La candidata de Garamendi para Cepyme, salpicada por un posible trato de favor

Ángela de Miguel, la candidata bendecida por Antonio Garamendi para presidir Cepyme y que, de ganar las elecciones del 20 de mayo, reemplazaría en el cargo al actual presidente y también candidato, Gerardo Cuerva, habría favorecido, desde su posición de presidenta de CEOE-Cepyme de Valladolid, la contratación de cuatro de los cinco abogados que trabajan con ella en Negotia, el despacho que De Miguel fundó en su día en la capital administrativa de Castilla y León.

Según informaciones de El Adelantado de Segovia, estos cuatro socios habrían trabajado al mismo tiempo que lo hacían para Negotia -al menos entre 2018 y 2022- con la Fundación SERLA, un órgano de arbitraje y mediación de conflictos de carácter laboral formado por agentes sociales, es decir, por representantes de las patronales y los sindicatos UGT y CCOO, con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León.

Según ha podido conocer este diario, son los propios agentes quienes, entre ellos, han ido seleccionando a la treintena de mediadores. Y aquí es donde aparecen los nombres de los cuatro socios del bufete de Ángela de Miguel, que también es vicepresidenta de la CEOE de Castilla y León, además de presidenta de CEOE-Cepyme en Valladolid. Acaparan, prácticamente, el 23% del total de los mediadores que corresponden a las patronales para asistir a este servicio de arbitraje de cuestiones de índole laboral en toda la región castellano-leonesa.

Solo un especialista laboral

Lo que está claro -aporta El Adelantado, apoyándose en fuentes del sector- es que de cinco abogados que formaban el equipo del despacho de la hoy candidata de Garamendi, se incorporaron casi la totalidad, cuatro, al SERLA (Servicio Regional de Relaciones Laborales), lo que denota un claro favoritismo, más teniendo en cuenta que solo uno de ellos era abogado especializado en derecho laboral. Y esto es por lo que -señalan fuentes patronales-, «la acaparación de puestos del SERLA en una sola firma de abogados ha generado descontento en otros despachos profesionales en la región».

Los datos oficiales que ha podido contrastar este medio sobre la participación en el SERLA de los cuatro socios de Ángela de Miguel en Negotia, muestran que, en efecto, la patronal CEOE-Cepyme de Valladolid estaba sobrerrepresentada por el despacho de abogados de la rival de Gerardo Cuerva, teniendo en cuenta el número de despachos de abogados que hay. Solo en la provincia de Valladolid hay 1.316 abogados ejercientes. En toda la región hay 5.003.

La distancia entre el cargo y el trabajo

La autonomía de esta entidad de arbitraje, financiada por la Junta de Castilla y León, se asienta en los agentes sociales CEOE, UGT y CCOO, cuyo principal cometido es garantizar su correcto funcionamiento, así como determinar los nombramientos de los conciliadores que la constituyen.

Así lo recoge al menos el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimiento de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León, firmado por los agentes sociales. De esta forma, son estos agentes, a través de la Comisión paritaria, quienes eligen los cerca de treinta y cuatro conciliadores y mediadores destinados a estos conflictos. Y lo cierto es que, en la práctica, la mitad la eligen los sindicatos y la otra mitad los empresarios.

Un puente para otros casos

Las informaciones recogidas insisten en este punto. Y es que, desde su posición de vicepresidenta de Cecale (CEOE de Castilla y León), De Miguel pudo favorecer sin esfuerzo, por la responsabilidad empresarial que le correspondía, que casi un tercio de las plazas para mediador recayeran en sus socios del bufete. No obstante, tal y como públicamente explica Negotia en su página web corporativa, solo uno de los cuatro abogados tiene el perfil especialista de derecho laboral, frente al resto con formaciones dirigidas a la mediación familiar y a los temas de urbanismo y construcción.

Según fuentes del entorno del SERLA, no es baladí acaparar cuatro puestos en esta institución en una sola firma de abogados, y no solo porque copa la competencia en una de las principales provincias como Valladolid, sino porque, aunque los puestos de conciliadores no son atractivos por su retribución, sí que son catalizadores de muchos casos laborales y, por tanto, redunda en la competencia del resto.

El código ético

Fuentes patronales califican este comportamiento de Ángela de Miguel como poco apropiado para un cargo de representación empresarial que ostenta, a la par de una manera de proceder también poco ética, pues no se trata solo de la suma de dinero del que se haya podido beneficiar, sino de la ética y la ejemplaridad a la que se debe, siendo presidenta de CEOE Valladolid y también vicepresidenta de CEOE Castilla y León.

En los últimos años, las organizaciones empresariales han aprobado Códigos éticos y de buen gobierno para controlar la ejemplaridad no solo de sus representantes sino también de sus miembros. Por tanto, señalan estas fuentes a THE OBJECTIVE, no parece que estas actuaciones habiliten la capacidad de quien pretende presidir un órgano tan importante como Cepyme a nivel nacional, teniendo en cuenta que desde esa posición, Ángela de Miguel tendrá acceso a la representación institucional en un sinfín de instituciones estatales.

Entretanto, De Miguel sigue recogiendo apoyos de las patronales regionales y provinciales. Las últimas, las de Aragón y Álava.

Recientemente y a propósito del SERLA, se ha conocido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que reforzar con una juez el trabajo de los cinco juzgados de lo Social, por tener que atender los casos derivados del SERLA, debido -reproduce El Diario de Valladolid– a la ‘herencia’ de unos 1.000 casos de litigios laborales sin resolver.