Sanidad aprieta al sector: solo 15 días para responder a la polémica ley del medicamento
El trámite se ha iniciado por el procedimiento de urgencia, lo que reduce el periodo de audiencia pública a la mitad
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP.
Menos de 24 horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el Anteproyecto de Ley de Medicamentos, el Ministerio de Sanidad vuelve a tensar su relación con la industria farmacéutica. Este miércoles, el departamento de Mónica García ha abierto el periodo de audiencia e información pública, durante el cual el sector podrá presentar las alegaciones que considere oportunas a la normativa. Sin embargo, para sorpresa del sector, el trámite se ha iniciado por el procedimiento de urgencia, lo que reduce el plazo a tan solo 15 días hábiles.
Según se desprende de la web del Ministerio, la fecha de inicio de envío de aportaciones se abre este miércoles 9 de abril y finaliza el próximo 30 de abril. Esto es, Sanidad solo da 15 días hábiles al sector –con la Semana Santa de por medio– para que analice la norma y aporte las consideraciones correspondientes. Hay que tener en cuenta que se trata de una normativa muy compleja, que lleva dos años en desarrollo. De hecho, el sector ha rechazado en bloque el nuevo sistema de precios seleccionados incluido en la reforma de la ley del medicamento y advierten de que impactará «muy negativamente» de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país. Además, hay que tener en cuenta que es un reglamento que afecta a más del 2% del PIB nacional y que se desarrolla en un contexto internacional actual especialmente problemático.
La decisión del Ministerio de abrir el periodo de audiencia mediante el procedimiento de urgencia —en lugar del trámite ordinario, que habría otorgado un mes para presentar alegaciones— no ha sido bien recibida por la industria farmacéutica. Aunque el sector presentará igualmente sus aportaciones, diversas fuentes trasladan a THE OBJECTIVE que esta medida ha sido percibida como una provocación y una muestra de «lo poco que les importan».
Rechazo en bloque de todo el sector
La industria farmacéutica en bloque ha rechazado el nuevo sistema de precios seleccionados incluido en la reforma de la ley del medicamento. El nuevo modelo, inspirado en el sistema sueco, funciona de forma similar a una subasta permanente. Cada seis meses, el Ministerio de Sanidad fijará un precio para cada grupo homogéneo de medicamentos —por ejemplo, todos los paracetamoles o ibuprofenos, tanto genéricos como de marca—, basándose en las ofertas más bajas presentadas por los laboratorios, que se envían sin conocer las del resto. A partir de ahí, se establecen tres niveles: el medicamento con el precio más bajo, que será financiado íntegramente; un grupo de medicamentos seleccionados dentro de un rango de precios; y otro conjunto de fármacos que quedan fuera de la selección y cuya financiación será parcial, de forma que el paciente tendrá que pagar la diferencia si quiere ser tratado con ese fármaco.
Este sistema, según Farmaindustria y el resto de patronales y asociaciones del sector, provocaría «un serio deterioro de los problemas de abastecimiento y de la cadena de suministro», pondría «en peligro» la continuidad de los tratamientos para los pacientes y añadiría complejidad a la gestión de la prescripción y dispensación de medicamentos.
«Por su diseño, generará una tendencia automática a minimizar precios de medicamentos fuera de patente, haciendo inviable la continuación de muchas líneas de producción de medicamentos en España e intensificando los actuales problemas de suministro de medicamentos, en un mercado ya muy tensionado en España y en Europa», se lee en una misiva firmada de forma conjunta por la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), la Asociación Española de Laboratorios de medicamentos huérfanos (Aelmhu), la Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química Fina (Afaquim), la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (Biosim) y Farmaindustria.
El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos también se han pronunciado en contra de esta normativa. Y es que el proyecto normativo, también establece que si a un paciente le prescribieran un medicamento que no es el seleccionado, el farmacéutico debería sustituirlo por el seleccionado o el paciente tendría que abonar la diferencia de precio. Por ello, desde el Colegio de Farmacéuticos advierten de que esta situación reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado.
Además, aseguran que el nuevo sistema, al limitar los fármacos seleccionados, «reduciría drásticamente las opciones y la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, y generaría problemas de suministro que dificultarían la continuidad de los tratamientos».
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