La ministra Montero premia a Cataluña con 484 millones de euros por subir el IRPF

El Ministerio de Hacienda ha premiado a la comunidad autónoma de Cataluña con 484 millones de euros. La pedrea le ha tocado a la administración que preside Salvador Illa, como consecuencia de una fórmula creada ad hoc para llegar al porcentaje demandado por ERC en el acuerdo de investidura con el PSOE, según el cual el Estado debe condonar al menos un 20% de la deuda contraída por los catalanes. Básicamente, por el dinero que debe al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ya que Cataluña no se puede financiar desde hace años en los mercados por su mala calidad crediticia.

El apaño contable tiene además un concepto. En este caso, la cartera que dirige María Jesús Montero ha encontrado justificación en la dádiva en el simple hecho de que Cataluña ha subido el impuesto IRPF, que grava las rentas del trabajo, y cuyo primer tramo -que afecta a las economías más modestas- es el más elevado de toda España.

Este jueves, la AIref hacía alusión a ese criterio de distribución aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado miércoles y, sin querer entrar a valorar las causas que originan la deuda de los tramos 1 y 2, en el tramo 3 -en este que le ha enchufado a la rebaja de la deuda de los catalanes 480 millones de euros- señala la institución que representa Cristina Herrero: «Parece un enfoque muy parcial tener solo en cuenta el ejercicio al alza de las competencias normativas en materia de IRPF como aproximación del esfuerzo realizado por las comunidades».

Por todo ello -recomienda la AIref-, «con todas las limitaciones que pueda presentar, la variable que mejor refleja este esfuerzo sería, precisamente, el gasto computable, puesto que el esfuerzo puede venir, tanto por el lado del gasto, como por el lado de los ingresos. Y, el hecho de que el gasto computable se defina como gasto neto de medidas ingreso permitiría tener en cuenta ambas opciones».

El premio a Cataluña

El polémico reparto de la condonación de la deuda, partiendo de la metodología utilizada por el Ministerio de Hacienda -remachan las fuentes técnicas consultadas- se centra entre otras cuestiones en que Cataluña no es una región que esté mal financiada dentro del reparto del Sistema de Financiación Autonómica, motivo por el cual el Gobierno ha introducido en sus claves metodológicas criterios para poder llegar hasta casi el 20% comprometido en su acuerdo político. Si no, no se podía justificar esa cantidad a la que ha llegado.

Una observación que ha sido analizada por Fedea en las Notas sobre la propuesta de condonación parcial de la deuda autonómica, de Ángel de la Fuente, que ya repara cómo en el reparto se han introducido también otras correcciones que «favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal y, además, a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central, ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso».

La nota del Ministerio de Hacienda -señala Fedea- describe el procedimiento utilizado para calcular el importe global de las quitas a la deuda autonómica. El Gobierno insiste en ligar la propuesta de condonación con los efectos de la crisis financiera de 2009 sobre las cuentas autonómicas, interpretando las quitas como una compensación por la (supuestamente) insuficiente protección que el Gobierno de turno -es decir, el de Mariano Rajoy– brindó a las CCAA entre 2010 y 2013. En consecuencia, la cuantía total de la ayuda se establece comparando el incremento observado de la deuda autonómica durante este episodio, con el registrado durante una crisis posterior, la ligada a la pandemia y la guerra de Ucrania en 2020-23, en la que la actuación del Gobierno -es decir, la de Pedro Sánchez– sí se considera correcta (en su propia opinión). La diferencia entre la deuda acumulada en ambos episodios, 80.310 millones de euros, se toma como la cantidad total a repartir.

Los criterios metodológicos

Esta cantidad -explica Fedea-, se distribuye entre las comunidades autónomas de régimen común, utilizando un complicado procedimiento en varias fases. En primer lugar, el 75% de los recursos disponibles (60.233 millones de euros) se reparte por población ajustada. En segundo lugar, el 25% restante se reparte por tramos que priman, respectivamente, (1) a las comunidades con mayor deuda por habitante ajustado, (2) a las que han tenido una financiación por habitante ajustado inferior a la media (infrafinanciadas) y a aquellas que (3) en promedio, han hecho uso de su capacidad normativa sobre el IRPF para subir este impuesto». Este es el caso de Cataluña, que, pese a tener más ingresos por ser la comunidad con más impuestos, ha gastado más y, finalmente ha elevando más su deuda pública. Sin embargo, el tratamiento del Ministerio de Hacienda la coloca en una posición prácticamente de infrafinanciada. «Un problema importante del procedimiento, es que la prima que se asigna a las regiones infrafinanciadas, no refleja necesariamente la infrafinanciación acumulada», añade Fedea.

Precisamente es en esta fase, la tercera, en la que Cataluña ha obtenido 484 millones de euros pese a no estar infrafinanciada, como constatan las fuentes técnicas y como corrobora Fedea. Una operación que sirve para mejorar a Cataluña en un epígrafe que no le corresponde; pero, como «responde a un objetivo de pacto político, el Ministerio de Hacienda lo ha tenido que recalcular hasta que le cuadrase más o menos el 20% de lo exigido en el pacto de marras».

Atrás quedan las declaraciones -recuerdan fuentes del Partido Popular- de María Jesús Montero, cuando afirmaba en Canal Sur Televisión (4 de noviembre de 2016) que no cabían negociaciones bilaterales para discutir un modelo de financiación, «porque todos bebemos de la misma fuente y comemos de la misma tarta». Por tanto, añadió en el programa Buenos Días, Andalucía-, «vigilaremos que no se caiga en la tentación de paliar los problemas de Cataluña compensándola económicamente en detrimento de otros territorios como Andalucía».