Crecen los afectados por la okupación que no denuncian y recurren a fórmulas extrajudiciales
La demora de los procesos judiciales hace que afectados dejen de acudir a los tribunales
El líder de Desokupa, Dani Esteve. | Diego Radamés (Europa Press)
El problema de la okupación de viviendas en España, lejos de tocar fin, continúa creciendo. Un ‘fenómeno’ que se ha ido transformando durante los últimos años y del que la inquiokupación -inquilinos con contrato que dejan de pagar- se ha convertido en absoluto protagonista. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, 2024 se cerró con 16.426 nuevos casos de usurpación y allanamiento de morada. Se trata de una subida del 7,4% respecto al año anterior, cuando se registraron 15.289.
Unas cifras preocupantes, pero que no reflejan la compleja realidad de este problema. Los últimos datos de Interior corresponden a lo que coloquialmente se conoce como «okupa de patada en la puerta», pero no contemplan la inquiokupación. Los expertos jurídicos consultados aseguran que estas cifras oficiales de Interior «no son indicativas de la realidad» porque no incluyen las okupaciones que no son delitos de allanamiento de morada o usurpación. Por otro lado, diversas fuentes del sector constatan un aumento de afectados que deciden directamente no denunciar debido a la demora de los procesos.
Crecen los que no denuncian
Durante 2023, la Plataforma de Afectados por la Ocupación recibió 6.483 nuevos casos, lo que supuso una media de 17,76 consultas al día, según los datos facilitados a THE OBJECTIVE. De todos ellos, 1.185 casos mostraron intención de no denunciar, lo que supone el 18,8% del total de casos nuevos atendidos por la plataforma. En 2024, los nuevos casos atendidos por la plataforma ascendieron a 7.615, y un total de 1.717 mostraron intención de no denunciar, lo que significa un 22,81%, un aumento del 4,01% en relación con el 2023.
Solo en el mes de enero de 2025 han recibido un total de 1.076 casos, de los que 325 mostraron su intención de no denunciar, lo que implica un 30,2% de las llamadas recibidas. Esto representa un incremento del 7,39% en relación con la media del año 2024, unas cifras que ponen de manifiesto el creciente número de afectados que optan por otras vías para intentar recuperar su propiedad en una situación de okupación o inquiokupación. Estas vías alternativas que están en crecimiento son las protagonizadas por empresas antiokupas o arreglos económicos con el okupa de manera extrajudicial.
Desconfianza en la justicia
La desesperación ante una situación que les impide recuperar su inmueble mientras afrontan todos los pagos y la desconfianza en la justicia por unos plazos interminables están entre las causas de este crecimiento. «Se debe, fundamentalmente, a la lentitud de la justicia y la inseguridad jurídica», asegura Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI, la patronal inmobiliaria. Gómez Huecas recuerda a THE OBJECTIVE que estos procesos pueden demorarse varios meses e incluso años hasta que el propietario recupera su inmueble, «lo que genera mucha incertidumbre y pérdidas económicas para su arrendador que muchas veces puede necesitar ese dinero para pagar la residencia de un familiar».
«Las estimaciones dicen que, más o menos, un millón de personas -familias, bancos, fondos- se han visto afectados por esta inquiokupación en los últimos tiempos», asegura Ferran Font, portavoz de pisos.com. «Esto está provocando mucho malestar entre los propietarios que se sienten muy desprotegidos; el sistema judicial es complejo y lento. En 2022 la duración media de un proceso de desalojo fue de 20 meses.», explica a este diario.
Algo que provoca «pérdidas, incertidumbre y desconfianza», añade. Arantxa Goenaga, abogada y socia de AF LEGIS, también considera que el motivo de que crezcan los afectados que no denuncian es, por un lado, cómo se alargan los procedimientos judiciales por las medidas de suspensión de los procedimientos cuando el okupa o inquiokupa es una persona vulnerable. Pero también por «la sensación que se transmite por parte del Estado y de la Administración de que solo se protege a estas personas y no a los propietarios que también sufren un perjuicio cuando se dan estas situaciones».
La abogada, experta en cuestiones inmobiliarias, asegura a este diario que «existe una sensación de que no funcionan correctamente los medios para recuperar tu propiedad y que por ello debe acudirse a estos medios para recuperar tus derechos». Por otro lado, cree que esto está ligado a que muchas personas que «antes no okuparían ahora lo hacen porque saben que podrán alargar la situación» con la prórroga de los decretos antidesahucios del Gobierno. En este sentido, FADEI pide reformas legales que protejan «de manera efectiva a los propietarios y garanticen una rápida recuperación del inmueble para evitar que la okupación siga siendo un problema estructural en el sector inmobiliario».
Boom de las empresas ‘antiokupas’
Desokupa, Desokupa 24h o Desokupa Demolition. En los últimos años, este tipo de compañías han proliferado, no exentas de polémica por los métodos utilizados para recuperar el inmueble. Francisco Fernández, gerente de Desokupa 24 horas, asegura en conversación con THE OBJECTIVE que están apreciando un fuerte incremento de casos de inquilinos morosos (inquiokupación). «Tenemos todo tipo de situación, hay mucho inquilino jeta, pero también gente que les ha subido el alquiler, una barbaridad en los últimos años».
Fernández asegura que, ellos no trabajan con perfiles en los que ya se ha producido una sentencia y se ha declarado una vulnerabilidad. «Yo tengo un cliente que tiene un inquilino que trabaja en el Ayuntamiento de Leganés y le han declarado vulnerable. Te declaran vulnerable con un sueldo menor a 1.800 euros», añade. «Yo no cojo esos perfiles. Yo cojo perfiles de propietarios que la persona ha sido demandada, está en proceso y no ha salido el juicio y quieren una vía más rápida», explica, o bien inquilinos que no han sido demandados aún.
El gerente de la compañía asegura que tardan un tiempo medio aproximado de entre 40 y 50 días en recuperar el inmueble cuando no hay niños, algo que se extiende hasta los 60 o 70 días en casos en los que haya menores. «Nosotros lo que hacemos es un servicio de mediación extrajudicial para resolución de conflictos que se convierte en visitas a la propiedad en diferentes horarios durante la semana», explica. «Es una salida pactada de partes, no incluye darle un acuerdo económico pero supone una salida voluntaria pactando retirar la denuncia, perdonar la deuda o dándole un tiempo para encontrar otra casa».
