Más funcionarios, pluses y asesores: Sánchez desvía 800 millones más para pagar nóminas

Los gastos de personal de la Administración General del Estado (AGE) experimentaron en 2024 un desvío de 809 millones de euros con respecto a la previsión inicial. El aumento del gasto se debió, fundamentalmente, a la contratación de nuevos funcionarios y asesores y a un incremento muy relevante de los incentivos al rendimiento. Otras partidas, como la destinada a altos cargos o al pago de las nóminas del personal laboral, registraron leves descensos.

Los datos que proporciona la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE) analizados por THE OBJECTIVE muestran que los datos vinculados al personal supusieron el pasado año un total de 21.296 millones, frente a los 20.487 previstos. Mientras, los gastos relacionados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) fueron los que tuvieron un incremento porcentual más importante y prácticamente se cuadriplicaron, pasando de 9,7 millones a casi 38.

Según la normativa europea, estas partidas para pagar nóminas deben estar directamente vinculadas a la consecución de los objetivos de las medidas o hitos del plan. La Comisión Europea ha sido muy estricta al considerar como elegibles solo aquellos gastos que contribuyen directamente a la consecución del resultado y que no son sustitutivos de gastos ordinarios. 

Asesores y personal eventual

Otro de los créditos que alcanza récord absoluto es el relativo a los asesores. THE OBJECTIVE ha ido informando del descontrol en el número de asesores -personal eventual- que el pasado enero, según el detalle de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración del Estado, sumaron 1.217. En este recuento se incluyen tanto asesores como personal de confianza nombrado a dedo para cumplir labores mientras que el alto cargo que los designó mantiene su puesto. En este grupo estuvo Koldo García, asesor directo del ministro José Luis Ábalos, y también la mujer del primero, Patricia Úriz, que tenía funciones de secretaria en el ministerio.

Todo este personal, desde ordenanzas a consejeros, pasando por secretarios y directores de Gabinete, ha sido nombrado de manera arbitraria, dejando fuera a funcionarios con años de experiencia y mejor preparados. En este colectivo se incluyó también a una asesora del máximo nivel que tenía como función encargarse de la agenda privada de Begoña Gómez. El año pasado se movilizaron 77 millones -seis millones más del crédito inicial- para las nóminas de este personal, que mayoritariamente no es funcionario. Esta cantidad es un 79% mayor que la desembolsada en 2018 y cada vez es más similar a la destinada a altos cargos.

La otra estadística, que detalla el número de asesores y personal de confianza, facilita otro dato, ya que el recuento es distinto, que proporciona semestralmente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. En este registro, el número cae considerablemente, pero sigue mostrando el desmesurado número de asesores, muy lejos del que tienen los gobiernos francés y alemán. El último dato facilitado muestra que el Gobierno de Pedro Sánchez contaba con 971 asesores de confianza, un 60% más que los que se registraban el año del primer desembarco del socialista en La Moncloa.

Altos cargos y funcionarios

Mientras, el año pasado acabó con 799 altos cargos, 92 más que en el último semestre de 2018, según la secretaria de Estado de Función Pública. A pagar sus sueldos se dedicaron 86,5 millones de euros. Por su parte, la plantilla de funcionarios supuso un gasto de 15.230 millones, 170 millones más que los contemplados en el crédito inicial. De esta cantidad están excluidos los incentivos al rendimiento y las cuotas sociales, dos partidas que se dispararon el año pasado.

Los pluses de productividad pasaron de los 857 millones iniciales a casi 1.200 millones. Estos incentivos son recompensas monetarias dirigidas a premiar a los empleados por su desempeño y resultados, buscando mejorar la eficiencia y productividad. Estos incentivos se pueden basar en objetivos individuales o de equipo, pero en muchas ocasiones se siguen criterios arbitrarios. Por último, el gasto en cuotas y prestaciones sociales superó los 3.860 millones de euros, casi un 8% más de lo previsto.