Hacienda desmiente a Montero y revela que la quita no da margen para más gasto público

El pasado martes, los técnicos de Hacienda confirmaron a las delegaciones técnicas de las distintas consejerías de las comunidades autónomas que la quita de deuda del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) de 83.252 millones de euros que acaba de rubricar el Consejo de Política Fiscal y Financiera no servirá para que estas administraciones puedan gastar más en servicios públicos. Una posición que se contradice con los argumentos que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, utilizó en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo cuando afirmó que el ahorro de intereses del pago de la deuda, beneficiará a las comunidades, porque les dará mayor capacidad financiera y eso repercutirá sobre sus políticas públicas.

En esta misma línea se pronunció este jueves el dirigente socialista Patxi López, aseverando que este ahorro podría suponer una gran inversión en sanidad, educación, infraestructuras o dependencia, de modo que «¿cómo van a explicar esto en Andalucía, en Madrid?», afeó a las comunidades gobernadas por el PP

Pero fuentes de la propia comisión técnica desmienten a THE OBJECTIVE que esto sea así. Explican que dos horas antes de que la titular de Hacienda se reuniera con los consejeros autonómicos, los técnicos de este ministerio manifestaron al grupo de trabajo que cualquier ahorro que se pueda producir como consecuencia de la condonación de parte de la deuda no se podrá emplear en servicios públicos, porque directamente se habrá de aplicar la regla de gasto y, por tanto, el control del déficit. Una consideración que este mismo jueves compartía la Airef, cuya presidenta, Cristina Herrero, estuvo presente en la cumbre abandonada por las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

El «caos de Hacienda»

Hasta cuatro fuentes han señalado a este diario el «caos» que existe en Hacienda, que lleva a que «los técnicos de esa casa, que son unos buenos profesionales, te den una información trabajada, que luego no coincide con el discurso de la vicepresidenta».

Este jueves, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) adelantaba también que si bien la condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las comunidades autónomas y un incremento en la Administración central, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto, y en consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas».

En definitiva -sostienen las fuentes consultadas-, «estamos ante un arreglo contable, que transfiere la deuda de las comunidades autonómicas a la deuda del Estado, y de la que el beneficio será la reducción del pago de los intereses, pero eso no te dejará gastar más». Además, añaden, «esta operación será de manera paulatina y algunos vencimientos de la deuda pueden durar años», y «no podemos olvidar que la condonación de la deuda es una cortina humo; la deuda es consecuencia de la falta de una reforma del sistema de financiación autonómica, y por eso algunas comunidades infrafinanciadas se ven presionadas con los gastos».

Todas estas fuentes, procedentes de las administraciones gobernadas por el Partido Popular, se quejan de que han llegado a la reunión de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera con muy poca información. Prácticamente a ciegas, porque «el Ministerio de Hacienda ha esperado hasta el lunes de esta semana para enviarnos una metodología y un acuerdo que ya está consensuado con ERC, puesto que emana del pacto de investidura firmado entre PSOE y ERC, a cambio de apoyar a Pedro Sánchez al frente del Gobierno».

Y así, «resulta muy difícil validar una metodología y un acuerdo prácticamente humillante». Hay que remontarse, dicen, a la Conferencia de Política Fiscal y Financiera de diciembre de 2023. «Allí, Montero nos dijo que en enero nos llamarían para hablar de la condonación. Y no nos llamaron nunca. En julio de 2024, también se nos dijo lo mismo, y sucedió tal cual. Y en la Conferencia de Política Fiscal de diciembre de 2024, tampoco se nos dijo nada, hasta que este lunes a las tres de la tarde nos mandaron un acuerdo para suscribir. Un acuerdo que es un movimiento contable entre administraciones, donde el pasivo es el Estado y nosotros pagamos la carga financiera».

Condicionalidad sí, pero con regla de gasto

El pasado miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno utilizó unas recomendaciones de la Airef, que comparte que se puede hacer una condonación de la deuda de las comunidades autonómicas. Sin embargo, este jueves, la institución que preside Cristina Herrero ha ido al detalle de esa posibilidad defendiendo que «una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal por un doble motivo: por los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales».

Para la Airef «la obligación de cumplir con los objetivos fiscales, establecida tanto en la normativa nacional como en la normativa europea, no es garantía suficiente». «En el plan fiscal estructural de medio plazo, que se presentó el pasado mes de octubre, se reconoce, ya que el crecimiento del gasto computable a efectos de esta regla habría sido del 5,3%, pero si miramos el crecimiento en el ámbito autonómico, los cálculos de la Airef señalan que el crecimiento podría estar en el entorno del 7% con comunidades autónomas cuyo gasto habría crecido a nivel de dos dígitos».

Por lo tanto -aconseja la institución fiscal-, «no está de más reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales con una condicionalidad fiscal asociada al proceso de condonación de deuda, toda vez que, además, el fondo de liquidez autonómico (FLA) no desaparece, de manera que se seguirían financiando a través de él tanto los déficits registrados en el ejercicio como los excesos de déficit generados en años anteriores». «No tiene sentido, por tanto, hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales».