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Economía

El drama de la inquiokupación: un año sin casa a pesar de estar en paro y con dos hijos

La inquilina ha dejado de pagar después de que el arrendador solicitase recuperar el piso para un hijo en dificultades

El drama de la inquiokupación: un año sin casa a pesar de estar en paro y con dos hijos

Manifestantes en contra de la okupación.

Antonio y su familia llevan casi un año intentando recuperar sin éxito su casa en Cartagena. Decidieron alquilar una segunda propiedad que tenían sus padres para poder hacer frente a los gastos asociados a la enfermedad de su progenitor, diagnosticado de Alzhéimer hace varios años. Antonio, quinto de seis hermanos, vive con ellos en la vivienda familiar y tienen contratada a una persona para ayudar a su padre en esta dura enfermedad, al tiempo que asiste a un centro de día especializado. La madre carece de prestación de ningún tipo.

Otro revés familiar cambió la situación y tuvieron la necesidad de recuperar su vivienda, alquilada desde septiembre del año 2022. «Mi hermano se queda en paro con dos hijos y, además, se separa de su pareja, por lo que necesitamos esta vivienda para él», explica Antonio en conversación con THE OBJECTIVE. La ley de Arrendamientos Urbanos marca la posibilidad de recuperar la vivienda arrendada antes del transcurso de los cinco años de contrato en algunos casos concretos. Uno de estos casos es, precisamente, que la parte arrendadora quiera recuperar la vivienda para algún familiar en primer grado de consanguinidad.

Se trata de la denominada ‘causa de necesidad’. Para proceder a recuperar un inmueble por esta causa, los arrendadores deben comunicar a la parte arrendataria (preferiblemente mediante burofax) que tiene necesidad de la vivienda arrendada, especificando la causa y al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar. Algo que esta familia asegura que hizo correctamente. «En abril de 2024 le envío un burofax, tal y como me indica la ley, para comunicar a la inquilina que necesito la casa para uno de mis hermanos que se queda en paro, separado y con dos hijos», explica Antonio.

Un año sin recuperar su vivienda

Además, tal y como exige la ley, le da dos meses de plazo para buscar otro domicilio. Pero ahí vienen los problemas en forma de impagos. «Antes ya hizo alguna pirula y empadronó en esa casa sin nuestro consentimiento hasta a cinco personas, además de las tres que figuran en el contrato», explica. Pero en el momento del burofax «ya me pusieron pegas». Antonio y su familia ven como pasa el tiempo y ellos siguen sin recuperar su casa. «Desde entonces no me pagan la cantidad estipulada por contrato. No es que no paguen nada, empezaron poco y ahora pagan un 20% o menos, febrero no lo han pagado, por ejemplo», explica este afectado por la inquiokupación.

Y así hasta ahora. «El siguiente burofax lo mando en enero de este año para reclamar la deuda. Ni se van ni pagan la deuda, te ves atado de pies y manos», lamenta Antonio, desesperado por la situación. «Esa casa es de mis padres, mi padre tiene Alzhéimer y pensión, pero mi madre no tiene pensión ninguna, yo vivo con ellos; fui a hablar con la inquilina hace una semana para decirle que no soy una ONG». «Mi padre tiene que pagar un centro del día y una señora que nos ayuda. Además está la situación de mi hermano, no podemos hacer frente a los pagos. Estamos todos en una situación complicada».

¿Quién es el vulnerable?

En medio de esta situación, esta familia, al igual que hacen muchas otras, tal y como contamos en este diario, ha optado por no denunciar de momento. «Aún no he denunciado, me han recomendado que vaya por las buenas porque una vez denuncie ya no me pagarán nada de nada», dice Antonio. Además, temen que la inquilina de un paso más y les sea imposible recuperar su vivienda a largo plazo. Por eso también prefieren mantener el anonimato.

«La inquilina ha sido madre y si la demando, lo más seguro es que se declare vulnerable», añade. Pero, «¿quiénes son los realmente vulnerables?», se pregunta esta familia. «Lo que me da rabia es que estamos tan indefensos», lamenta. Además creen que, a partir del 3 de abril de 2025, con la nueva exigencia de intentar un MASC (Medio Adecuado de Solución de Controversias) antes de presentar una demanda, «la situación se volverá aún mas complicada para los propietarios que, como yo, simplemente queremos recuperar lo que nos pertenece».

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