El Gobierno dispara los contratos públicos un 41% con cifras de concurrencia en mínimos
Cuatro de cada diez adjudicaciones solo tiene oferta, y la media por pliego se reduce a 2,90 licitadores
Los datos del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, constata a través de su estadística el abuso de los contratos negociados sin publicidad. | Ilustración de Alejandra Svriz
El importe de licitaciones del sector público estatal aumentó un 41% en el último trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior. El espectacular crecimiento se produce en un contexto de caída del número de licitadores en los contratos y de máximos de adjudicaciones que solo reciben una única oferta. La consecuencia inmediata es que los precios finales, ante la falta de competencia, aumentan de forma considerable.
Los últimos datos facilitados por las Plataformas de Contratación analizados por THE OBJECTIVE muestran que el volumen licitado por todas las administraciones en los tres últimos meses del año ascendió a 35.221 millones. Esto supone un 13,58% en comparación con el cuarto trimestre de 2023 y es el volumen trimestral licitado más alto alcanzado en toda la serie histórica. Ha sido el Estado el máximo responsable del incremento, ya que las licitaciones autonómicas cayeron un 9%. Cabe destacar que en el Sector Público Estatal se han registrado cuatro licitaciones que superan los mil millones de euros cada una de ellas.
Otro elemento que ha contribuido a estas cifras históricas, que facilita la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), han sido los contratos relacionados con la dana. Las adjudicaciones de emergencia se han disparado y tienen como protagonistas al Gobierno valenciano, las localidades de la región afectadas por las inundaciones y también al sector público estatal.
Licitadores por contrato
La falta de concurrencia en las adjudicaciones queda patente mes a mes, lo que redunda finalmente en el aumento del precio que tienen que pagar las administraciones por servicios prestados por empresas privadas. El último dato disponible muestra que el número de licitadores por contrato ha caído a 2,90 licitadores. Mientras, los concursos en los que solo hay un licitador continúan en máximos y suponen cuatro de cada diez.
La reducción económica obtenida en el precio de adjudicación se situó ligeramente por encima del 11%. Este porcentaje se reduce drásticamente en los contratos negociados sin publicidad. La rebaja en este caso no llega al 2% de media. Esta forma de adjudicación, poco transparente, solo está prevista para casos excepcionales. La organización contratante es la que se encarga de invitar a los operadores con el fin de establecer las condiciones de contratación. El exceso del uso de estos contratos, muchas veces teledirigidos, obligó en 2015 al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a afrontar el problema. En algunas ocasiones, los negociados sin publicidad superaban a los procedimientos abiertos.
Concurrencia en mínimos
La concurrencia en las licitaciones, en mínimos, se debe en buena medida al desinterés de un porcentaje muy importante de empresas. En el caso de las pequeñas, la indiferencia se debe a la burocracia y las escasas posibilidades de competir con las grandes. Determinadas compañías son habituales en la contratación y participan para obtener los pliegos de mayor volumen. La cada vez menos diferencia entre el precio final del contrato y el presupuesto base de licitación beneficia a las grandes compañías, ya que cuentan con más márgenes.
La Plataforma de Contratación muestra que el importe de las licitaciones en todo el ejercicio 2024 sumó 113.648 millones, un
3,85% más que el ejercicio anterior. Mientras, el importe de las adjudicaciones, que superó los 75.000 millones, cayó un 5,5% con respecto al total registrado en el ejercicio anterior.
Negociados sin publicidad
El procedimiento negociado sin publicidad, poco transparente y que debería ser excepcional, es el elegido por el Gobierno central y sus organismos dependientes para un porcentaje elevado de sus licitaciones. Además de ser más opaco, la consecuencia más evidente es un mayor coste para la Administración. La defensa habitual para este procedimiento es que una o muy pocas empresas son capaces de ejecutar determinados pliegos.
Los empresarios y expertos en contratación consultados por este medio coinciden en que muchos están teledirigidos y que una sola cláusula puede determinar que una única empresa puede realizar el encargo. Los contratos tecnológicos, particularmente complejos, son señalados como especialmente sensibles y fáciles de dirigir a determinadas compañías.
Según los datos analizados por THE OBJECTIVE, desde junio de 2018, fecha que coincide con el primer desembarco en Moncloa de Pedro Sánchez, se han encargado 6.550 contratos con importes superiores a dos millones de euros. Para el 12,7% de estas adjudicaciones se recurrió al procedimiento negociado sin publicidad. Mientras, entre los de más de 20 millones el porcentaje supera el 14%. En el caso de los que superan los 50 millones, este porcentaje llega al 16%, uno de cada seis.
El procedimiento negociado sin publicidad es el elegido para contratos con grandes importes y especialmente complicados. En la Unión Europea, el porcentaje se sitúa en el 8%, con algunos países en los que su uso es prácticamente testimonial. El negociado sin publicidad impide la aparición de candidaturas no invitadas, lo que supone un freno para la competencia. Pese a que lo previsto es un mínimo de tres invitaciones, no se prevé un mínimo de participantes.