La mitad de los funcionarios tiene aún jornadas de teletrabajo cinco años después de la covid
Los empleados públicos estatales que trabajan a distancia se han duplicado desde 2022 y ya suponen 86.000

La regulación del teletrabajo en la Administración sigue es una asignatura pendiente. En la image, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. | Eduardo Parra / Europa Press
El 48,8% de los empleados públicos mantenían el pasado enero, último dato disponible, jornadas de teletrabajo. Los datos que ofrece de forma periódica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública muestran que el trabajo a distancia está totalmente asentado en la Administración General del Estado. Mientras, la empresa privada se ha ido distanciando de esta fórmula que facilita la conciliación familiar y que puede generar, según diferentes estudios, más productividad.
El último informe de seguimiento de trabajo a distancia en la AGE, analizado por THE OBJECTIVE, deja patente que hasta 86.000 empleados públicos al servicio de los ministerios y de los entes estatales realizaban sus labores desde casa. Teniendo en cuenta que un número elevado de funcionarios tiene trabajos vinculados a la atención al público, que la mitad teletrabaje indica que prácticamente la mayoría de los administrativos disfrutan de ese privilegio. Curiosamente, el dato, después de picos en 2020 y 2021, se ha disparado desde 2022, año en que la cifra de los trabajadores rondó el 25%.
Trabajo a distancia de los funcionarios
El seguimiento del trabajo a distancia de enero resalta que la mayoría de los funcionarios que optan por esta fórmula van tres días a la oficina. De los 176.048 efectivos de la Administración General del Estado que contempla el estudio, se evidencia que casi el 50% tenía la posibilidad de teletrabajar. Son las mujeres las que mayoritariamente teletrabajan, una modalidad que permite la conciliación laboral. Las mujeres que teletrabajan suponen casi 50.000, frente a 36.000 hombres. Estos acuden a medidas excepcionales, una fórmula que supone una prestación de servicios presenciales de al menos el 10%. Hasta 9.000 funcionarios tienen el privilegio de desarrollar su labor al menos tres días.
La situación en las administraciones contrasta con la que ofrece el sector privado. En España, de media, solo siete de cada cien trabajadores desempeña sus labores desde casa de forma frecuente todas las semanas. Mientras, otro 7,6% lo hace ocasionalmente Los datos provienen de la estadística del Instituto Nacional de Estadística a través de la última EPA. Teletrabajar en el sector privado en España ya resulta casi excepcional, frente a las cifras que ofrecen los países europeos. Hasta 3,1 millones las personas se acogieron durante 2024 a diferentes fórmulas de trabajo a distancia. Son un cuarto millón más que en 2023.
El debate del teletrabajo
Pese a que existe un intenso debate sobre si el teletrabajo propicia la productividad o no, la consultora Robert Walter incidía recientemente en que el trabajo a distancia está más presente en países de mayor productividad. Los últimos datos de la OCDE muestran que la productividad en España ha caído un 4% desde 2018, mientras que en los países de nuestro entorno ha aumentado.
Otro de los debates es la discrecionalidad en las decisiones sobre el teletrabajo. Hasta ahora, no existe una normativa que evite la arbitrariedad. Cada ministerio, organismo y departamento decide sobre la presencialidad sin un criterio unánime. Esto provoca que trabajadores con funciones prácticamente idénticas puedan o no poder teletrabajar. Son los responsables quienes deciden qué funcionarios y cuántos días pueden desempeñar sus tareas desde su domicilio. También las diferencias tienen que ver con las comunidades en la que se desarrolla el empleo, incluso dependiendo del mismo organismo.
Arbitrariedades y sin regulación
El diario local La Gaceta de Salamanca incidía recientemente en este aspecto. Así, mientras que en las oficinas del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) de esta provincia castellanoleonesa sus empleados solo tienen derecho a una jornada de trabajo en remoto, «en Madrid el mismo organismo llega a conceder hasta tres». El último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales aprobó el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. Entre otras cosas, esta ley regulará el régimen de teletrabajo, un asunto que parece imprescindible.
El sindicato mayoritario en la Función Pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha exigido al Gobierno el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado. Reclama que esta fórmula sea permanente tras los acuerdos suscritos en 2021. Mientras, el sector privado no tiene normas que lo regulen. Ante esta situación, son pocos los convenios colectivos que lo reglamenten. Pese a todo, hubo un intento en 2020. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acordó con la patronal y sindicatos una norma básica para organizar el teletrabajo, una modalidad no contemplada en el Estatuto de los Trabajadores. La intención, hasta ahora, ha caído en saco roto.