Inquietud en los bares de Madrid por la gestión de las donaciones en la ley de desperdicio

Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados con polémica incluida -PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, decidieron eliminar dos enmiendas del Senado, sin someterla al Pleno del Congreso, como marca la norma-, desde inicios de este mes está en vigor la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La norma obliga a los agentes de la cadena alimentaria, como supermercados, bares y restaurantes, a disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. Pero también establece una jerarquía de usos, en la que tiene prioridad el consumo humano, bien a través de la transformación de los alimentos, por ejemplo, en zumos o mermeladas en el caso de la fruta, o mediante la donación o redistribución.

Es este último punto el que genera más dudas entre los hosteleros. «Es cierto que existe cierta inquietud referente a la logística en el caso de las donaciones», reconoce Patricia Estanheiro, directora de Desarrollo de Hostelería Madrid, en declaraciones a THE OBJECTIVE. «Pero lo que sí tenemos claro desde Hostelería Madrid es que tenemos que poner el foco y trabajar en la prevención para no llegar a la producción de esos excedentes», añade. El objetivo de la Ley, según el Gobierno, es que las empresas hagan un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijen medidas para minimizarlos y se destinen a otros usos antes de acabar en la basura.

Dudas en las donaciones

Para facilitar la donación, la ley obliga a adoptar acuerdos entre los operadores y las entidades sociales y bancos de alimentos. Unos acuerdos que, según el Ejecutivo, aportarán seguridad jurídica a las donaciones, «ya que las condiciones en las que se realicen deberán estar fijadas previamente por escrito». Sin embargo, preocupan cuestiones como la trazabilidad en esas donaciones. Para intentar clarificar y garantizar la trazabilidad de los alimentos recibidos por las entidades sociales, las Administraciones públicas elaborarán guías de buenas prácticas.

Por otro lado, dicha ley contempla que los establecimientos de hostelería, salvo los de bufé libre, tendrán la obligación de facilitar al cliente que se pueda llevar los alimentos sobrantes en envases reciclables. Algo que ya hacían desde el sector, que pedía que se aclarasen las responsabilidades una vez que esos alimentos saliesen de sus establecimientos. El restaurante garantiza el estado higiénico sanitario de los alimentos hasta el momento de su entrega al cliente. «Pero una vez abandonado el establecimiento, en caso de incidencia, será el cliente quien deba demostrar que ha sido causada por dichos alimentos», explica la responsable de desarrollo de la hostelería madrileña.

Sector comprometido

La hostelería española valora positivamente la medida, al tiempo que reconoce su compromiso con la cuestión. «Nadie quiere tirar alimentos». «En líneas generales, es una ley positiva y razonable y son cuestiones que ya veníamos haciendo, como el tema de las sobras», considera Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, en conversación con este diario. «Muchos establecimientos llevan años implementando medidas para minimizar dichos excedentes», añade por su parte Estanheiro.

«Nosotros disponemos de un equipo técnico de ocho personas especialistas en analizar los procedimientos de trabajo para identificar aquellas opciones de mejora para cada tipología de establecimiento», asegura la directora de Desarrollo de Hostelería Madrid. De hecho, el primero que desea minimizar la producción de excedentes es el hostelero, ya que afecta a su sostenibilidad económica, por eso se controla todo el proceso, desde el proveedor hasta el cliente. «A nosotros nos permite fomentar la colaboración público-privada para trabajar en acciones que pueden ser beneficiosas y ejemplo para el sector».

Multas de hasta 500.000 euros

La Ley establece obligaciones claras para todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución y la restauración. El objetivo, según el texto, es reducir en un 50 % el desperdicio alimentario en el consumo y en un 20% la producción y suministro para 2030. Dentro del marco regulador establecido para garantizar el cumplimiento, la norma contempla sanciones de 2.000 hasta 500.000 euros, las consideradas muy graves.

Dentro de las sanciones consideradas graves se incluye no contar con un plan empresarial de prevención y reducción del desperdicio y los residuos alimentarios, en caso de estar obligado a ello. También podrá suponer una sanción de este tipo, multada con entre 2.000 y 60.000 euros, la destrucción intencionada o la alteración de alimentos que reúnen condiciones adecuadas para su consumo. Si un establecimiento reitera una infracción considerada grave en el plazo de dos años, se considerará muy grave y se sancionará hasta con 500.000 euros.