Cepyme rechaza que el salario mínimo sea una política social: «No hay que comprar ese relato»

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y candidato a la reelección en el cargo el próximo 20 de mayo, se niega a «comprar el relato por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de que el salario mínimo es una política social». Así se pronunciaba el empresario granadino en los Desayunos para los Negocios, evento organizado por THE OBJECTIVE y el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Su presidente, Fernando Santiago Ollero, también apuntó en esa línea, afirmando que «los datos macroeconómicos oficiales no reflejan la realidad de las pymes, pero el Gobierno ni conoce ni escucha».

Cuerva y Santiago defendieron este lunes que «para tener mejores salarios, hay que empezar por tener mejores empresas». Estas declaraciones tuvieron lugar en la Fundación Ortega-Marañón, frente a más de cien profesionales del derecho y la economía. En opinión del presidente de Cepyme, «lo que no se puede hacer es definir salarios a través de los reales decretos, porque eso es una clara intervención del sistema económico».

«El salario mínimo tiene que estar acorde con una serie de inputs relacionados con los trabajos realizados y donde también hay que tener en cuenta la cualificación del trabajador, los beneficios o no posibles del mismo o los impuestos o no que tienen que derivar. De ahí es de donde tendría que salir un salario mínimo».

En contra del Real Decreto

«Si ese salario mínimo no es suficiente para algún individuo, según sus condiciones y en un territorio correspondiente, para paliar esos efectos, lo que habría que hacer es activar las políticas sociales, que también pagamos nosotros. Dinero que, por cierto, generan trabajadores y empresas en su trabajo diario, aunque esos recursos los gestiona el Gobierno», explicó Cuerva en su charla con Fernando Santiago y Álvaro Nieto, director de THE OBJECTIVE y moderador de este desayuno.

«Porque lo otro es una intervención del sistema económico. Claro que tenemos que tener mejores salarios. Pero, eso sí, teniendo en cuenta cómo está el sector de la empresa y el territorio, y no a través de un Real Decreto». Abundando en esta posición, el presidente de los Gestores Administrativos defendió la medida, «pero el problema es la utilización que se hace de ella, que es claramente con un fin recaudatorio».

La iluminación de la reducción de jornada

«El tema de la jornada laboral es otra iluminación mediática, cortoplacista, populista. Ahora dicen que tienen que ser 37,5 horas. ¿Y por qué no 32 como decía Sumar? ¿Y por qué no 28 horas? ¿Y por qué no 36 horas?», cuestionó Cuerva. «¿Dónde está la memoria económica asociada a una medida de tal calado, de intervención sobre algo esencial y fundamental, que es la negociación colectiva de este país?».

«En este país hay más de 4.500 mesas de negociación colectiva, en las que sindicatos y empresarios se ponen de acuerdo en dos pilares básicos y otras muchas más cuestiones: el salario y el horario. Y resulta que por Real Decreto obviamos los más de 45 años de negociación colectiva. Y por Real Decreto hablamos de salario y hablamos de horario».

«Y yo les pregunto a mis compañeros de los sindicatos y les pregunto a los miembros del Gobierno: ¿es que son más torpes los negociadores de sindicalistas, representantes de los trabajadores del convenio del comercio, que los de los convenios de la educación? No me lo creo. Hay convenios de educación que están alrededor de las 35 horas, y hay convenios del comercio que están alrededor de las 39 horas. ¿Y qué pasa? ¿Que unos son más listos que otros? No, es que unos y otros tienen en cuenta la realidad del sector y del territorio que están negociando».

La distancia entre Díaz y Cuerpo

Cuerva también señaló directamente a Yolanda Díaz: «Ahora resulta que viene la vicepresidenta de España y dice: ‘No señores, 37,5 horas para todo el mundo; en cualquier sector y en cualquier territorio‘. Señora vicepresidenta, ¿en qué se basa usted? ¿En que hay que trabajar menos? No tiene sentido alguno», subrayó.

«¿Me podéis decir en qué convenio colectivo de España se negocian las horas por semanas? ¡Qué me están contando!». Y añadió: «Nosotros también, como organizaciones, admitimos el discurso y el debate de 37,5 horas, 36,3 o 38,7 horas. Pero mire usted, no puedo hablar de eso si no es dentro de la negociación colectiva, que para eso lleva más de 45 años haciéndolo, y además bendecida por la Constitución Española en su artículo 7».

«Pero no pasa nada. Aquí rompemos el diálogo social, que es la verdadera arma que hemos tenido patronal y sindicatos y, por una iluminación divina, decimos que son 37, 5 horas y, si no, nos reunimos entre nosotros [los miembros de Sumar] y decimos que son 32».

«Vamos a ser un poco más serios. Porque detrás de todo esto hay algo de lo que absolutamente nadie quiere hablar. Bueno, el único que quiere hablar [dentro del Gobierno], y tengo que ser sincero, es Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, con quien estamos haciendo muchos proyectos, precisamente para ese incremento de la productividad con formación, mejora de procesos, etc. Pero en el resto [del Ejecutivo], ¿quién habla de productividad, cuando estamos en valores todavía de 2015».

El «cortoplacismo» de la política

Cuerva también se mostró preocupado por las vacantes, el absentismo, los elevados costes que soportan las empresas y la ingente producción de normas. El presidente de Cepyme censuró los tiempos que aplica la política porque, en su opinión, esta se mueve en el corto plazo, una manera de proceder con la que sería «muy difícil gestionar las empresas, cuando estas siempre tienen que mirar al futuro».

«Yo soy la tercera generación de una empresa familiar que tiene cerca de 90 años. Y cuando estoy trabajando en la empresa, cuando trabajamos en equipo, pensamos en los siguientes 90 años. Probablemente, el mundo empresarial, sea cual sea su dimensión, pensará en los próximos 90 años. Pero no sé si cada Gobierno que viene a gobernar, piensa más allá de lo que pueda ocurrir en los cuatro años siguientes».

La desaparición de 70.000 empresas

Cuerva aseguró que los trabajadores fijos discontinuos han ascendido hasta los 700.000 y la subida del coste medio laboral se ha incrementado un 25%. Por su parte, Santiago Ollero alertó de que el actual Ejecutivo no solo no conoce cómo funcionan las pymes, es que tampoco sabe que más de 70.000 pequeñas empresas desaparecerán de aquí a final de año, según los datos adelantados por el Barómetro de los gestores administrativos.

El presidente de los Gestores Administrativos reveló que a estos problemas se añade que hoy en día hay cerca de 300.000 empresas fuera del sistema, es decir, que se gestionan en B. «Una realidad que pone de manifiesto la incongruencia de los datos publicados por las Administraciones públicas».

Santiago también advirtió de que «cada día se crean 44 nuevas normas en nuestro país, es decir, seis cada hora y un total de 9.000 al año. El Gobierno olvida que las pequeñas empresas no tienen estructura para adaptarse a este volumen. De hecho, una persona contratada exclusivamente para leerse todas las normas no tendría tiempo de hacerlo en toda su vida laboral». El presidente de Cepyme añadió: «Gobernar es gestionar, no legislar. Y España es líder en adoptar normas restrictivas, de modo que si en Europa se aprueba algo, nosotros vamos siempre dos escalones por encima». 

«Nuestra voluntad no es la fractura»

En esta ocasión, en clave electoral, los Desayunos para los Negocios también dedicaron unos minutos a las elecciones que se celebrarán en Cepyme el próximo 20 de mayo. Preguntado por el director de este periódico, Cuerva volvió a pedir «responsabilidad y transparencia», sin entrar en la polémica desatada estos días.

Esta polémica ha sido criticada por algunas patronales regionales y provinciales, como Asaja, por el posible trato de favor que la candidata de Cepyme Valladolid, Ángela de Miguel, hubiera podido tener -a raíz de una información publicada por El Adelantado de Segovia– con sus socios de despacho (Negotia), para que desde CEOE se les contratara como mediadores de arbitraje en la Fundación Serla, que depende de la Junta de Castilla y León.

Ajeno a este ruido, Cuerva defendió que «las elecciones son el máximo exponente de madurez democrática en una organización».  Así, destacó que «el devenir de Cepyme lo tienen que decidir sus miembros y nuestra voluntad no es la fractura». El presidente de los Gestores Administrativos mostró su apoyo a la candidatura de Cuerva. Alabó su capacidad de análisis y autocrítica: «En las patronales existen conflictos por la gran variedad de empresas que las conforman, pero la crítica y la libertad son sanas».