Un responsable del Instituto de Ciberseguridad, salpicado por un contrato a un exsocio suyo
Tuvo lugar en el año 2023 y consistía en el desarrollo de un curso financiado con los fondos Next Generation
El ministro de Transformación Digital, Óscar López. | Europa Press
El Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), dependiente del Ministerio de Transformación Digital, adjudicó en enero de 2023 un contrato de 14.900 euros al exsocio del que precisamente era responsable de dicho contrato. La compañía Securactiva Noroeste SL ganó el contrato, que estaba financiado con los fondos de Recuperación Next Generation, sin que ninguna otra empresa se presentase y, por ende, sin tener que formular una oferta competitiva que redujera el precio.
Miguel V. es administrador desde el año 2014 de Securactiva Noroeste SL y fue socio con la empresa Centro de Ciberseguridad de Drones SL (hoy inactiva) del responsable del contrato del Incibe, Juan D.P.A. Fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE aseguran a este periódico que «no es legal que el responsable de un contrato público sea exsocio de una empresa adjudicataria porque incurre en conflicto de intereses».
Por otro lado, fuentes oficiales de Incibe al ser preguntados por este contrato en cuestión, aseguran a este medio que el organismo «sigue la legalidad para este y todos los procesos de contratación». Además de la empresa ganadora, se presentaron dos personas físicas, pero que finalmente no formularon ninguna oferta. Según el expediente, el único criterio de valoración fue el precio y, por ello, el adjudicatario recibió 100 puntos.
El contrato consistía en llevar a cabo un taller competitivo de ciberseguridad en modalidad Jeopardy (un modelo sencillo y común, con distintas categorías de retos puntuables de distinta dificultad, como criptografía, ingeniería inversa, explotación web, análisis forense, hardware, etc.) en Ponferrada, a celebrar en un día en fecha por determinar, con una duración de ocho horas, cuatro horas en horario de mañana y cuatro horas en horario de tarde, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de formalización del contrato (11 de enero de 2023).
Entre las misiones que tiene encomendadas en el Incibe está la de «identificar, generar, atraer y desarrollar profesionales del sector de ciberseguridad» y según justificaron, «no disponían en ese momento de medios personales para desarrollar el programa».
Lío con el Incibe
No es la primera vez que el Instituto Nacional de Ciberseguridad se encuentra salpicado por la polémica. Hace un año, este periódico relató que en el Incibe, que tiene su sede en León, estaban desapareciendo perfiles técnicos de profesionales con dilatada experiencia en la materia, bien de manera forzosa, bien de manera voluntaria. Según informó este medio, discrepaban de los criterios de la dirección general.
Esta situación provocó que, como también informó este medio, el Gobierno tuviese que admitir que en el Incibe se habían producido hasta 45 bajas laborales de distinta índole, entre ellas, fugas y marchas por despido, aunque no se precisó el número exacto. Se trataba del área relacionada con la informática y la telemática, donde en la actualidad trabajan 300 personas, entre trabajadores directos e indirectos -asisten también empresas externas-, aunque las cifras de 2023 confirmaban solo 150 profesionales directos.
Por otra parte, El Confidencial publicó hace unos meses que había enfado dentro de la pública Incibe por un contrato en el que se financió las fiestas locales de un barrio de León: el gasto fue de 25.000 euros para toros mecánicos y pintacaras, según informaron. Por último, Vozpópuli publicó que la empresa pública se había gastado 167.200 euros en regalos protocolarios, con jamón, chorizo y mantecados.
El pasado 5 de noviembre de 2024, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto 1118/2024 mediante el cual se constituye la Agencia Estatal de Administración Digital. Según esa normativa, el Gobierno se daba un mes para encontrar un director sobre quien recaería la responsabilidad de un ente, que vendrá a remplazar la actual Secretaría General de Administración Digital. Y, además, asumirá sus funciones, incluyendo la dirección y coordinación de los proyectos estratégicos de digitalización en los diferentes ministerios y organismos públicos.
