El mayor proyecto de Puente encalla en los tribunales de Valencia por su impacto ambiental
La paralización de las obras del puerto, valoradas en 660 millones, acarrearía una importante indemnización
El impacto de las obras del Puerto de Valencia, cuestionadas en los tribunales. | Ilustración de Alejandra Svriz
La ampliación del Puerto de Valencia, la mayor obra adjudicada hasta el momento por Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se encuentra en peligro de ser paralizada por la Justicia. Los denunciantes en los tribunales argumentan que el actual diseño de la macroinfraestructura tiene un impacto ambiental irreparable en las playas del sur de la Albufera de Valencia. Hasta el momento, los demandantes han conseguido logros importantes.
La obra, valorada en 660 millones y adjudicada por 592 a una UTE formada por Acciona, Jan de Nul y Grupo Bertolín el pasado julio, se enfrenta a tres procesos judiciales en diferentes instancias. Se cuestiona la evaluación ambiental, el proyecto técnico y el mismo proceso de licitación llevado a cabo por la Autoridad Portuaria de Valencia, organismo dependiente del ministerio de Óscar Puente.
De hecho, el informe pericial encargado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), una de las instancias que evalúa las consecuencias ambientales de la infraestructura, deja patente que la ampliación exige una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Según se desprende de la información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los pliegos de la obra, formalizada el pasado octubre, no contienen una nueva DIA, tal y como obliga la actual normativa. Los trabajos que ya se están llevando a cabo contravienen una sentencia firme del TSJ de Madrid.
Óscar Puente y Sara Aagesen
Ese tribunal anuló el pasado abril la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen y que pretendía modificar la Declaración de Impacto Ambiental de 2007. El objetivo del departamento era sustituir Puertos del Estado por la Autoridad Portuaria de Valencia, dejando a esta la responsabilidad de decidir acerca de la necesidad de tramitar o no una nueva DIA, sin que Puertos del Estado haya atendido a sus obligaciones.
La plataforma ecologista Comissió Ciutat-Port ha presentado ante el TSJM una demanda de ejecución de la sentencia, exigiendo al Ministerio que requiera a Puertos del Estado, como responsable ambiental del proyecto, cumplir con sus obligaciones. Además, la misma asociación mantiene otros dos procedimientos judiciales activos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En el primero se cuestiona el proyecto técnico de la ampliación diseñado por el organismo vinculado al Ministerio de Óscar Puente. En el segundo se pone en entredicho el procedimiento de licitación de las obras. En este caso se destaca la ausencia de una evaluación ambiental adecuada y otros defectos de procedimiento, tanto en la aprobación del proyecto como en la misma convocatoria del proceso de selección de contratistas.
El macroproyecto del Puerto de Valencia
La UTE Acciona, Jan de Nul y Grupo Bertolín logró hacerse con el macrocontrato, al que se presentaron cuatro licitadores, por apenas unas décimas. Sacyr, Dragados y FCC, unidas a otras constructoras, lideraban las demás ofertas. El contrato se formalizó el pasado 4 de octubre y el plazo de ejecución fijado es de 58 meses. Si finalmente fuese paralizada la obra, como pretenden las plataformas ecologistas, la Autoridad Portuaria de Valencia, en la que tiene representación mayoritaria el Ministerio de Óscar Puente, estaría obligada a indemnizar a las empresas constructoras con una moratoria del 6% del importe adjudicado.
La nueva terminal de contenedores, que será la más grande de España, incluirá una superficie de unas 137 hectáreas que se ganarán al mar tras la construcción de un dique y contará con casi dos kilómetros de línea de atraque de un extremo a otro. La concesión de la nueva infraestructura fue otorgada en el año 2019 a MSC, la mayor multinacional naviera de contenedores. La compañía prevé una inversión de más de mil millones de euros para la nueva terminal, que se desarrollará sobre la zona ganada al mar tras el dique norte del puerto.
Ejecución e impacto ambiental
Según los ingenieros con los que ha contactado THE OBJECTIVE, la DIA de 2007 para el anterior proyecto de ampliación del Puerto de Valencia contemplaba un dragado de tan solo 18 metros de profundidad y la extracción de 1,5 metros cúbicos de suelo marino. Sin embargo, el nuevo proyecto ha autorizado a las adjudicatarias a dragar hasta 28 metros de profundidad y hasta 10 millones de metros cúbicos. «Esto amenaza con erosionar un 30% más las arenas de las playas que protegen el sur de la Albufera», según expertos técnicos.
Mientras, según la Comissió Ciutat-Port, con las nuevas actuaciones previstas para la ampliación del puerto, muy superiores a las evaluadas en la DIA de 2007, se producirá una verdadera cantera profunda marítima que tendrá un indudable impacto ambiental y que afectará a la dinámica de las playas de la Albufera, «poniendo en riesgo el patrimonio natural de todos los valencianos».
El hecho de que a la dársena interior se le dé una profundidad de 28 metros cuando el canal de acceso tiene solo 18,5 metros indica que esos materiales que se extraen para el relleno de la nueva infraestructura no son residuos de obras, necesarias para la seguridad de la navegación, sino una explotación de nuevos recursos. «En realidad es una cantera submarina», aseguran. Además, según alertan los ecologistas, la simple extracción o vertido provocará una contaminación por suspensión de materiales superior a la que se produciría por el simple vertido de materiales de procedencia exterior.
