Cataluña concentra el 28% de los concursos de acreedores de España pese a la llegada de Illa

Cataluña está lejos de lograr la normalización económica, pese a la aparente tranquilidad institucional que ha llegado a la región con el nuevo Gobierno del Partido Socialista (PSC) presidido por Salvador Illa. Los datos del Colegio de Registradores analizados por THE OBJECTIVE reflejan que una tercera parte de todos los concursos de acreedores que se declararon en España durante el primer trimestre de 2025 se produjeron en esta autonomía. Esto confirma que la seguridad empresarial sigue siendo débil aunque en agosto del año pasado se puso fin a quince años de gobiernos independentistas.

Los datos de los registradores indican que entre enero y marzo de este año -el mismo periodo en el que Banco Sabadell y Criteria Caixa anunciaron la vuelta de su sede a Cataluña- se produjeron en la región 286 declaraciones concursales, lo que supone el 28% de los 1.033 concursos que se solicitaron en España en este periodo. Este fue el dato más alto para una autonomía en el periodo, por encima de la Comunidad de Madrid que registró 183; la Comunidad Valenciana, con 145; y Andalucía, donde se produjeron 97 declaraciones de quiebra.

En términos anuales se produjo una reducción del 5,6% de los concursos en Cataluña (desde los 303 en el primer trimestre de 2024), pero la cifra estuvo por debajo de la caída a nivel nacional, con un retroceso del 7,5% desde los 1.117 del año pasado. A nivel regional, Madrid no experimentó variación, pero el impulso de otras regiones como Valencia (-32%) o Andalucía (-6,7%) fue decisivo para lograr una caída generalizada en el número de declaraciones.

Críticas de Foment

Esto supone que la mejora catalana se explica más por un efecto arrastre que por las políticas económicas de la Generalitat para garantizar la seguridad de las empresas. Fuentes corporativas consultadas por este diario advierten de que -pese a que hay una mayor normalidad jurídica- siguen sin existir las condiciones adecuadas desarrollar negocios. Hay quienes denuncian la asfixia normativa del Govern socialista que está ahogando a las pequeñas y medianas sociedades; a algunas de las cuales no les queda más remedio que declarar el concurso de acreedores.

Hace menos de dos semanas, la patronal empresarial Foment denunció en un comunicado el “infierno fiscal” para las empresas catalanas en un entorno en el que el intervencionismo público sigue manteniéndose (en sectores como la vivienda) y con la burocracia en máximos. Por eso piden reducir la presión fiscal, recortar del 10% al 7% el impuesto de las transmisiones patrimoniales, reducir el de sucesiones hasta un 5% entre parientes cercanos y bajar el tipo mínimo y el máximo del IRPF. En definitiva, un marco fiscal más similar al de la Comunidad de Madrid, que en los últimos cinco años -a partir del procés– se ha convertido en la región con mayor PIB y PIB per cápita.

La prensa catalana ya empieza a hablar de que la luna de miel entre Salvador Illa y los empresarios se ha acabado después de que -tras ocho meses en el cargo- el president no esté cumpliendo su propia hoja de ruta en la que había anunciado que reduciría la tramitación e impulsaría inversiones por 18.500 millones de euros. Todo ello con el objetivo de devolver a Cataluña el protagonismo como motor económico de España.

Concursos en Cataluña

Una declaración concursal, o concurso de acreedores, es una declaración judicial que se dicta cuando una empresa no puede pagar sus deudas y se encuentra en estado de insolvencia. Este proceso legal -conocido anteriormente como cesación de pagos- es el procedimiento previo a la quiebra ya que es una última instancia para garantizar un pago ordenado para los acreedores, buscando soluciones para resolver la situación financiera de la empresa y, en algunos casos, logrando la continuidad del negocio. Por ello algunos economistas consideran que es el mejor termómetro del clima empresarial de una región o país.

Este diario publicó hace una semana que la fuga de empresas de Cataluña no para a pesar del reciente regreso de históricos como Banco Sabadell y Criteria Caixa. Los datos del Colegio de Registradores reflejan que durante los primeros ocho meses de Illa al frente del Govern -entre agosto de 2024 y marzo de 2025- la salida neta sociedades (las que han llegado menos las que se han marchado) ha sido de 187, la mayor de las 17 autonomías y el peor dato en seis años para la región.  Habría que remontarse a marzo de 2019 para encontrar una cifra más elevada, con 314.

Fondos europeos

Por otro lado, THE OBJECTIVE también ha publicado que Cataluña sigue siendo la región de España que más fondos europeos ha recibido durante los más de cuatro años que lleva en funcionamiento el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero la que tiene más problemas para repartirlos. Ha recibido 9.103 millones, de los que 4.096 han sido por transferencias directas y otros 5.007 han sido licitaciones en el territorio de proyectos de los diferentes ministerios, aunque su porcentaje de ejecución es de apenas del 42,2%: a nivel autonómico, uno de los más bajos de toda España.

Son señales que confirman las críticas de Foment -y cada vez de más empresarios en Cataluña- que dudan de la estrategia de Illa para impulsar la economía catalana. Nadie cuestiona que hay normalidad institucional, pero piden dar un paso más allá y aportar señales concretas para hacer más fácil la vida a las empresas de la región e impulsar su competitividad, evitar los concursos de acreedores y convertirse en un polo de atracción de nuevas compañías, tanto nacionales como extranjeras.