de los destinos profesionales más codiciados. Un puesto de funcionario dota de una estabilidad poco habitual en otras áreas, así como de una mayor posibilidad de conciliación, por lo que cada vez son más los que se plantean las oposiciones como el perfecto itinerario laboral.
Las oposiciones, en el punto de mira tras detectarse amaños e irregularidades, son la fórmula idónea para acceder a la Administración. El Consejo de Ministros del pasado 2 de julio aprobó el Real Decreto de la OEP correspondiente al año 2024. La suma total de puestos ofrecidos en la Administración General del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas es la mayor de la historia: 40.146. Con esta cifra récord, la cuarta consecutiva de la serie, la OEP de 2024 acelera la recuperación del empleo público iniciada en 2018. El promedio de plazas anuales ofertadas desde ese año triplica al del período 2012-2017.
La necesidad de reemplazo viene justificada en la Administración por la elevada edad de los funcionarios. Muchos de ellos entraron en la Administración en la década de los ochenta y forman parte de la generación del baby boom. El 55% de los actuales funcionarios y del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado (AGE) estarán jubilados en menos de diez años. Su reemplazo no será fácil, pero, de momento, hay superávit.
Teletrabajo en la función pública
El teletrabajo es también otro de los atractivos que ofrece la función pública. La mitad de los funcionarios trabaja en casa al menos un día a la semana, un porcentaje que se desploma al 14% entre la media de todos los ocupados. Los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública analizados por este medio muestran que la posibilidad de teletrabajar está claramente asentada en la Administración General del Estado. Mientras, las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian que apenas uno de cada seis ocupados puede optar por un trabajo no presencial. Pese a todo, este porcentaje duplica el que se registraba en 2019, el año anterior a la pandemia.
Los últimos datos publicados por el ministerio de Óscar López dejan patente que en la función pública son las mujeres las que en mayor proporción optan por el teletrabajo. El seguimiento del trabajo a distancia hasta octubre también destaca que la mayoría de los funcionarios que teletrabajan acuden tres días a la oficina. En detalle, del seguimiento de 175.878 efectivos de la Administración General del Estado se desprende que el 48,2% pudo desarrollar las labores encomendadas desde su hogar.
Oposiciones a funcionarios
El aumento de oposiciones y el aluvión de nuevas plazas públicas, en todas las administraciones, han relajado algunos controles claves para dotar de transparencia estos procesos. Amaños, filtraciones de exámenes, tribunales a la carta, falta de transparencia y criterios arbitrarios se han convertido en los últimos meses en protagonistas de las oposiciones para acceder a la Administración pública. Diversas irregularidades, algunas desveladas desde THE OBJECTIVE, se han constatado en las pruebas de RTVE, Guardia Civil, en las de acceso al Cuerpo Diplomático o las previstas para convertirse en policía local en Albolote (Granada).
El último episodio con incidencias en oposiciones está vinculado a las previstas para incorporarse al Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social. Las pruebas se celebraron el pasado 30 de noviembre. Decenas de aspirantes han denunciado que los baremos y criterios de evaluación aplicados solo se conocieron después de las pruebas, concretamente el día que se supieron los candidatos que superaron la oposición. No es la primera vez que se produce un hecho similar, pero en esta ocasión tiene especial relevancia porque los puestos en juego fueron 2.500 y acudieron a realizar las pruebas 31.200 opositores. Ante hechos parecidos, los tribunales se han mostrado favorables a anular las pruebas y celebrar una nueva convocatoria.