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Economía

El salario mínimo que propuso CEOE es el mismo sueldo neto de Trabajo, pero sin tributar

Los gestores administrativos denuncian que estamos ante un impuesto a los negocios sin apoyo de las empresas

El salario mínimo que propuso CEOE es el mismo sueldo neto de Trabajo, pero sin tributar

Yolanda Díaz, en un segundo plano, junto a Antonio Garamendi, presidente de CEOE. | Europa Press

La polémica madeja del salario mínimo interprofesional no deja de enrollarse. Este lunes, la directora de Empleo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Rosa Santos, aclaraba que tanto la propuesta de las patronales como la del Gobierno dejan el sueldo neto de estos trabajadores con un incremento del 3%. Es decir, con unos 35 euros más al mes. La diferencia entre el 3% que proponían CEOE y Cepyme y el 4,4% del Ministerio de Trabajo, y por ende, del Gobierno de Pedro Sánchez, es que el primero no obliga a tributar al perceptor, lo que sí ocurrirá con la oferta de Yolanda Díaz y la negativa del Ministerio de Hacienda de no elevar el mínimo exento del IRPF.

Dicho de otro modo -apuntan fuentes de la patronal que dirige Antonio Garamendi-, la resolución del Gobierno finalmente ha llegado al mismo punto que en su día plantearon CEOE y Cepyme. La iniciativa del Ejecutivo sigue envuelta en la polémica, con la oposición de todo el arco parlamentario y con la de las agrupaciones empresariales. Además -apuntan estas mismas fuentes-, haciendo tributar a personas que muchas veces ni saben cómo se hace.

En unas jornadas en Oviedo consagradas a las últimas novedades en materia laboral, Rosa Santos criticó la manera de actuar del Ministerio de Trabajo, que la semana pasada anunciaba una subida de 50 euros mensuales, y que finalmente implicará que los perceptores tengan que pagar IRPF. En contrapartida, Santos desveló que «los 35 (euros) que ofrecíamos nosotros no saltaban del tramo del IRPF y, por lo tanto, hubieran sido los mismos 35 euros que van a percibir los ciudadanos, aunque ahora tributando». 

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, Santos afirmó que «la norma que plantea el Gobierno tiene algún otro elemento muy complejo de gestionar. No digo que estemos en contra del registro de jornada, pero, tal como lo plantea el Gobierno, es imposible de implementar en las empresas».

Negociar antes de tramitar el salario mínimo

Este lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social afirmaba que lo sensato sería resolver dentro del Gobierno la fiscalidad sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), no a través de las tres iniciativas que se van a calificar este martes en el Congreso para que el SMI quede exento de tributación, presentadas por Sumar, PP y Podemos.

La titular de la cartera de Trabajo se ha mostrado dispuesta a retirar la iniciativa de Sumar de la Cámara Baja si se alcanza un acuerdo dentro del Gobierno. De lo contrario, seguirá adelante.

También este lunes, la titular de Trabajo respondía al informe que ha publicado Cepyme sobre el impacto negativo en el empleo de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). En él se afirma, como recoge THE OBJECTIVE, que las pequeñas y medianas empresas (pymes) han dejado de crear 350.000 empleos desde 2018 por el impacto de la subida del SMI. El informe indica que «discutir hoy el SMI es una batalla perdida, pues ha demostrado ser la herramienta más eficaz para luchar contra la pobreza laboral y la desigualdad».

2.400.000 contribuyentes afectados

A propósito de la última subida del SMI, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos ha hablado con THE OBJECTIVE. Para la institución que preside Fernando Jesús Santiago Ollero, lo que ha aprobado Gobierno supone un aumento del 61% desde el año 2018, en el que entra a gobernar Sánchez. La diferencia respecto a anteriores subidas «es que ésta no ha venido acompañada de la adaptación del mínimo exento en el IRPF (elevándolo hasta el importe del SMI), lo que implica que muchos trabajadores verán, por primera vez, que en sus nóminas aparecen retenciones por el citado impuesto».

Este nuevo escenario -anticipan los gestores- obligará a los perceptores del SMI a comunicar a sus pagadores sus datos personales y/o familiares para la práctica de retenciones y comprobar la corrección de las retenciones practicadas mensual y anualmente. Finalmente, también les obligará a verificar si están obligados o no a declarar y si, aun no estándolo, les conviene presentar la declaración para recuperar retenciones efectuadas. «Estamos hablando de al menos 2.400.000 contribuyentes, que no son pocos, que ante una subida de 700 euros anuales en el SMI, realmente solo van a percibir, en un buen número de casos, unos 400 euros».

A todo esto se suman los efectos administrativos negativos para las empresas que deben practicar las correspondientes retenciones -señalan los gestores- que, «en el caso de las pymes y, sobre todo, de las micropymes, suponen un incremento de cargas y de responsabilidades (incluidas las tributarias) dado el papel recaudador y gestor que las normas fiscales les atribuyen. Es decir, retener, ingresar las retenciones periódicamente y declarar pagos y retenciones. En el caso de las micropymes, en particular, el problema se agrava, puesto que son el lugar natural de la mayoría de los perceptores del SMI. Estas verán incrementadas exponencialmente sus obligaciones formales y materiales para con la Hacienda Pública».

Un impuesto a los negocios

Indica Santiago a este diario lo difícil de explicar que es el cambio de criterio de este Gobierno «si no consideramos que se pierden 1.500 millones de euros de recaudación del impuesto a las eléctricas y que se ganen 2.000 millones de euros de recaudación en IRPF como efecto derivado de la tributación del SMI, si son acertados los cálculos de un parte de la coalición gubernamental». Por esto -señala Santiago-, debemos preguntarnos si no estamos ante un nuevo impuesto a los negocios, porque así lo parece. Una vez más, se aprueba una subida sin contar con los representantes de las empresas, que la pagan: se aprovecha el Estado y al trabajador solo le llega una parte».

«Espero que el Gobierno rectifique en un doble sentido -concluye el presidente de los gestores administrativos-: en primer lugar, adaptando la tabla de retenciones del IRPF en función de la subida del SMI y, de paso, que la deflacte. Y segundo lugar, que los siguientes pasos que dé sea dialogando con todos los agentes sociales, incluidos los representantes de los negocios, sin advertencias, avisos ni amenazas».

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