El CSIC dio 15 contratos a dedo a empresas de sus trabajadores pese a estar prohibido
El organismo público de investigación asegura que en mayo puso en marcha controles en adjudicaciones menores

Hacienda ha puesto bajo lupa la contratación menor del CSIC durante 2023. | CSIC
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha puesto bajo la lupa los contratos a dedo adjudicados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) durante 2023. En una auditoría, analizada por THE OBJECTIVE, la IGAE deja patente diversas irregularidades en la contratación menor del organismo público de investigación. Además, el informe destaca la ausencia en el CSIC de procedimientos para detectar la posible existencia de conflictos de interés entre los licitadores y el órgano de contratación.
El deficiente control en las adjudicaciones se evidencia en 15 contratos menores «con personas incursas en prohibición de contratar dado que eran personal laboral del CSIC, incurriendo en una de las causas de nulidad del artículo 39 de la LCSP». Ante esta situación, el auditor recomienda la solicitud de un informe jurídico a la Abogacía General del Estado «para declarar la nulidad o no del acto». La IGAE recomienda también la adopción de más medidas de control interno, formación a los diferentes órganos de contratación y puesta en conocimiento de todos los contratados laborales y funcionarios de sus derechos y obligaciones.
El órgano de control interno del sector público estatal también ha detectado 342 contratos menores, posiblemente fraccionados para evitar la licitación y mayores controles. Buena parte de ellos están vinculados a la adquisición de material de laboratorio. El interventor recomienda la creación de una unidad responsable para detectar posibles fraccionamientos y destinada a planificar la contratación actualmente menor y su futura licitación buscando una mayor eficiencia, transparencia y publicidad.
Las cuentas del CSIC
Al tiempo, reclama la creación de un sistema de contratación con alguna de las herramientas, sistemas o procedimientos de contratación recogidas en la Ley de Contratos Públicos para la adquisición de material de laboratorio entre otros, que favorezca la concurrencia y la publicidad.
Además, señala que de toda la contratación menor realizada, tan solo se han publicado -a posteriori y una vez ejecutado el acuerdo, sin que sea posible participar en la licitación- 4.099 contratos. Estos apenas representan el 2,49% del total de los celebrados. Por último, apunta que ha habido 2.896 contratos por un importe total de 30,5 millones de euros, incumpliendo el artículo 2 del Real Decreto 725/1989 de 16 de junio sobre anticipos de caja fija.
La adjudicación de contratos menores, uno de los procedimientos menos transparentes, facilita numerosas fórmulas para esquivar la ley. Con menos de tres ofertas en muchos casos, sin pliegos, sin fiscalización y eludiendo la competencia, se han convertido en una fórmula administrativa ampliamente utilizada por determinados organismos y ministerios. Su abuso y su falta de transparencia hacen que estos procesos estén siempre bajo la lupa.
Respecto al control de los contratos menores, los responsables del CSIC aseguran a THE OBJECTIVE que ya se han activado las recomendaciones que se plantean en el informe. «El CSIC ya puso en marcha en mayo de 2024 un mecanismo de control para supervisar este tipo de procedimiento contractual en los diferentes centros e institutos del CSIC».
Plataforma de contratación
Durante 2023, el CSIC resolvió 5.518 contratos menores, la mayoría de suministro. Un análisis de las adjudicaciones del organismo de investigación volcadas en la Plataforma de Contratación muestra numerosas incidencias. En el caso de los contratos de suministros y servicios, muchos de ellos exceden la cuantía máxima, que la ley fija en 14.999 euros. También existen adjudicaciones claramente fraccionadas y encargadas a la misma empresa. Tras la puesta en marcha de los controles desde mediados del pasado año es posible que se hayan subsanado algunas deficiencias.
Por último, el IGAE advierte que el CSIC no cuenta con un sistema de información fiable e individualizado de los gastos e ingresos asociados a proyectos de investigación o contratos financiados de forma específica y limitada. Todo ello implica que no se refleje una imagen fiel en las cuentas anuales, avisa. «Lo anterior conlleva la imposibilidad de un cálculo adecuado del remanente de tesorería no afectado, así como en el cálculo del porcentaje de deducibilidad del IVA soportado. Se deben reclamar los importes no justificados de Anticipo de Caja Fija, a la par que rendir los Estados de Situación de Tesorería de forma completa, en plazo y con los modelos establecidos».