El Gobierno aprieta al sector del juego: quiere prohibir los descuentos para captar clientes
Pretende restringir aún más la publicidad, abarcando tanto la presencia de personajes como los medios de difusión
Un hombre se para frente a un salón de juegos de Codere, en Madrid. | Europa Press
El Gobierno quiere apretar las tuercas aún más al sector del juego. El Ejecutivo había aprovechado el fallido proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública –tumbado sorpresivamente este jueves en el Congreso– para incluir modificaciones de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de regulación del juego, y establecer así más condiciones al sector, prohibiendo la captación de nuevos clientes con promociones y la aparición en las comunicaciones comerciales de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública.
De esta forma, el Gobierno pretendía, según fuentes expertas, reactivar los artículos del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales tumbados por el Supremo y aprovechar para darles rango de ley, blindando así las medidas y ahorrándose el debate en la Comisión. La controvertida enmienda contempla prohibir a las empresas del juego recurrir a promociones y descuentos para captar nuevos clientes. Según se desprende del texto, el Ejecutivo quiere que las comunicaciones comerciales solo puedan dirigirse a clientes registrados, aparecer en secciones independientes de las plataformas de los operadores o difundirse en sus establecimientos físicos. Además, solo podrán acceder a las promociones aquellos usuarios con una cuenta abierta por al menos 30 días y cuya identidad haya sido verificada documentalmente.
Otra de las modificaciones que PSOE y Sumar pretendían sacar adelante al incluir la enmienda en la ley que iba a dar lugar a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) es la prohibición de la aparición de personas o personajes (reales o ficticios) de relevancia y notoriedad en las comunicaciones comerciales de las empresas del sector del juego. La normativa permitiría su aparición únicamente en retransmisiones en directo de eventos deportivos o hípicos, así como en programas de televisión o radio cuando actúen como presentadores de concursos.
El texto también recoge la prohibición de enviar comunicaciones comerciales por correo electrónico o por correo postal sin la previa autorización del destinatario; y en los motores de búsqueda, estas empresas únicamente podrán aparecer fruto del posicionamiento orgánico o en casos en que sean producto de un acuerdo comercial entre el anunciante y el titular del mismo únicamente cuando esa búsqueda utilice palabras o frases conectadas de manera directa con las actividades de juego.
PP, Vox y Junts tumban la Agencia de Salud Pública
Finalmente, esta transaccional, que pretendía modificar la Ley 13/2011 de 27 de mayo de regulación del juego, no ha salido adelante al caer el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La iniciativa ha sido tumbada por 176 votos en contra frente a 167 a favor y dos abstenciones.
La propuesta del Gobierno, defendida por el Ministerio de Sanidad, buscaba poner en marcha un organismo nacional encargado de reforzar la coordinación en materia de salud pública y mejorar la respuesta ante futuras crisis sanitarias como la vivida durante la pandemia de la covid-19. La Aesap estaba concebida como una herramienta para vigilar amenazas contra la salud colectiva, coordinar actuaciones entre las diferentes administraciones y anticiparse a posibles emergencias epidemiológicas.
Pese a los apoyos del PSOE y sus socios de investidura, la iniciativa no ha logrado la mayoría suficiente en la Cámara Baja. PP y Vox han argumentado su rechazo en la «falta de claridad competencial» y en la «duplicidad» con las competencias de las comunidades autónomas. Junts ha votado en contra alegando que la agencia supondría una «invasión de competencias» en el ámbito de la sanidad, de titularidad autonómica en Cataluña.
Con este resultado, la tramitación de la Agencia Estatal de Salud Pública queda paralizada, a pesar de que su puesta en marcha estaba prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea.
