El Gobierno usará las empresas públicas para gastar fondos UE fuera del plazo de Bruselas

El Gobierno comienza a definir la forma con la que sortear las limitaciones de Bruselas para gastar los fondos europeos Next Generation. En el Ejecutivo son conscientes de que será imposible cumplir con los plazos que establecen que en agosto de 2026 todo el dinero deberá estar adjudicado en alguna convocatoria, por lo que ya trabaja en mecanismos legales para aprovechar estos recursos y evitar tener que devolverlos a la Comisión Europea. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, el plan pasa por hacer a las empresas públicas protagonistas, tanto para gestionar los remanentes como para ser el receptor final de estos recursos.

La clave está en la Adenda del Plan de Recuperación que reparte los 84.000 millones asignados a España en forma de créditos (la mitad de los 164.000 millones asignados), montante que hasta la fecha prácticamente no está en ninguna convocatoria ni tiene demanda entre las empresas y el tejido productivo. Esta herramienta se ha constituido sobre la base de instrumentos financieros que son gestionados por entidades públicas como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que son los que en definitiva deben repartir el dinero.

La idea del Ministerio de Hacienda es que antes de agosto del próximo año todos los créditos de la adenda estén adjudicados a alguno de estos instrumentos. La filosofía de los fondos europeos Next Generation indica que solo se considera gastado el dinero ya pagado y que esté adjudicado a un proyecto concreto ya en marcha, pero en el Ejecutivo creen que consignando el montante en alguna de estas herramientas y firmando algún tipo de compromiso para asegurar el préstamo puede darse por cumplido el objetivo de Bruselas. Ahora solo falta convencer a la Comisión, aunque en el sector se cree que la Unión Europea (UE) podría dar su aprobación para evitar el fracaso del Plan de Recuperación.

Empresas públicas

Esta fórmula permitirá además tener una mayor flexibilidad en el gasto y reasignar partidas y remanentes que queden sin utilizar. Es lo que pasará con los nuevos recursos asignados al recientemente presentado Perte de la Vivienda, al plan de 10.000 millones de rearme u otras necesidades que surjan en los próximos meses. Así se abre la puerta a que una serie de empresas públicas participen en el proceso como adjudicatarios en primera instancia. Actualmente, el principal instrumento utilizado es el ICO, el Fondo de Resiliencia Autonómico (que permite consignar dinero que se enviará a las autonomías), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o Cofides.

A ellas se sumará Sepides que el pasado diciembre se transformó en entidad pública empresarial para impulsar la política industrial. El comunicado oficial del Gobierno indicó que con su creación se fortalecerá el impulso a la industria española y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Impulso 2030. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario indican que su principal objetivo será precisamente ‘sortear’ los plazos de Bruselas gestionando grandes cantidades de recursos como puente antes de que lleguen a la empresa privada.

En este sentido, los recursos no adjudicados del Perte Chip, al Perte VEC y al Perte de descarbonización pasarán por esta nueva compañía que está adscrita al Ministerio de Industria, pero que depende de la SEPI. Con ella se podrá aglutinar recursos sin adjudicar hasta que se les encuentre un destinatario, la misma fórmula que se ha utilizado con la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que gestionará cerca de 20.000 millones de euros provenientes de tres grandes fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Indra y Telefónica

¿Y qué pasa si no hay interés de la empresa privada por asumir estos préstamos? Hasta la fecha no hay demanda de la empresa privada -pese a sus bajos intereses- y eso explica que muchas convocatorias no se estén realizando. Por eso el Gobierno prefiere asignar estos recursos a las propias empresas públicas antes de que se pierdan. En este punto, hay compañías clave como Indra, Telefónica o Red Eléctrica, en las que la participación de la SEPI es mayoritaria y donde estos fondos europeos Next Generation y sus remanentes tendrían buen encaje. Eso sí, siempre que su adjudicación se haga a través de estas sociedades de crédito intermediarias.

En el caso de Indra el objetivo pasa por el plan de rearme. Al menos la mitad son préstamos y tiene casi 2.000 millones de fondos Next Generation, por lo que parece difícil que una buena parte de estos recursos no vayan a parar a la cotizada. En cuanto a la digitalización -uno de los cuatro pilares de los fondos europeos- Telefónica podría ser la receptora de muchos programas que no susciten demasiado interés en el resto de las privadas. Renfe, que hasta la fecha es uno de los grandes receptores, podría seguir teniendo protagonismo, y eso sin contar con recursos que podrían redirigirse a ministerios o administraciones públicas para que realicen proyectos con los que no se necesite contar con el sector privado.

Hasta el 31 de marzo, las diferentes administraciones (central, autonómica y local) todavía siguen sin decidir el destino de 113.513 millones de euros, el 70% del total que le corresponde a España, cuando quedan apenas 17 meses para que expire el plazo para gastarlos. Es más, apenas la mitad de todo el montante disponible está en alguna convocatoria (76.800 millones) y el resto ni siquiera está asignado a un área o proyecto concreto. Y casi su totalidad son créditos.

Fondos sin adjudicar

Por otro lado, la adjudicación de los Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) llega a apenas 15.233 millones de euros, el 37% de todo el dinero comprometido en el Plan de Recuperación para estas partidas. Si consideramos que este era el instrumento elegido para que el dinero llegase a las grandes empresas y al tejido productivo, se puede comprobar que los objetivos están lejos de cumplirse.

Por otro lado, el propio Ministerio de Economía ha reconocido que estas cifras (aportadas por la plataforma Elisa) son meramente orientativas, no están auditadas y no pueden ser consideradas oficiales. Las fuentes consultadas por este diario indican que la cifra de ejecución podría ser incluso mucho menor, ya que hay muchas convocatorias que figuran como adjudicadas, pero no hay ningún proyecto en marcha. Esto pasa porque el dinero ha sido devuelto por el destinatario porque los plazos de ejecución expiraron antes de comenzar a ejecutarlos.

Tampoco está claro el dinero que se ha desembolsado y el que efectivamente se ha gastado, ya que suelen pasar varios meses desde que se resuelve una adjudicación hasta que efectivamente se ejecuta el proyecto. Y es que la herramienta CoFFEE, que debería certificar que los proyectos se ejecuten, solamente es accesible a funcionarios de la administración, y sus datos no son públicos.