Advertencia de la CNMC: la norma del tabaco debe aprobarse como ley y no como decreto
El organismo considera que esta regulación afecta directamente al ejercicio de derechos fundamentales
Una persona fumando. | Ricardo Rubio (Europa Press)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en respuesta a la solicitud del Ministerio de Sanidad sobre el proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 579/2017, relativo a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y productos relacionados. Uno de los aspectos más destacados del informe es la crítica de la CNMC a la forma jurídica elegida por el Gobierno para tramitar esta reforma.
La Comisión considera que, por su contenido y alcance, el proyecto no debería ser aprobado mediante un Real Decreto, sino mediante una norma con rango de ley. A juicio del organismo, la regulación afecta directamente al ejercicio de derechos fundamentales, como el de la libertad de empresa, y tiene un impacto económico significativo en un sector regulado y con competencia incipiente. Este informe no es vinculante, pero sí relevante, dado el peso que tiene la CNMC como órgano garante del buen funcionamiento de los mercados y la competencia.
En palabras del propio informe: «La regulación proyectada debería plantearse, en la medida de lo posible, mediante una norma con rango de ley, dada su incidencia sobre la actividad económica y derechos fundamentales». Este señalamiento no es menor: plantea dudas sobre la legitimidad y la solidez jurídica del procedimiento elegido, ya que una norma con rango de ley permite un debate parlamentario más amplio y otorga mayor seguridad jurídica, algo especialmente relevante cuando se trata de regular sectores dinámicos y con implicaciones sanitarias, económicas y tecnológicas.
Además de esta cuestión formal, la CNMC aborda otros puntos sustanciales del proyecto de Real Decreto, con especial atención a las modificaciones relativas a los cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina, categorías que hasta ahora no se encontraban plenamente equiparadas al tabaco tradicional en términos normativos.
Equiparación de los nuevos productos al cigarro convencional
El proyecto del Gobierno busca equiparar el tratamiento normativo de estos productos al del tabaco convencional, extendiendo a estos las mismas restricciones en cuanto a presentación, etiquetado, información al consumidor y publicidad. Esta decisión responde a la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva Delegada (UE) 2022/2100 de la Comisión Europea, que modificó la Directiva 2014/40/UE en relación con estos productos.
La CNMC no se opone a esta equiparación, aunque pide que se base en evidencias científicas sólidas que justifiquen que estos productos tienen un impacto sanitario similar al tabaco tradicional. En este sentido, recomienda una evaluación más detallada del impacto real que puede tener esta decisión, tanto desde el punto de vista sanitario como desde la óptica de la competencia y la innovación.
Posible exceso de regulación y efectos en la competencia
El informe también alerta sobre el riesgo de sobrerregulación, especialmente cuando se imponen restricciones sin una justificación técnica suficiente o sin considerar alternativas menos lesivas para la competencia. La CNMC recuerda que la normativa debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima intervención, tal como establece la legislación española y europea.
En este sentido, advierte de que una regulación demasiado restrictiva podría perjudicar la innovación en el sector del tabaco y nicotina, donde están surgiendo alternativas potencialmente menos nocivas que los cigarrillos convencionales. Además, podría dar lugar a una ventaja competitiva indebida para ciertos actores del mercado, o incluso favorecer indirectamente al mercado negro.
Seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria
Otro punto relevante del informe es la petición de mayor seguridad jurídica para las empresas del sector. La CNMC considera que los operadores económicos deben contar con un marco normativo claro, estable y previsible, que les permita planificar su actividad sin estar sujetos a cambios normativos frecuentes o ambiguos.
En particular, el informe destaca que las definiciones incluidas en el proyecto de Real Decreto deben ser lo suficientemente claras y completas como para evitar interpretaciones contradictorias o inseguridad jurídica. Esto es clave en sectores regulados donde la forma de comercialización y presentación del producto puede determinar su viabilidad en el mercado.
