Los médicos autónomos preparan una gran ofensiva judicial contra Muface
Contemplan acciones colectivas, así como la impugnación de los pliegos del concierto y una denuncia ante la CNMC
Varias personas durante una concentración, frente a la sede central de Muface. | EP
Mientras el Gobierno negocia con las aseguradoras la salida adelante del nuevo concierto sanitario para mutualistas, los médicos autónomos preparan una gran ofensiva judicial contra Muface a la espera de la adjudicación de la licitación. La Unión Médica Profesional (Unipromel), que representa a gran parte de los médicos privados que ejercen como autónomos en España, trabaja en la impugnación de los pliegos directamente en vía judicial, sin suspender el proceso de licitación del concierto, y prepara una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Además, se estudian acciones colectivas para «reclamar los daños causados por el lucro cesante» de los médicos que han venido prestando los servicios contratados con las aseguradoras, reclamar a las mutualidades y al Estado la regularización en la seguridad social de los servicios prestados como Seguridad Social en Régimen Especial y denunciar los «abusos de posición de dominio» por parte de las compañías adjudicatarias, como son la imposición de baremos o la exclusión injustificada y discriminatoria de los cuadros médicos.
«Unipromel apelará a la vía judicial, en especial a la contencioso-administrativa, con el fin de salvaguardar los intereses de los médicos que representamos, y además del derecho de los mutualistas a recibir una atención sanitaria de calidad», indican a THE OBJECTIVE desde la asociación, y agregan que «las acciones son muy contundentes y está claro que será el último concierto si no nos garantizan que el Estado supervisará las condiciones de las compañías aseguradoras adjudicatarias con los médicos prestadores del servicio». «Si eso se garantiza, retiraremos las denuncias», aseguran.
«El objetivo principal es garantizar a los médicos prestadores del servicio unos honorarios justos que cubran los costes y generen un beneficio razonable y que la determinación de los baremos no venga por imposición de las aseguradoras, como hasta ahora, sino por una negociación colectiva supervisada por el Ministerio contratante», explica a este medio el doctor Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel, que señala que «se tiene que dedicar el mismo dinero a un paciente en la pública que a un paciente en la privada. Si esto no ocurre, se está vulnerando el primer derecho de la Constitución española, que es que todos somos iguales»
El doctor Guerrero explica que mientras que el Estado fija los baremos por mutualista en hospitales públicos, las tarifas de estos en consultas privadas las marcan las compañías sanitarias. De esta forma, empresas como Asisa o Adeslas pagan cinco veces más a un centro público que a un médico privado por paciente Muface. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, cuando contrata su hospital Gómez Ulla con las compañías Adeslas y Asisa para la atención a sus mutualistas de Isfas (mutualista de las Fuerzas Armadas), exige unos baremos que son cinco veces superiores a los que estas compañías pagan a sus cuadros médicos libres.
La tarifa para una primera consulta es de 92 euros, según el Convenio entre el Ministerio de Defensa y las entidades de seguro Asisa y Segurcaixa-Adeslas; por el contrario, si el mutualista es atendido por un especialista, por ejemplo, de oftalmología o reumatología de una consulta privada, el profesional solo recibe 17,06 euros o 20,71 euros, respectivamente, –paciente de Asisa-, según baremos de 2022 facilitados a este medio por Unipromel. Por ello Unión Médica Profesional denuncia la «explotación abusiva» de una posición «dominante» de las aseguradoras en los conciertos (Muface, Isfas y Mugeju).
Fecha límite: 4 de marzo
El pasado 7 de febrero, el Gobierno lanzó una nueva licitación –la tercera– del concierto sanitario de Muface para los tres próximos años y ha dado de plazo hasta el 4 de marzo para que las aseguradoras interesadas puedan concurrir. Según consta en la plataforma de contratación del Estado, la nueva licitación tiene un presupuesto estimado de 4.429 millones de euros sin impuestos, lo que supone aumento en la prima de un 41%, la cantidad mínima exigida por las aseguradoras.
La mejora de las condiciones ha dado un vuelco rotundo a la situación. Más allá de Asisa y Adeslas, las dos compañías que ya formaban parte del actual convenio y que valoran de forma positiva la subida en la prima, otras aseguradoras han mostrado en los últimos días interés por presentarse también a esta nueva licitación. Se trata de Mapfre, Axa y Sanitas, que han indicado que analizarán el pliego tras años fuera del concierto.
