El Defensor del Pueblo pide rechazar y combatir la ocupación ilegal con fines lucrativos

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pide rechazar y combatir los fenómenos de ocupación ilegal con finalidad lucrativa. En su informe anual de 2024, el organismo menciona la Ley 5/2018, de 11 de junio, de Enjuiciamiento Civil, con relación a la ocupación ilegal de viviendas. Esta ley, en su preámbulo -que figura textualmente en el informe del Defensor del Pueblo- destaca la aparición en los últimos años de «fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad».

«Incluso se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos y, para abandonarlas, se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo», continúa dicha ley que cita el propio Defensor del Pueblo para, a renglón seguido, indicar que la institución considera que, «al mismo tiempo que hay que proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica (situación que pueden sufrir los inquilinos, los ocupantes sin título y los propietarios de viviendas), deben rechazarse y combatirse conductas ilícitas como las descritas en el preámbulo citado».

El Gobierno «minimiza el problema»

Un reconocimiento que contrasta con la postura que ha adoptado el Gobierno con la cuestión, tal y como denuncian los afectados. La Plataforma de Afectados por la Ocupación insiste en que el Ejecutivo trata de minimizar e invisibilizar el problema y que la ministra del ramo continúa sin recibirles. «Cada vez que hablan de ocupación no proponen ninguna solución y siempre derivan el debate del problema a temas recurrentes como la alarma social, los porcentajes sesgados o la confrontación política con la oposición, olvidándose de dar respuesta al problema y a los miles de víctimas que siguen desamparadas», denuncia Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Además, el informe destaca que en los casos en los que se producen «fenómenos de ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa», la eficacia de la Justicia es absolutamente fundamental, a juicio del Defensor del Pueblo. Sin embargo, constata que la Justicia no tiene los medios para solucionarlo. «Es claro que el diseño de procedimientos en teoría ágiles y eficaces, y, por tanto, suficientes para combatir fenómenos anómalos de ocupación de viviendas, no puede alcanzar los objetivos pretendidos si la Justicia carece de los medios personales y materiales suficientes».

Quejas al Defensor de propietarios

En lo relativo a la situación de la vivienda, el informe hace un análisis pormenorizado de la crisis actual en el acceso a la misma, poniendo de manifiesto la escasez de oferta. Pero también habla en profundidad sobre el fenómeno de la ocupación. La institución también reconoce estar recibiendo quejas de propietarios a causa de las continuas prórrogas de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables de su vivienda habitual y sin alternativa habitacional que se están llevando a cabo desde el año 2020.

El Defensor del Pueblo reconoce que «recibe en ocasiones quejas de propietarios y arrendadores que manifiestan su disconformidad con la regulación legal existente desde 2020 —introducida a través de sucesivos decretos leyes— relativa a la posibilidad de que, en determinados supuestos de vulnerabilidad económica del inquilino o del ocupante sin título, el juez pueda suspender los desahucios». Unas quejas cada vez más frecuentes. A algunas ha tenido acceso este diario como se puede ver en la imagen inferior.

La institución dirigida por Gabilondo reconoce que «no es ajena a la preocupación que manifiestan estas personas y les comunica que la facultad está atribuida por la norma legal al juez». Al tiempo, recuerda a los propietarios que «tienen derecho a una compensación económica equivalente a las rentas del alquiler dejadas de percibir». Compensaciones que, según los afectados, no llegan o se convierten en un verdadero «laberinto burocrático».