La rebelión contra la burocracia
‘El Gris Importa’ analiza el impacto de la regulación y el cambio de paradigma mundial
Existe un amplio consenso en que la regulación es necesaria para corregir los fallos del mercado. Por ejemplo, cuando hay información asimétrica, es decir, cuando una de las partes de una transacción sabe más que la otra. Es lo que ocurre a menudo en los talleres de coches, cuyos mecánicos utilizan palabras abstrusas y diagnósticos incomprensibles que hay que aceptar como si fueran artículo de fe. Si no nos protegiera la normativa de defensa del consumidor, harían con los pobres conductores lo que les diera la gana.
Lo mismo puede decirse de la contaminación. Muchas fábricas no se preocupaban antes de controlar la emisión de gases o el vertido de residuos, y ahora no tienen más remedio debido a la regulación medioambiental. Y hasta que no se creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lucrarse fraudulentamente mediante la información privilegiada estaba a la orden del día.
Todos estos abusos (mecánicos, medioambientales o bursátiles) ya no son posibles gracias a la regulación. El problema es que probablemente nos hemos ido de un extremo al otro y el celo legislador de nuestras autoridades no conoce ahora límites. En Sevilla no se puede jugar al dominó o a los dados en las terrazas, ni transportar barriles de cerveza rodándolos. En Zamora está prohibido cantar y gritar en la calle. En las playas de Arona y Arisco de Tenerife tienes que andar con ojo cuando vas a hacer un castillo de arena, porque te multan si te pillan haciendo «estructuras de gran tamaño». En Villanueva de la Torre, un pueblo de Málaga, no puede haber en las terrazas ningún animal que pueda perturbar con sus sonidos el descanso de los vecinos por la noche o a la hora de la siesta. Y en Madrid, te obligaban hasta hace poco a pasar un examen para tocar el acordeón en un espacio público.
Sufrimos una auténtica «hiperinflación normativa». En la Unión Europea, cada año se aprueban 1.200 normas. «Las empresas —señala The Economist— están obligadas a realizar minuciosas declaraciones de sostenibilidad y rellenar formularios con más de 1.000 campos, una tarea hercúlea que le puede costar a una empresa típica 300.000 euros cada año».
Y el Registro Federal de Estados Unidos, que en 1936 recopiló en apenas 2.600 páginas todas las disposiciones emitidas ese curso, necesita ahora 180.000. ¿No es una barbaridad?
Eso es lo que opinan Donald Trump y Elon Musk, y en el The Economist lo celebran. «Si se hace bien —argumentan—, esta rebelión contra la burocracia traerá más libertad, más crecimiento, precios menores y nuevas tecnologías, porque durante años el exceso normativo ha frenado la construcción de viviendas, la inversión y la innovación. Ahora bien —advierten a renglón seguido—, Trump corre el riesgo de dar mala fama a la desregulación. Su arremetida contra funciones esenciales del Gobierno, que está desmantelando antes de tener listas las que deben sustituirlas, es una fórmula para la infelicidad y el desastre».
Lo mismo podemos decir de la actitud hiperagresiva que han adoptado los partidos que integran el eurogrupo parlamentario de los Patriots, cuyos dirigentes se conjuraron en la pasada cumbre de Madrid para acabar con la dictadura global de la Unión Europea que, según ellos, «pisotea la soberanía» con sus «impuestos confiscatorios» y el «fanatismo climático».
¿Dónde está el justo medio? ¿Cabe esperar algo bueno de esta revuelta contra la regulación?
Sobre ello debaten Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE, y Miguel Ors Villarejo, corresponsal económico de THE OBJECTIVE, en este nuevo episodio de El Gris Importa.
