El Gobierno reconoce que el parque de vivienda social pública supone apenas un 1,72%
El Ejecutivo hace referencia a los alquileres por debajo de precio de mercado para alcanzar así el 3,3%
Isabel Rodríguez. | Eduardo Parra / Europa Press
No existe una definición común de vivienda social en la Unión Europea, lo que dificulta hacer comparaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reconociendo la diversidad de definiciones nacionales, especifica la vivienda social como alojamiento residencial de alquiler ofrecido a precios inferiores a los del mercado, asignado según normas concretas. El Gobierno se apoya en esa definición para contabilizar como vivienda social el alquiler a precios por debajo de mercado para así incrementar el porcentaje existente considerado vivienda de este tipo. Lo hace utilizando para ello lo que dice la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE, algo que, según fuentes del sector consultado por THE OBJECTIVE, no refleja la realidad de la situación. «Declarar que vivo por debajo de precio de mercado no significa que sea vivienda social o asequible», explica Jorge Ginés Franco, Director General de Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima).
El Boletín Oficial de Vivienda Social 2024 reconoce que en España existe un parque de vivienda social situado en el entorno de las 318.000 viviendas. Unas 197.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otras 121.000 viviendas son de titularidad de los ayuntamientos y entidades dependientes. Es decir, ninguna gestionada por el Gobierno, ya que las competencias en esta materia están transferidas. Este parque de 318.000 viviendas sociales ofrece cobertura, tal y como se recoge en el informe del ministerio de vivienda, a un 1,72% de los 18,5 millones de hogares que hay en España, según los datos del último Censo. Desde el Ministerio de Vivienda aseguran desde hace semanas que el parque de vivienda social ha crecido en España, pasando del 2,5% del total hasta el 3,4%, hasta 162.000 viviendas protegidas más en los últimos cinco años.
La propia ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, aseguraba este extremo a finales de febrero. «Es una magnífica noticia que muestra que nuestras políticas están acortando las distancias con el objetivo marcado de llegar a ese estándar europeo del 9% de parque de vivienda social», defendía la ministra. Desde el sector cuestionan las cifras del ministerio y el supuesto incremento de vivienda de este tipo y lo hacen a través de los datos de dicho informe. El observatorio de vivienda, tras reconocer que el parque de vivienda social pública real supone un 1,72% en España, eleva esta cifra al 3,3% utilizando, a ojos del sector promotor, «datos engañosos».
Vivienda privada a precios bajos
«En el propio preámbulo del observatorio dicen que solo hay 318.000 viviendas públicas, que son aquellas que se desarrollan con dinero público y en suelo público. Y el Estado no pone ni una, las competencias son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, como el Plan Vive en la Comunidad de Madrid o el Suma en la ciudad», explica Jorge Ginés Franco, Director General de Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima).
«¿Dónde está el truco?», se pregunta el director general de los promotores en conversación con THE OBJECTIVE. «Pues en que el Gobierno, en su contabilidad del propio estudio del observatorio de vivienda, define como vivienda social aquella que tiene un alquiler a un precio inferior de mercado». En el propio informe dice que «si se considera el parque de vivienda en alquiler social en sentido amplio, más allá del parque de titularidad pública, se puede estimar que este representa un 3,3% del parque de viviendas principales u hogares en España». Unas cifras que desde el sector consideran confusas, ya que trasladan a la población la idea de que son viviendas con algún tipo de subvención o directamente públicas, cuando en muchos casos pertenecen a entidades del ámbito privado como Cáritas o Habitat 3, cuando no a personas particulares.
En la nota metodológica del estudio explican que para concluir ese porcentaje del 3,3% en el caso de España el porcentaje de alquiler social se ha estimado a partir de la Encuesta de condiciones de vida del INE, correspondiéndose con la categoría de alquiler inferior al precio de mercado. «Es decir, incluye dentro de esta vivienda en alquiler social las de renta antigua, la que prestas a familiares o amigos para independizarse a un precio menor o cualquiera que consideren», añade Jorge Ginés. Preguntado por este asunto, el ministerio señala a este diario que «no hay contradicción alguna» en las cifras, pero no ofrece más datos sobre las viviendas que se consideran sociales.
Muy por debajo de Europa
En ambos casos, ya sea el 1,72% o el 3,3% lo que representa el parque de vivienda social público en España, se trata de cifras muy alejadas de las de los principales países de nuestro entorno. Son unos porcentajes claramente inferiores a los registrados en los principales países europeos. La proporción de vivienda social llega a alcanzar un 29% de los hogares en el caso de Países Bajos, un 24% en Austria, un 20% en Dinamarca y un 17% en Francia, por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 8% de viviendas en alquiler social.
