La 'okupación' ilegal de la vivienda ya no es un 'bulo': crece un 34% desde el año 2018
El 80% de los españoles pide medidas rápidas para desalojar las viviendas ocupadas, según las estadísticas
La okupación es un fenómeno creciente en España.
La okupación ilegal de la vivienda en España no es un bulo. Esa es la conclusión a la que llega el último análisis realizado por el Instituto de Estudios Económicos, que preside Íñigo Fernández de Mesa y que dirige el economista Gregorio Izquierdo. En ese estudio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se constata el incremento de denuncias que por este motivo se han ido registrando en España especialmente durante el periodo 2018-2024, con un aumento de hasta el 34,5%.
En la actualidad, los últimos datos acumulan 16.426 denuncias, unas 317 por semana. La okupación ilegal ha experimentado una subida del 7% respecto al año anterior. Un repunte que subraya la persistencia y complejidad del fenómeno en nuestro país, pese a las declaraciones del Gobierno y de buena parte de las formaciones de izquierda, entre ellas Podemos, que niegan esta situación.
Cataluña es, según las estadísticas, la región de España en la que mayor incidencia tiene este fenómeno, con 7.009 denuncias; representa el 43% del total a nivel nacional, seguida de Andalucía, con el 13%.
Las viviendas vacías
El análisis sobre el problema de la okupación ilegal de la vivienda en España también ha sido abordado en relación al número de viviendas vacías que hay en cada comunidad autónoma. Los datos muestran que, una vez más, Cataluña presenta la mayor incidencia, con un índice de okupación de 391, lo que es casi cuatro veces superior al total nacional.
Le sigue la Comunidad de Madrid, con 180, una cifra considerablemente mayor que el promedio. A continuación, comunidades como el País Vasco (148), las Islas Baleares (113) y la Región de Murcia (108) también presentan niveles relativamente altos de okupación en relación con sus viviendas vacías.
Por el contrario, comunidades como Galicia (11), Castilla y León (20) y el Principado de Asturias (23) muestran una baja incidencia de okupación en relación con su stock de viviendas vacías. La okupación ilegal estaría influida por la mayor o menor tensión en el mercado inmobiliario.
La lentitud de la justicia
La lentitud de la justicia es uno de los principales problemas añadidos. Los datos sobre los juicios posesorios por okupación ilegal de viviendas en las diferentes comunidades autónomas así lo revelan. Se pone de manifiesto, señala el think tank que dirige Izquierdo Llanes, «una situación alarmante de lentitud y falta de eficacia en los procesos judiciales y administrativos».
En España, los juicios posesorios por okupación ilegal de viviendas han pasado de solventarse a los 4,9 meses en 2018 a los 12 meses en 2023. Esto supone un incremento de más del 50%, que se extiende a la mayoría de las regiones; los tiempos promedio para la intervención legal han aumentado en los últimos años.
Sin ir más lejos, ahí está el caso de Andalucía. Los datos del Ministerio del Interior señalan que el proceso promedio en esta región en 2023 fue de 13,6 meses, lo que muestra un aumento significativo respecto a años anteriores. La espera era de apenas 4,9 meses en 2018. Pero lo mismo ocurre en comunidades como Murcia, donde se extienden hasta los 14,7 meses, y Castilla-La Mancha, con 15,2 meses, cuando antes se encontraban también sobre los 5 meses. Incluso en grandes regiones como Madrid y Cataluña los tiempos no son mucho mejores, con 11,2 meses y 11,8 meses respectivamente en 2023.
Los desahucios en Cataluña
En cuanto a los desahucios por el impago del alquiler, el informe del IEE destaca una tendencia relativamente estable entre 2013 y 2019, con un promedio de unos 36.000 desahucios anuales en dicho periodo. En el periodo 2020-2024 esta media disminuyó aproximadamente en un tercio, gracias a una serie de medidas como ayudas y moratorias de carácter temporal.
Pero la tendencia de los desahucios sigue teniendo una extraordinaria relevancia en Cataluña, con un alarmante índice de 455 en 2024, casi cinco veces superior al promedio nacional, lo que indica una concentración excesiva de desahucios en esta región.
A pesar de que Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de desahucios, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid también presentan cifras relevantes, con los índices 248, 223 y 170 respectivamente, lo que en conjunto, concluye el Instituto de Estudios Económicos, «subraya una grave crisis de vivienda que persiste sin resolverse adecuadamente a nivel regional».
El 80% de los españoles reclaman medidas
La Plataforma de Afectados por la Ocupación hace hincapié en este informe. Tal y como sostiene el IEE, comparten que el crecimiento de este fenómeno «es el reflejo de la inacción legislativa del Gobierno en esta materia». Ricardo Bravo, portavoz de esta plataforma, refuerza estos argumentos con otra consecuencia palmaria de la inacción: el 30% de los afectados ha decidido no denunciar ante la justicia, debido a su lentitud y a que los tribunales les dan la espalda, porque priman los intereses de los okupas.
Bravo afirma que esta inacción, «unida a los reales decretos antidesahucios aprobados en la pandemia, ha provocado además una forma de okupación que actualmente sufren los afectados, y es la inquiokupación». Lo cierto, subraya el portavoz, y más allá de que el Gobierno silencie este problema y dé la espalda, «es que la estadística ya se hace eco de esta gran preocupación social, porque el 80% de los españoles está de acuerdo con la existencia de medidas rápidas para echar a los okupas».
El fenómeno de la okupación, explica Bravo, ha desencadenado otro más, relativo a la vivienda. Y es el que atañe al mercado del alquiler, ya que «se ha visto golpeado por una grave inseguridad jurídica», «de manera que los propietarios no ponen en alquiler sus viviendas, porque tienen miedo a la inquiokupación, disminuyendo la oferta y aumentando los precios».